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Andreu Jaume

Los enemigos de la república

«En España no hay, en estos momentos, ningún discurso republicano que sea digno de tal nombre»

Opinión
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Los enemigos de la república

El presidente de Chile, Gabriel Boricn y el rey de España, Felipe VI, en la ceremonia de investidura de Gustavo Petro. | Carlos Ortega (EFE)

La reciente y espuria polémica sobre el rey Felipe y la espada de Bolívar en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia ha servido para poner de manifiesto, una vez más, la degradación del presunto republicanismo que defienden muchos políticos de izquierda y que resulta tan embarazoso, insustancial y pueril como las soflamas monárquicas de la derecha más ultramontana. Antes del episodio en Bogotá, ya escuchamos cómo algunos miembros del Gobierno balear declinaban asistir a la recepción oficial ofrecida por los reyes en el palacio de Marivent con argumentos escolares. Iván Sevillano, consejero de Movilidad e Infraestructuras, denunció por ejemplo que «algunos quieran que se rinda pleitesía a un jefe de Estado elegido por fecundación». Por supuesto, nacionalistas de toda laya se han unido al coro para reivindicar con cualquier excusa la pureza de su credo republicano. Carles Puigdemont se apresuró a defender la reliquia de Simón Bolívar frente al agravio de una «monarquía restaurada por Franco». Incluso Arnaldo Otegi aprovechó la ocasión para recordarnos, cómo no, el origen vasco del libertador y reivindicar su figura como símbolo de la consabida «soberanía de los pueblos» que se mantienen en pie frente a un rey sentado. 

Como suele ocurrir, los más vocales en el fervor republicano, además de los nacionalistas, han sido los dirigentes de Podemos. El diputado Pedro Honrubia ha llegado a pedir con finura «una buena guillotina en la historia del estado español, joer», después de referirse al rey como «Felipe el facha». Hace unos meses, una portavoz del partido, María Teresa Pérez, calificó los planes para la jura de la Constitución de la princesa de Asturias como «acto medieval». Y en lo alto de la grada, los padres espirituales de todos ellos, Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, no han dejado de jalear las invectivas, orgullosos de la ínfima calidad intelectual que han contribuido a generar, junto a tantos otros de todo el espectro ideológico, en el debate público de este país. Como se ve, el republicanismo ha terminado siendo una extraña amalgama de pseudoizquierdismo, ultranacionalismo reaccionario, terrorismo reciclado y cursilería sentimental. En España no hay, en estos momentos, ningún discurso republicano que sea digno de tal nombre por la sencilla razón de que todos los políticos que dicen actuar en su defensa no hacen sino menoscabar el espíritu de la modernidad que se liberó bajo el símbolo de la república a partir del siglo XVIII. 

«No se entiende que representantes que se llaman de izquierdas puedan sentirse solidarios de políticos como Puigdemont o Torra»

¿Cómo se compadece, para empezar, el integrismo democrático de los que denuncian el anacronismo de una institución basada en la sucesión con los presuntos derechos ancestrales de territorios como Cataluña, el País Vasco o Mallorca? ¿Por qué le parece medieval a Podemos el acto en que la heredera al trono y futura jefa del Estado se comprometerá a defender la Constitución que garantiza la igualdad frente a la diferencia y que consagra la soberanía nacional en el conjunto de la ciudadanía? La princesa de Asturias jurará la misma Carta Magna que permitiría a las Cortes cambiar incluso la forma de Estado, ya que nuestra Constitución, a diferencia de lo que ocurre en Francia o en Alemania, no tiene ningún título intangible. La Constitución de la República Federal Alemana reconoce una «cláusula de eternidad» (Ewigkeitsklausel) con respecto a su organización territorial, entre otras cosas. La Constitución francesa blinda en su Título XVI la forma republicana de gobierno. Dos repúblicas europeas, muchas veces invocadas entre nosotros como ejemplos con tanta exaltación como ignorancia, reconocen fundamentos sagrados en su legislación que una monarquía parlamentaria como la nuestra no ha admitido. No se entiende por ello que representantes que se llaman de izquierdas puedan sentirse solidarios de políticos como Puigdemont o Torra, que fían su legitimidad en una mítica Generalitat medieval, patente en esa numeración feudal con que aparejan la denominación de su cargo y que no hace sino denigrar, al mismo tiempo, el origen republicano de la institución que representan. Cuando Felipe VI defendió la Constitución aquel 3 de octubre de 2017 no estaba sino cumpliendo con el compromiso que en primer lugar había contraído con la ciudadanía cuando juró la Carta al alcanzar la mayoría de edad en 1986. 

