El juez español del Comité de la ONU que falló a favor del procés fue propuesto por Sánchez
Exteriores eligió al magistrado Carlos Gómez para el comité que debía dirimir el contencioso abierto dos años antes por los independentistas contra el Estado
El comité de Derechos Humanos de la ONU que este miércoles falló a favor de los presos del procés al dictaminar que España «violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlamento de Cataluña» al suspenderles de sus funciones públicas antes de que fueran condenados por el Tribunal Supremo tiene como miembro el juez español Carlos Gómez Martínez. El magistrado fue propuesto como miembro del comité por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 2020, dos años después de la denuncia de los independentistas catalanes ante este mismo órgano contra el Estado y en medio del proceso que debía resolver un tema vital para la percepción de la democracia española.
Gómez es magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares y uno de los 18 miembros que forman parte de este comité que se autodefine como «cuasi-judicial», formado por expertos independientes y que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados que lo han ratificado. Sus dictámenes no son vinculantes, pero se considera que deben ser tenidos en cuenta por los Estados firmantes.
El Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó en su momento que la elección de Gómez al Comité de Derechos Humanos formaba parte de una «política activa de promoción de la participación de expertos independientes españoles en los órganos de tratados, como una expresión más del compromiso de España con los mecanismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos». Su elección supuso la primera de un español para ocupar un puesto en este Comité.
El juez, nacido en Madrid, es también miembro de la Asociación de Jueces para la Democracia, según confirman a THE OBJECTIVE desde la propia entidad. La asociación progresista envió recientemente una carta al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para reclamarle que «permita» la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque «es necesaria».
Dos jueces dan la razón a España
El fallo del ente supranacional da la razón a una denuncia presentada en 2018 por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull. El comité subraya que los denunciantes fueron suspendidos tras ser acusados del delito de rebelión (que exige un alzamiento violento) pese a que habían instado a la ciudadanía a mantenerse estrictamente pacífica y a que finalmente fueron condenados en 2019 por sedición, que no implica el uso de violencia.
Dos de los 18 miembros han disentido del fallo que censura la actuación de España. En el informe afirman que la acción de la justicia española fue «razonable y oportuna». El portugués José Santos País, y Wafaa Bassim, de Egipto, señalan que Junqueras y el resto de exonsejeros obraron contra la ley y desoyeron las resoluciones del Tribunal Constitucional: «Sus derechos fueron restringidos porque recurrieron a medios ilegales en lugar de las vías constitucionales disponibles para reformar la Constitución».
Ambos expertos añaden que «el Comité no debe actuar como una cuarta instancia para cuestionar su análisis» y que «no hubo arbitrariedad ni denegación de justicia por parte de los tribunales nacionales, ni se causó un daño irreparable» al exvicepresidente y los tres exconsejeros.
En virtud de la Regla 108 (1) (a) de las Reglas de Procedimiento del Comité, Carlos Gómez no participó técnicamente en el examen de la comunicación. Aun así, fuentes consultadas por THE OBJECTIVE señalan la presencia en este organismo del magistrado y la influencia que puede tener como miembro del comité. El sistema de votación de los jueces, de hecho, establece criterios territoriales y geográficos para su nombramiento. El juez español ha sido nombrado en connivencia con otros países europeos, lo que podía ofrecer una oportunidad a la hora de influir en las deliberaciones finales del Comité.
Cambio de versión ante la ONU
Precisamente, el Comité se hace eco de los argumentos ofrecidos por Junqueras, Romeva, Rull y Turull ante la ONU de que el referéndum del 1-O fue solo para «crear presión hacia el Estado». «(…) el Comité toma nota del argumento de los autores según el cual si la «movilización popular» con el objetivo de crear «presión hacia el Estado» para lograr un cambio constitucional fuera suficiente para una suspensión de los mandatos políticos, los gobiernos estarían en condiciones de vaciar por completo las garantías del Artículo 25», esgrimen en el informe.
En ningún caso, sostienen, el 1-O tuvo como principal objetivo la secesión de Cataluña. Y, en consecuencia, dictaminan que España ha vulnerado el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que estipula que «todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país».
Para elegir a los expertos del Comité cada Estado propone a una persona de su propia nacionalidad para que se presente a las elecciones. Y en una votación secreta, los representantes de los Estados eligen de una lista de candidatos, «teniendo en cuenta la distribución geográfica equitativa, la experiencia jurídica pertinente y una representación equilibrada de género», según aparece en la web de la ONU.
Los miembros son elegidos por un periodo de cuatro años. Las elecciones se celebran o bien para sustituir a los miembros al término de su mandato, o para elegir de nuevos por renuncia o fallecimiento. En el caso de Gómez, su cargo está asegurado hasta 2024.
