Marlaska cede y ultima una fórmula para pagar pluses a policías de Cataluña, País Vasco y Baleares

Tras años demandando incentivos en determinadas regiones españolas, policías y guardias civiles parecen estar más cerca que nunca de conseguirlo, aunque con excepciones. El Ministerio del Interior ultima una fórmula con la que poder pagar pluses a plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en destinos como País Vasco, Cataluña, Baleares o el Campo de Gibraltar, según explican fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska a THE OBJECTIVE. Zonas en las que existe un déficit de agentes desde hace años, bien por conflictos políticos o sociales, como es el caso de la comunidad autónoma catalana, o bien por el riesgo que conlleva el trabajo de los agentes, como ocurre en Cádiz en la lucha contra el narcotráfico.

Fue el propio ministro quien este miércoles aseguró en una reunión formal con Jucil, la asociación mayoritaria de guardias civiles, que la declaración de Cataluña como Zona de Especial Singularidad (ZES), se encontraba «muy avanzada», según sostiene esta organización. Así como que su compromiso era «seguir progresando» en el logro de la equiparación salarial real, pero también de medios y condiciones laborales de los guardias civiles y de los policías nacionales con los cuerpos autonómicos.

No obstante, desde Interior las mismas fuentes matizan que efectivamente «el estudio está muy avanzado», pero todavía no se ha tomado una «decisión final». «Cuando se concluya el estudio, tendremos que ver cómo se puede hacer, o si se puede o no. Se está trabajando en un modelo genérico que luego sea aplicable a regiones como Cataluña, País Vasco, Cádiz o Baleares en las que es necesario incentivar la cobertura de plazas», apuntan desde este departamento.

De llevarse a cabo esta medida, Grande-Marlaska daría respuesta a una demanda casi ya histórica en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En Cataluña, según denuncian las asociaciones profesionales, la situación es especialmente delicada desde hace años, pero más aún desde el inició del procès. «Los agentes destinados en esa comunidad malviven debido al rechazo y al abandono que sufren de parte de la sociedad catalana», denuncia Jucil.

Agresiones en Cádiz

Hace menos de un mes, THE OBJECTIVE publicó el caso de la familia de un agente, asentada en Cornellá, que tras 12 años viviendo en la localidad barcelonesa decidió marcharse a vivir a Galicia el pasado verano. El principal motivo fue el bullying que desde hacía meses sufría su hijo, de nueve años, en el colegio por parte de una profesora. A los toques de atención por no hablar en catalán en el patio del recreo —pese a tener un sobresaliente en el idioma—, se había sumado una campaña de acoso por parte de la tutora hacia el niño por la profesión de su padre, policía nacional desde hacía 12 años en Cataluña.

Esta es otra de las consecuencias que denuncian los agentes, la sangría de efectivos. En Cataluña, faltan 3.549 guardias civiles, más de la quinta parte del total previsto, y 371 policías, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior. Por este motivo, solicitan la declaración de Zona de Especial Singularidad a Cataluña y evitar de esta forma el desarraigo y la marcha de los funcionarios de la región.

En el Campo de Gibraltar (Cádiz), la situación es similar pese a que el Gobierno, en este caso, ha puesto en marcha diversas medidas en los últimos años, como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, en 2018. Iniciativas que, en cualquier caso, denuncian Jupol y Jucil, han sido «insuficientes, mostrando graves carencias a la hora de afrontar la crítica situación en la que se encuentra la zona, en cuanto a la problemática del Crimen Organizado y la violencia con la que actúan frente a las FFCCSS».

La realidad es que las agresiones en las intervenciones de Policía Nacional y Guardia Civil no han cesado. Desde el fallecimiento en junio de 2017 de un policía local de La Línea de la Concepción, cuando perseguía contrabandistas de tabaco, han sido continúas las agresiones a los agentes de la autoridad. En 2019, también falleció otro agente del Instituto Armado durante la persecución de un vehículo cargado de hachís en mayo de 2019. Razones por las los agentes exigen a Interior declarar esta región andaluza como Zona de Especial Singularidad y crear una Sección de Unidad de Prevención y Reacción (UPR) con sede en el Campo de Gibraltar.

Dos complementos

Por otro lado, si la medida se hace efectiva en el País Vasco, los agentes de Policía Nacional cobrarían dos incentivos de territorialidad por trabajar en esta comunidad autónoma. 10 años después del fin de la violencia de ETA, más de 5.300 guardias civiles y policías nacionales destinados en el País Vasco y Navarra siguen cobrando un complemento salarial de peligrosidad de 681,98 euros brutos mensuales.

Este incentivo, conocido también como ‘plus anti ETA’, fue instaurado en 1980 por el Gobierno de Adolfo Suárez para incentivar a los agentes desplegados en ambas comunidades autónomas ante la amenaza terrorista y el rechazo de una parte de la sociedad vasca y navarra. Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, 3.508 guardias civiles y 1.839 policías nacionales se benefician de este complemento, único e igual para todos los agentes independientemente de su puesto y rango. Supone un gasto mensual de 3,6 millones de euros y de 43,7 millones al año para el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.