El Gobierno aprueba crear un registro oficial de 'lobbies' y controlar más las puertas giratorias
Crea la primera definición del concepto de grupo de interés y establece un código de conducta en sus relaciones con políticos o funcionarios
Isabel Rodríguez y María Jesús Montero. | Zipi Aragon (EFE)
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, lo que se traduce en un registro oficial de ‘lobbies‘ y un mayor control a las puertas giratorias.
El objetivo del Gobierno con esta ley es «reforzar la democracia con la transparencia y la ejemplaridad», según ha asegurado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha señalado que se sigue así «el camino que comenzó el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero».
Esta nueva norma crea la primera definición del concepto de grupo de interés y establece un código de conducta en sus relaciones con políticos o funcionarios.
De esta manera, se considera actividad de influencia, a los efectos de esta ley, «toda comunicación directa o indirecta» con el personal de la alta Administración realizada «con la finalidad de intervenir en la toma de decisiones públicas o en los procesos de diseño y aplicación de políticas públicas y de elaboración de proyectos normativos, desarrollada en nombre de una entidad o grupo organizado de carácter privado o no gubernamental, en beneficio de sus propios intereses o de intereses de terceros, independientemente del lugar en el que se lleve a cabo y del canal o medio utilizado».
El código de conducta incluye una serie de principios de obligado cumplimiento cuando los grupos de interés tengan que relacionarse con los miembros del Gobierno o altos cargos del sector público estatal. Así, queda prohibido que ofrezcan regalos, favores o servicios en condiciones ventajosas. Tampoco podrán difundir la información confidencial que pudieran conocer en el ejercicio de su actividad o influir de manera ilícita en la toma de decisiones.
Según ha detallado Montero, los conocidos como ‘lobbies’ estarán obligados a formar parte de un registro oficial, que estará disponible en el Portal de Transparencia y en el sitio web de la Oficina de Conflicto de Interés.
En dicho registro, se deberá incluir datos relevantes sobre los grupos, como el domicilio fiscal, las sedes o sus ámbitos de interés, y se deberán recoger las reuniones que se mantienen con el personal público de la Administración General del Estado. «Hablamos de altos cargos o de los funcionarios que participan en el proceso de elaboración de una norma», ha aclarado la ministra.
Endurecer las puertas giratorias
Esta ley busca también endurecer las llamadas puertas giratorias, impidiendo que un alto cargo de la Administración pueda realizar tareas de influencia desde empresas o consultoras de asuntos públicos, según el texto del borrador al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Para ello, los altos cargos salientes deberán esperar un plazo de dos años antes de volver a implicarse en alguna actividad que guarde relación con sus competencias anteriores entre otros asuntos.
«Esta ley va a permitir que nuestro país se equipare en transparencia a las democracias más avanzadas», ha dicho la ministra de hacienda, Maria Jesús Montero, que ha especificado que quedan excluidas de ser consideradas como ‘lobbies’ las propias administraciones públicas y organismos como la ONU o Unicef, así como los partidos políticos o los sindicatos.
