Vecinos de la Cañada Real denuncian un vertido de escombros «sin control» junto a sus casas
Unos 500 camiones al día vierten residuos de obras procedentes de todo Madrid, aislando algunas de las casas y causando problemas ambientales
Vecinos de la zona afectada de la Cañada Real, frente al juzgado. | Cedida por CAES
Un grupo de vecinos de un sector de la Cañada Real ha presentado una denuncia contra el comisionado de la Comunidad de Madrid para esta zona, Markel Gorbea, y contra la asociación de empresas de la construcción Amaexco por el vertido de tierra y escombros a diario junto a sus viviendas.
Los habitantes de la llamada «zona sin asfaltar» del sector VI de la Cañada Real han puesto una denuncia porque consideran que se están cometiendo delitos contra la ordenación del territorio, contra el medioambiente y coacciones inmobiliarias «con la complicidad de las autoridades de la Comunidad de Madrid», según explican desde CAES abogados.
Desde hace años, unos 500 camiones al día descargan en esta zona tierra y escombros, una actividad que está afectando seriamente a los vecinos, que denuncian que están aislándolos, cortando caminos y bloqueando sus casas en lo que consideran una coacción para que abandonen sus viviendas.
«Lo que están denunciando es que en los últimos meses sobre todo se ha incrementado y viene acompañada de una serie de presiones para que abandonen sus viviendas, por eso han puesto una denuncia», explica a THE OBJECTIVE Carlos Castillo, uno de los abogados que lleva el caso.
Daños medioambientales por vertidos «fuera de la legalidad»
El primer punto que denuncian los ciudadanos de esta zona es que los vertidos, que se descargan en «un volumen extraordinario que se va expandiendo al margen de la legalidad, sin control ambiental«, están causando una gran contaminación.
Aseguran que no se está controlando el tipo de residuos que llevan los camiones y que estos no solo traen tierra de las obras, sino que también entierran otros materiales, como chatarra, electrodomésticos y uralita, entre otros.
«No se están cumpliendo los permisos administrativos», afirma Castillo, que pide «que se investigue porque, más allá de lo que pueda haber a nivel administrativo, de que se pueda estar cometiendo algún tipo de delito del ámbito económico, entendemos que no se están llevando a cabo con ningún tipo de control ambiental, que se está generando un daño ambiental», añade.
Algo que además puede ser perjudicial para la salud de quienes allí viven. Aunque no lo han incluido en la demanda, la población más vulnerable de la zona está viendo cómo la contaminación afecta a su estado de salud.
Derribos irregulares para vaciar esta zona de la Cañada Real
Además del daño ambiental que pueda producir esta actividad, los vecinos que han denunciado a Amaexco y al Comisionado de Madrid para la Cañada Real aseguran que están siendo presionados para abandonar sus viviendas.
Son residentes históricos de este sector, algunos de ellos llevan allí desde hace cuatro décadas y durante años pagaron su contribución municipal. Sin embargo, la Comunidad de Madrid considera que esos terrenos les pertenecen y declaró las viviendas ilegales y, por tanto, debían ser derribadas.
El problema, explica el abogado, es que se están llevando a cabo derribos de viviendas de manera irregular, «no se está respetando el procedimiento administrativo». Asegura que se está procediendo a derribar casas cuyos propietarios no han recibido notificación o cuyo procedimiento no ha sido cerrado.
Al mismo tiempo, los vertidos de tierra, que van en aumento, están aislando a estos vecinos e impidiéndoles en ocasiones el movimiento o el acceso a servicios básicos. «Por ejemplo, se les ha cortado algunos de los caminos que los conectan con el resto de la ciudad volcando un camión de tierra en el medio, ahora no puede pasar la basura, no pueden pasar los trabajadores del Canal de Isabel II para el agua, los médicos lo tienen muy complicado», explica Castillo.
Por eso, desde CAES abogados consideran que «se está forzando la salida rápida de los residentes históricos de la zona en un atropello continuado de sus derechos que podría ser constitutivo de delitos de coacciones inmobiliarias, pues además con cada expulsión se gana terreno para continuar con el depósito de tierras».
La denuncia, explica Castillo, se interpuso porque a pesar de que «el comisionado ha estado presente en muchos de los derribos y los vecinos le han dicho que no podía llevarlos a cabo, la conducta se ha mantenido».
Preguntados por este periódico, desde Amaexco no han querido hacer comentarios sobre la situación.
El suministro de luz, en el centro de la polémica
La denuncia de los vecinos de la «zona sin asfaltar» llega cuando la situación del suministro de luz a la Cañada Real vuelve a estar en el punto de mira.
La atención se debe a que el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha pedido a España que restablezca de inmediato el suministro eléctrico a los sectores que siguen sin luz y que, en caso de que esto no sea posible, se ofrezcan realojos a los afectados como alternativa.
Las medidas solicitadas a las autoridades españolas llegan después de que varias organizaciones internacionales denunciaran la situación, que comenzó hace ya dos años con los cortes de luz en los sectores V y VI y que ya afecta a unas 7.000 personas al extenderse a los sectores II, III y IV.
El Comité considera que España puede haber incumplido ocho artículos de la Carta Social Europea, algunos de ellos relativos a la protección de la infancia, y le recuerda que aceptó someterse al sistema de reclamaciones colectivas de la Carta Social, aunque es cierto que el organismo no tiene poder para obligar a implementar las medidas que exige.
