Castillo se enfrenta a la Justicia de Perú y alerta al país de «un complot» contra su Gobierno
El mandatario ha acusado a las instituciones de urdir un «golpe de Estado» contra su Ejecutivo y una persecución política contra él mismo
El presidente de Perú, Pedro Castillo. | Angela Ponce (Reuters)
El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha abierto un periodo de crisis entre las instituciones del Estado tras el mensaje enviado durante la noche del miércoles en el que ha acusado a la Justicia de urdir «un complot» en su contra. Tras conocer la nueva denuncia constitucional de la Fiscalía General en su contra, el mandatario ha acusado al órgano de tratar de derribar a un Gobierno elegido democráticamente.
«Queridos compatriotas, la nación enfrenta momentos difíciles. Graves acusaciones se repiten, tan graves como inconsistentes, como es la denuncia constitucional presentada por la fiscal general de la nación ante el Congreso en mi contra», ha aseverado Castillo en un mensaje en la televisión nacional peruana, acompañado de sus ministros.
El mandatario peruano ha sostenido que la denuncia constitucional presentada por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, es «inconstitucional e ilegal», afirmando que carece de pruebas objetivas.
«Ante esta antidemocrática situación, debo denunciar ante el país y la comunidad internacional que esta práctica de quebrantamiento del orden constitucional y democrático, las fuerzas políticas que sumieron al país en el más grande proceso de corrupción de la historia nacional en los años noventa, son las que ahora impulsan, como en aquella época, una modalidad de un nuevo golpe de Estado en el Perú», ha resaltado Castillo en su mensaje a la nación.
En este sentido, el presidente peruano ha avisado de que la oposición quiere que él se vaya, «sin haber sido ellos elegidos», defendiendo a su vez que su elección como presidente de Perú «significó el acceso al poder de los sectores sociales provincianos y urbano-marginales por primera vez en la historia».
Sin embargo, según Castillo, «los sectores del dinero» y los políticos tradicionales «que siempre medraron de la corrupción, se resisten a aceptar la voluntad popular», motivo por el que estarían recurriendo a todo tipo de medios para ejercer presión a su Ejecutivo.
«Se están instrumentalizando nuevas formas de tortura psicológica con las detenciones preliminares y prisiones preventivas para conseguir acusaciones contra mí y mi Gobierno (…). Yo lo he vivido en carne propia. Mi hija, mi esposa, toda mi familia han sido agredidas», ha agregado Castillo.
«No soy un corrupto y lo repito hasta el final de mis días. Sin embargo, si algunos traicionaron mi confianza, que sea la justicia quien se encargue de ellos», ha afirmado.
Con todo, y a pesar de los intentos de «destruir» al presidente peruano, el jefe de Estado de Perú ha reiterado que continuará en su cargo hasta el próximo 28 de julio de 2026 y que no se irá antes.
Este mensaje tiene lugar una semana después de que la fiscal general peruana presentase ante el Congreso una acusación constitucional contra Castillo inculpándolo de corrupción.
Según la Fiscalía, el presidente de Perú sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Silva, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
Tras esta acusación, Castillo afirmó que está sufriendo una persecución política, a la vez que denunció una «nueva modalidad de golpe de Estado».
Castillo mueve a la OEA
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha programado una sesión extraordinaria para este jueves con el fin de abordar la solicitud del Gobierno peruano para activar la Carta Democrática.
Por este motivo, la OEA ha determinado en un comunicado que considerará «la situación en Perú», después de que el mandatario Pedro Castillo haya pedido ayuda al organismo para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio de poder, alegando que la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía en su contra es «una nueva modalidad de golpe de Estado».
«En los últimos meses vienen ocurriendo en Perú una sucesión de hechos y situaciones, por parte del Poder Legislativo, del Ministerio Público y de otros órganos constitucionales, que, en abierta contradicción con las disposición constitucionales y las normas que regular la separación de poderes, (…) han configurado un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática», ha afirmado Castillo en la petición presentada a la OEA.
