Sánchez aprobará el asalto al TC y la malversación por vía urgente el día del Gordo

La reforma exprés del Código Penal que, de una tacada, consumará el asalto al Tribunal Constitucional, la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación ya tiene fecha. Según adelantan fuentes gubernamentales a THE OBJECTIVE, el Gobierno tiene previsto aprobar la proposición de Ley del PSOE por la vía de urgencia el próximo jueves 22 de diciembre, el día del Gordo de Navidad de la Lotería Nacional. Una fecha en la que el Senado aprobaría esta iniciativa tras su paso previo por la comisión de Justicia la semana que viene, concretamente, el martes 13 de diciembre a las 9:00 horas, según fuentes parlamentarias. 

Si no hay sobresaltos en la tramitación ni enmiendas del PP que prosperen en la cámara alta, la iniciativa seguiría adelante con su vertiginosa tramitación parlamentaria y vería la luz apenas 41 días después de su presentación en el registro del Congreso de la mano de PSOE y Podemos. Un mes y diez días para modificar el Código Penal vía Ley Orgánica a instancias de los grupos parlamentarios, en lugar de la iniciativa gubernamental que habría demorado la reforma unos 9 meses, hasta el final de la legislatura, por la necesidad de solicitar los informes preceptivos a los órganos consultivos (CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal). 

Según fuentes gubernamentales y parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE, el martes 13 de diciembre a las 9:00 horas se reunirá la ponencia de la Comisión de Justicia para aprobar el dictamen de la Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desordenes públicos y contrabando de armas de doble uso. Acto seguido, en la sala Cánovas del Congreso, se reunirá la comisión para dar luz verde al dictamen de la ponencia que será automáticamente remitido a la cámara alta. 

La última semana hábil del periodo de sesiones ordinario del Senado será la que acoja el debate y aprobación de esta polémica iniciativa, con la que el Gobierno aprobará por la puerta de atrás el cambio de la mayoría progresista en el TC y el blanqueamiento del referéndum ilegal del 1-0. El objetivo es el control de la Justicia y el abaratamiento de los delitos que pesan sobre sus socios de legislatura de ERC. Todo ello se consumaría entre los plenos del 21 y 22 de diciembre, el día del Gordo de Navidad. Pan y circo que podría servir de cortina de humo para un Gobierno que, sin embargo, no parece esconderse. 

La celeridad con la que se ha tramitado dicha proposición de Ley radica en la necesidad de que el presidente del Gobierno concluya el curso político habiendo colonizado el Constitucional gracias a un cambio en las mayorías para designar sus miembros. Asimismo habrá cerrado sus compromisos con sus socios republicanos. Ambos logros le servirán para sacar pecho en su balance de fin de año la semana siguiente a la aprobación, la última del año, entre los días 27 y 29 de diciembre. Este es el broche final para un 2022 en el que el Ejecutivo no solo corona el final de la legislatura, sino que siembra las cosecha para la próxima. Según reconoció el presidente Sánchez en los corrillos del Día de la Constitución, su intención es reeditar la coalición con Podemos y la ‘alianza Frankenstein’, tanto si revalida una victoria en las urnas como si pierde pero suma los números necesarios para una mayoría alternativa al PP. 

Control del Poder Judicial

Finalmente el Gobierno opta así por la vía unilateral para acceder al control del Poder Judicial a través de un cambio en las mayorías del Tribunal Constitucional. Como adelantó THE OBJECTIVE, lo hace con una rebaja en las mayorías para la elección de los vocales que se presenta vía enmienda sorpresa, y ahorrándose el engorro de rescatar la reforma dura de la Justicia por la que España fue reprendida por las autoridades comunitarias. No en vano, el ministro firmante de esa iniciativa que congeló el Gobierno tras la advertencia de que el Gobierno seguía la estela de la ultraderecha de Víctor Orban fue Juan Carlos Campo, hoy nombrado por el Consejo de Ministros futuro integrante del TC. 

El Ejecutivo no teme un nuevo varapalo de Bruselas en caso de cumplir el PP su amenaza de elevar la cuestión al dictamen de la Comisión Europea. «Nos hemos cargado de razones», explican en referencia a la reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tramitada el pasado mes de julio en el Congreso para excluir de la paralización de los nombramientos judiciales a los dos magistrados del TC que debían ser nombrados por el Consejo General del Poder Judicial.

Presiones ante los recursos del TC

«Los jueces conservadores han decidido amotinarse contra el Gobierno y sus decisiones legítimas de renovar un mandato caducado e inconstitucional», explican con indignación altos cargos del Gobierno, que no descartan que el CGPJ vuelva a negarse a nombrar a los dos miembros que les corresponde, «volviendo a desobedecer el mandato de la soberanía popular que emana del Congreso. Esto es gravísimo». Restan importancia al hecho crucial de las formas: la aprobación por la vía de urgencia y a través de una enmienda a una Ley Orgánica a una reforma del Código Penal que anunció a principios de legislatura Juan Carlos Campo. «Teníamos que culminar ya el cambio de una mayoría progresista al TC porque había presiones para que resolvieran ya los recursos a leyes como la eutanasia, el matrimonio homosexual o el aborto, bajo mayoría conservadora. Y nosotros no vamos a permitir que ocurriera como en EEUU».

Por ello, ve ahora su recompensa el ministro Campo, que había iniciado los trabajos de elaboración de la reforma del Código penal para rebajar la sedición, y que asimismo congeló esa reforma ad hoc para ERC tras tener que tragar con los indultos que Sánchez había negado aprobar. Campo será miembro de un nuevo Tribunal Constitucional progresista que Sánchez conquista tras una triple cesión: indultos, sedición y malversación.