Las víctimas de ETA piden a la Fiscalía que ilegalice Bildu por incluir etarras en sus listas
La asociación Dignidad y Justicia insta a la Fiscalía a que aplique medidas cautelares sobre las listas de la formación vasca por posibles irregularidades
La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua y el diputado de EH Bildu Oskar Matute. | Alberto Ortega (Europa Press)
La decisión de Bildu de incluir a 44 personas condenadas por terrorismo en sus listas para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo podría salirle muy cara. La asociación de víctimas Dignidad y Justicia ha solicitado formalmente a la Fiscalía su ilegalización al considerar que la participación de estos actores en los comicios vulneraría la Ley de Partidos.
En un escrito dirigido al Ministerio Público al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la agrupación de afectados, a través de su presidente, Daniel Portero, pide estudiar no solo la proscripción de la formación política vasca, sino que se adopten medidas cautelares —entre la que se incluiría la paralización de estas listas— contra los candidatos al considerar que también podrían estar vulnerando la Ley Orgánica de 1985 del Régimen Electoral General.
Esta norma recoge que «serán inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal».
En este caso, al haberse cumplido el tiempo de condena de los acusados, lo habitual es que la inhabilitación que acompañaba sus penas por terrorismo haya expirado al haber sido cumplida. Sin embargo, desde la asociación solicitan que, al no poder conocer las liquidaciones practicadas respecto a cada uno de los candidatos por no haber estado personada en los procedimientos, se revise si todos los candidatos han cumplido con esta condición.
Dignidad y Justicia recuerda que existen precedentes de casos previos en los que se ha podido acreditar que sujetos condenados por delitos de terrorismo han concurrido a unos comicios a pesar de no tener cumplida la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Recuerdan los casos de Iker Casanova Alonso —en cuya situación la propia Fiscalía General del Estado, tras solicitar un informe a la Audiencia Nacional, concluyó que al no haberse especificado en su sentencia a qué empleo o cargo afectaba esa pena, la inhabilitación no había podido ser ejecutada— o Arnaldo Otegi —excluido de las listas de EH Bildu en 2016 tras una sentencia de la Audiencia Nacional—.
De demostrarse que alguno de los candidatos no ha cumplido con sus penas de inhabilitación absoluta o especial para el empleo o el cargo público, el escrito recuerda que se estaría incurriendo en un delito de quebrantamiento de condena y que, además, se darían condiciones de inelegibilidad del artículo 6.3 de la Ley Orgánica anteriormente mencionada.
Ilegalizar EH Bildu
El escrito dirigido a la Fiscalía añade la petición de la ilegalización del partido político EH Bildu al considerar que la inclusión de 44 personas condenadas por terrorismo en sus listas electorales podría conducir a un incumplimiento de la Ley de Partidos, aprobada en 2002.
Tal y como ya adelantó THE OBJECTIVE, dicha ley, que regula las condiciones y normas que deben seguir las formaciones políticas que deseen constituirse para formar parte de la vida pública, podría ser esgrimida para la proscripción de la formación nacionalista vasca.
En el artículo 9, punto 3, apartado C de puede leerse lo siguiente: «Se entenderá que en un partido político concurren las circunstancias del apartado anterior [ilegalización de partidos] cuando incluyan regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas».
En este caso, la formación lleva a 44 personas que ya han sido condenadas por estos delitos; además, en algunos casos, estas van a concurrir en los ayuntamientos de las localidades en las que se cometieron estos delitos. La inclusión en las listas electorales de estos candidatos estaría vulnerando la sección de la norma citada con anterioridad, motivo por el que Dignidad y Justicia señala que además de la «humillación y el vilipendio que causa a las víctimas del terrorismo» se está vulnerando la Ley de Partidos en los apartados ya citados, por lo que solicitan la ilegalización del partido filoetarra.
Añaden que en casos como el actual es obligación del Estado de Derecho el ser especialmente cautelosos y escrupulosos con el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos a los candidatos a unos comicios. Considerando los hechos expuestos en la denuncia, la asociación considera que deben practicarse todas las actuaciones y diligencias necesarias para determinar que estas personas no incurren en ninguna falla que pueda provocar la anulación de sus candidaturas y que, en caso de ser así, se adopten los mecanismos de control para su cumplimiento por parte de los demás órganos del Estado encargados de llevarla a efecto y sean anuladas dichas candidaturas.
44 terroristas en las listas
La norma añade el rechazo a los fines y los medios terroristas. Existen casos en la presente lista que demuestran que ese arrepentimiento no es una realidad, ya que, tal y como denuncia Covite, ninguno de los siete asesinos ha pedido disculpas por estos actos.
Un ejemplo es el caso de Ramón Rojo González, asesino de Francisco Gil Mendoza, a quien la banda acusó de tráfico de drogas y de atentar contra la juventud vasca. Junto con Iñaki Rekarte (quien sí se arrepentiría y sería repudiado por el entorno de la banda terrorista), localizaron al joven en la localidad de Irún y tras jugárselo a suertes, le tocó a Rojo descerrajarle un tiro. Hoy concurre por este ayuntamiento.
Los candidatos tampoco han colaborado con la Justicia para esclarecer alguno de los 379 asesinatos no resueltos. Este es el caso de Asier Uribarri y José Manuel García Fernández, candidatos a los consistorios de Maruri y Ciérvana, respectivamente. En 1997 ayudaron a los tres miembros del Comando Donosti que asesinaron al guardia civil José Manuel García Fernández realizando un seguimiento de los pasos y las actividades diarias del agente. Dos de los homicidas murieron posteriormente. El tercero sigue fugado y sobre su paradero no se han pronunciado ninguno de los dos políticos de EH Bildu después de más de 20 años.
El resto de candidatos con delitos de sangre son Agustín Muiños Dias, Tinin, número 6 en la lista a la alcaldía de Legutiano (Álava) y condenado en 1985 a 29 años de prisión por el asesinato en 1983 de José Antonio Julián Bayano; de Begoña Uzkudun Etxenagusia, número 3 en la lista para la alcaldía de Errezil (Guipúzcoa) y condenada en 1989 a 18 años de prisión por el asesinato de José Larrañaga Arenas en 1984.
También está José Antonio Torre Altonaga, Medius, segundo suplente de la lista a la alcaldía de Mungia (Vizcaya) y condenado en 1981 a 20 años de prisión por su colaboración en el asesinato en 1978 de Alberto Negro Viguera y Andrés Guerra Pereda.
