El Gobierno estudia impulsar una reforma de los servicios secretos tal y como pide el PNV
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se inclina por hacer tres cesiones: desclasificar documentos, abrir una comisión de investigación y reformar el CNI
Aitor Esteban, portavo del PNV en el Congreso.
Suelen seguirse con mucha atención las intervenciones del portavoz del PNV, Aitor Esteban, en el Congreso, pero su pregunta a Pedro Sánchez el pasado miércoles en la sesión de control generó inquietud en el Ejecutivo. Sin previo aviso, el socio preferente del Gobierno señaló directamente a Marlaska: «¿Disponen la Policía Nacional o la Guardia Civil del sistema Pegasus?». El presidente Sánchez respondió con un no relativo: «La respuesta es que no y no porque lo haya dicho yo, sino porque así lo ha acreditado el Ministerio del Interior». «Es importante que usted lo diga. Yo, de momento, tomo nota… ya veremos en los próximos meses qué es lo que le pasa… qué es lo que pasa. En cualquier caso, le aconsejo que se asegure bien», respondió con solemnidad el portavoz nacionalista vasco, evidenciando su voluntad de dejar constancia en el diario de sesiones de la declaración del presidente del Gobierno.
En los pasillos del Congreso, fuentes gubernamentales se dividían entre la indignación y la sospecha. «Es una irresponsabilidad especular sobre esto», decían algunos sobre el escándalo del espionaje que arrastra el Ejecutivo desde hace un mes. Otros por contra ponían en razón su intervención: «Esteban no da puntada sin hilo. Sabe algo», deslizaban a THE OBJECTIVE con inquietud.
Un informe oculto
El Gobierno dice no haber recibido información alguna sobre los datos de que dispone el PNV pero fuentes gubernamentales adelantan a THE OBJECTIVE que Moncloa dispone de un informe que acredita que Interior no disponía de Pegasus en ninguna de sus versiones. Otra cosa es que se tratara de otro spyware, como deslizan fuentes de Defensa. En conversación con este diario, desde el departamento que dirige Margarita Robles responden a esta sospecha explicando que «hay muchos tipos de malwares y todos funcionan igual, todos son igual de invasivos», ya sea Pegasus, Galileo u otro tipo, aunque no confirman si tenían constancia de que Marlaska conocía que Policía y Guardia Civil disponían de alguno de ellos.
En Moncloa no ponen la mano en el fuego sobre esta posibilidad habida cuenta de que «se ha acreditado la existencia de cloacas policiales que operaban con impunidad» y no descartan que sigan haciéndolo. La cuestión es si el Gobierno lo conocía y si, incluso, ordenó algunos de esos seguimientos al margen de la actuación del CNI con autorización judicial. Precisamente por este motivo el Ejecutivo de Pedro Sánchez se abre a la creación de una comisión de investigación que descartaron inicialmente, tal y como adelantó THE OBJECTIVE.
Y también por este motivo, el Ejecutivo se abre ahora a una modificación del funcionamiento interno del CNI como ha pedido el PNV en una iniciativa parlamentaria que será calificada próximamente. Fuentes gubernamentales adelantan que «es lógico porque algo en el CNI no ha funcionado correctamente», al no haber sabido detectar el espionaje a varios miembros del Ejecutivo entre los que se encuentra el propio presidente, Pedro Sánchez.
El Defensor del Pueblo prepara el terreno
Algo que pareció anticipar esta semana el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al precipitar su informe de conclusiones sobre la investigación interna elaborada a instancias del Gobierno. Tras cotejar toda la documentación del CNI, el organismo acredita en cinco conclusiones la adecuada y justificada intervención de las comunicaciones de 18 personas, pero añade una llamativa consideración final. Recomienda «abrir una reflexión sobre el control judicial» ya que los 20 años transcurridos desde la Ley 11/2002 del 6 de mayo y la evaluación de las tecnologías en las últimas décadas, sumados a los cambios que están por venir, debe conducir a meditar sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial existentes. No es lo mismo la interceptación de las comunicaciones en 2022 que en 2002, ni significará lo mismo en unos pocos años».
Conclusiones que apuntan a las dos iniciativas registradas por el PNV en los últimos tiempos. La primera, sobre la necesaria reforma de la Ley de Secretos Oficiales en la que el Gobierno trabaja sobre un borrador, según fuentes de Moncloa, si bien los nacionalistas vascos denuncian que «aceptaron esa reforma hace dos años y la metieron en un cajón». Sobre la segunda iniciativa, la reforma del funcionamiento interno del CNI, tendrá que ser calificada e incluida en el orden del día este martes en la reunión de la mesa y la Junta de Portavoces con el apoyo del PSOE apenas 48 horas antes de que el presidente del Gobierno comparezca el próximo jueves 26.
Un pleno monográfico en el que el presidente Pedro Sánchez podría hacer tres anuncios para destensar relaciones con sus socios: desclasificar documentos, manifestar su posición favorable a la comisión de investigación sobre el espionaje y aceptar la iniciativa del PNV para reformular el servicio secreto. Una nueva cesión, a sumar a las ejecutadas con ERC, que supondría cuestionar aún más al CNI, dependiente de Defensa, mientras se espera hasta conocer si Interior tuvo o no implicación en el espionaje, como deslizó Aitor Esteban el pasado miércoles. Una sospecha compartida por Podemos y los independentistas y ante lo que el socio minoritario ya reconoce en privado: «Marlaska tendrá que aclarar en algún momento si conocía los movimientos de las cloacas y qué hizo para limpiarlas».
