Hacienda ocultó una queja que puede arruinar la subasta de su 'joya inmobiliaria' en Madrid

Polémica con la subasta del edificio más valioso del Ministerio de Hacienda en Madrid. El acta de la puja celebrada el pasado 29 de septiembre, en la que Barnaby Investments SL (Grupo Lar) resultó adjudicataria por 204,7 millones de euros del edificio de oficinas que la Dirección de Patrimonio tiene en la calle de María de Molina 50, revela que Hacienda omitió reflejar las alegaciones manifestadas verbalmente por otros licitadores. Entre otras, las del representante de Grupo Whitnei, una socimi que quedó segunda en la subasta y que ha impugnado la subasta por presuntas irregularidades.

El acta de la subasta firmada por la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Madrid,a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, asegura que la puja se dio por concluida «sin que se haya producido incidencia alguna». Sin embargo, desde el Grupo Whitnei afirman a este diario que no entienden cómo las dudas planteadas verbalmente por varios licitadores durante el acto de la subasta no constan en el acta de la misma.

En el acta oficial de la subasta, el Servicio de Patrimonio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Madrid no recoge las reclamaciones al respecto expresadas por distintos licitadores. Se limita a señalar que «durante el desarrollo del acto se observaron algunas incidencias que ya han sido subsanadas». De acuerdo a fuentes de Grupo Whitnei, sin embargo, esa supuesta subsanación consistió en una interpretación verbal de la secretaria de la Mesa de contrataciones quien, contra el criterio de otros licitadores, consideró que la oferta ganadora se ajustaba a los pliegos. Una interpretación que no queda recogida en el acta de la subasta.

Plazos de pago

En concreto, según fuentes de esa compañía, algunos licitadores entendían que la oferta declarada ganadora incumplía los plazos de pago establecidos en los pliegos, a los que también ha tenido acceso este medio. La empresa adjudicataria, Barnaby Investments SL, ofrecía un pago inicial del 25% del precio total ofertado y otros diez pagos anuales aplazados. Es decir, un total de once pagos anuales mientras que el pliego de la subasta, según Grupo Whitnei, permitía el pago aplazado solo si se abonaba un pago inicial no inferior al 25% y «con la condición de que el plazo máximo durante el que deberá completarse la totalidad del precio será de diez años».

Esta discrepancia respecto de los pagos aplazados -que no consta recogida en el acta de la subasta firmada por Hacienda- puede poner en riesgo la puja de un edificio de oficinas que era considerado hasta ahora como la ‘joya inmobiliaria’ del Ministerio que dirige María Jesús Montero. Hacienda ya hizo un primer intento de sacarla a subasta en 2019 que acabó anulado porque ningún licitador estaba dispuesto a asumir una puja de salida que en esta última puja se redujo hasta los 159 millones de euros, un precio de salida un 20% inferior al fijado hace cuatro años.

Finalmente el edificio de oficinas en la calle María de Molina ha sido adjudicado por una cifra muy superior: un total de 204,7 millones de euros. Una subasta que aún no es firme y que ahora queda en riesgo de ser anulada ante la impugnación efectuada por Grupo Whitnei. La socimi que quedó segunda en la licitación, representada por el despacho Next Abogados, ha presentado un escrito de alegaciones contra el resultado de la misma porque considera que la propuesta económica de Barnaby Investments (Grupo Lar) «no se ajusta a las exigencias del Pliego», según avanzó El Independiente y ha podido confirmar este diario.

Impugnación de la subasta

Grupo Whitnei entiende que el Pliego en su cláusula quinta, apartado d), «prevé sin matices que ‘no se admitirán las ofertas que no se ajusten a los modelos descritos en los Anexos‘». Así lo indica la socimi en el escrito presentado para pedir que se inadmita la oferta de Barnaby Investments, S.L. El recurso en vía administrativa no parece ser el único paso al que parece estar dispuesta a llegar la empresa que quedó segunda en la subasta.

Esa firma, según fuentes de la compañía, «ejercerá todas las acciones que en Derecho considere pertinentes, en cualquier jurisdicción, para exigir el cumplimiento de la legalidad y garantizar la igualdad entre todos los licitadores». En el edificio subastado, conocido como complejo Eurocis, flanqueado por las calles Núñez de Balboa, General Oraá y Castelló, el Ministerio de Hacienda ofreció un lote integrado por 94 fincas registrales, que se corresponden con una superficie de oficina de 37.106,70 m2, más dos locales bajo con una superficie 3.308 m2, así como 370 plazas de garaje y 10 trasteros.

Grupo Lar se llevó la puja celebrada el pasado 29 de septiembre, tal y como consta en el acta firmada por Hacienda durante la subasta. Whiteni ofreció 197,5 millones; Dunas Capital, 190,8 millones; Tomaleta Servicios y Gestiones SL, 180,1 millones; Kronos Homes, 176 millones; y Conren Tramway, 165,7 millones.