Todo esto nos demuestra que en España no ha habido un verdadero espíritu republicano, en parte debido a la errática e incluso traumática evolución de nuestro país en los años decisivos para la configuración de las democracias modernas en Europa. Como ha denunciado el historiador Juan Francisco Fuentes en un artículo excelente, La republicanización del pasado (El País, 26-11-2021), bajo el señuelo de la república se ha llevado a cabo aquí un proceso de simplificación y manipulación de la historia que ha intentado trazar un corte limpio entre la modernidad del republicanismo y la regresión de la monarquía. Pero ya desde principios del siglo XX, una parte de la izquierda identificó a la república como el nuevo opio del pueblo y símbolo del dominio de la burguesía corrupta. Como recuerda Fuentes, durante el Bienio Negro, muchos socialistas, entre ellos Largo Caballero, llegaron a declarar que el nuevo régimen era de pronto peor que la monarquía de Alfonso XIII y no dudaron en reclamar por ello su abolición. Incluso Manuel Azaña, en La velada de Benicarló (1939), admitió que a la Segunda República le había faltado el consenso que caracterizó a la Restauración. En el fondo, Azaña estaba reconociendo que los factores de integración democrática que hacen posible un Estado moderno van mucho más allá del modelo de su jefatura. 

Lo que llamamos república es un conjunto de reglas y garantías conquistado en la modernidad que permite la administración equitativa del bien común. Ya Cicerón definió la res publica como la res que pertenece al populus, un pueblo que a su vez describió como una sociedad que se sirve de un iuris consensus, de un derecho común. En Sobre la república, el pensador romano consideró que la forma ideal de gobierno era una mezcla entre monarquía, aristocracia y democracia, aunque también advirtió de la degeneración cíclica –anacíclosis– de cada una de esas opciones en tiranía, oligarquía y anarquía, lo que Aristóteles había llamado oclocracia o gobierno de la muchedumbre. La verdad es que en España llevamos construyendo la república democrática moderna, a trancas y barrancas, desde hace unos dos siglos, desde 1812 en adelante, en contra de reyes y gracias a presidentes de la República, pero también con la ayuda de algunos Borbones y el concurso de muchos militares. Tan importante ha sido para ello el reformismo de Cánovas como la audacia de Antonio Maura –del que Ortega ya dijo que había sido tratado con injusticia–, la magnífica labor de los diputados constituyentes de 1931 o la de los protagonistas de la segunda Restauración y la Constitución que trajo consigo. (Como suele decir Juan Pablo Fusi, no se puede estar en la vida pública española sin conocer a fondo a Cánovas, Ortega y Azaña). 

En contra hemos tenido a algunos reyes pero también a republicanos de toda laya que en su día decidieron no acatar la Constitución de 1931, por supuesto a todos los dictadores, pero también a presuntos demócratas que han envenenado el espacio público con la peste de la diferencia nacionalista o el integrismo ideológico. Tan enemigos de la república son los que disculpan los desmanes de Juan Carlos I en nombre de su sacralidad como los que reivindican derechos históricos y de sangre en cualquier autonomía o pretenden privilegiar la tiranía del plebiscito por encima de la ley en el seno de una democracia. Los peores enemigos de la república son aquellos que han reducido su esencia a una burda consigna sentimental que trafica con emociones y que al mismo tiempo pervierte la herencia moral y política de todos los que han mantenido con vida el sueño de Escipión, la alegoría de la vita activa: «Pero para que tú, Africano, estés más decidido en la defensa de la república, ten esto en cuenta: para todos los que hayan conservado la patria, la hayan asistido y aumentado, hay un cierto lugar determinado en el cielo, donde los bienaventurados gozan de la eternidad. Nada hay, de lo que se hace en la tierra, que tenga mayor favor para aquel dios supremo que gobierna el mundo entero que las agrupaciones de hombres unidos por el vínculo del derecho, que son las llamadas ciudades. Los que las ordenan y las conservan salieron de aquí y a este cielo vuelven». 

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