La Fiscalía del Tribunal de Cuentas pide investigar a Más Madrid por financiación ilegal
Los magistrados consideran que la formación pudo haber obtenido dinero de forma ilícita
El portavoz de Más País, Íñigo Errejón. | Álex Zea (Europa Press)
Más Madrid podría haber incurrido en un delito de financiación irregular por las «donaciones» que la formación exigía a sus simpatizantes, asesores y vocales vecinos. En un escrito, el presidente del organismo, Manuel Martín-Granizo Santamaría, ha solicitado a la presidenta del Tribunal las documentaciones relativas a «la actividad económica-financiera» del partido de Íñigo Errejón e Isa Serra para someterlos «a control externo».
La información ha sido desvelada por el diario ABC, que señala noticias como las publicadas en THE OBJECTIVE que apuntan directamente a Íñigo Errejón, quien habría recaudado más de medio millón de euros de forma irregular, hechos conocidos tras la denuncia de los diputados díscolos de la formación en el Ayuntamiento de Madrid.
Entre otras cuestiones, los ediles señalan que la máxima autoridad del partido habría exigido el pago de estas cantidades, que aumentaron una vez se constituyó la plataforma a nivel nacional para concurrir a las Elecciones Generales (que se habría hecho a través de una asamblea ficticia) entre un 10% y un 13%.
La multa por estos hechos, señala el citado medio, «se puede sancionar con el doble o hasta cinco veces la cantidad recaudada ilegalmente».
Ruptura del grupo
Aquella cuestión abrió una herida en Más Madrid. La concejal Marta Higuera se negó a que los trabajadores sufragaran dicho gasto, y que de ello se encargaran los cargos electos. Higueras cuestionó internamente la legalidad de pedir dinero a trabajadores, eventuales y vocales. Ese choque acabó en el «hostigamiento» de Higueras, según la versión de los escindidos, que ahora van a elevar la cuestión ante los tribunales.
La cuestión legal atañe a la «liberalidad» de la donación, según el artículo 618 del Código Civil. Es decir, una decisión que no está vinculada a una «obligación», sino que se ejerce libremente y bajo ninguna coacción. La presunta obligatoriedad implícita o explícita (por ejemplo, bajo amenaza de suspensión del cargo) en la orden de la dirección de Más País puede derivar en lo que según los demandantes es posible considerar «financiación ilegal».
