Montero logra un retoque del ‘sí es sí’ sin valor jurídico: es un «toque de atención a los jueces»
Según fuentes socialistas, se trata de un acuerdo alcanzado anoche entre los dos ministerios implicados, por el que «Igualdad se impone a Justicia»
Irene Montero | Kiko Huesca (EFE)
El retoque técnico prometido por el presidente del Gobierno el pasado martes en el aniversario de la Constitución no tendrá, por ahora, valor jurídico. Según adelantan fuentes socialistas consultadas por THE OBJECTIVE, el ministerio de Irene Montero logró anoche imponer su posición ante la órbita socialista del Gobierno para frustrar un ajuste sobre el cuerpo normativo de la Ley de Libertad Sexual que habían solicitado varias ministras socialistas y había confirmado el propio Pedro Sánchez. En una negociación anoche, en vísperas de la reunión de la ponencia de la comisión de Justicia, el Ministerio de Igualdad se impuso ante el de Justicia de Pilar Llop al pactar una enmienda simbólica a la reforma del Código Penal.
Desde el grupo parlamentario socialista anunciaron este martes que los miembros del Ejecutivo «han incorporado un párrafo en la exposición de motivos de la reforma del Código Penal que facilita la interpretación del derecho transitorio de acuerdo con la jurisprudencia consolidada, para una aplicación correcta de las modificaciones del Código Penal, entre ellas algunas recientemente aprobadas como la Ley de Libertad Sexual». Una modificación, que según confirman fuentes parlamentarias a THE OBJECTIVE, se presentó vía enmienda esta mañana «cinco minutos antes de que se votara el dictamen en comisión y que ha sido aprobada».
El texto, al que ha tenido acceso este diario, transacciona otra enmienda del Grupo Plural, la número 82, que especifica que en las reformas penales, aunque no se establezca un régimen transitorio para las revisiones de condenas, sigue vigente la disposición transitoria quinta del Código Penal de 1995 que estableció que cuando la pena impuesta sea también posible con la reforma no tiene por qué revisarse.
Fuentes parlamentarias aseguran que la enmienda no tiene efectos de reforma de acuerdo a la jurisprudencia del TC, que establece que «los preámbulos de las leyes carecen de valor normativo y no puede ser objeto de un recurso de incosntitucionalidad», salvo en el caso de que «se proyecten en su articulado posterior». Algo que ni el Gobierno y el PSOE no aclaran si harán en el futuro alegando que es algo que está todavía en discusión.
Preguntado desde THE OBJECTIVE por la posibilidad de que esto ocurra, el portavoz parlamentario, Patxi López, evitó aclarar si el Gobierno aprobará un retoque técnico a la ley del sólo sí es sí con efectos reales a través de otra norma, como la Ley de Bienestar Animal según se había barajado, y apeló a esta enmienda como una guía de aplicación a los jueces para que renuncien a hacer una rebaja de las condenas agresores sexuales, como ha ocurrido con 56 casos desde el inicio de aplicación de la Ley.
En palabras de Patxi López, se trata de «un toque de atención a los jueces para decir ‘Oye, no me vayan por ahí’». Un «recordatorio a los tribunales de Justicia de que no hay por qué rebajar las penas» porque el Código Penal «es compatible y no tienen por qué producir las sentencias que se están produciendo. Es esto lo que se pretende». El portavoz parlamentario socialista no contestó a ninguna de las tres preguntas formuladas por los medios de comunicación, entre ellas la de este diario, en el sentido de si esta ‘recomendación’ es compatible con incluir una obligación posterior en otro cuerpo normativo en tramitación en las Cortes.
Fuentes socialistas se limitan a decir que se trata de un acuerdo alcanzado anoche entre Justicia e Igualdad que «el grupo parlamentario ha conocido esta mañana» cuando se ha iniciado la reunión de la ponencia para la reforma del Código Penal en la comisión de Justicia a las 9:00 horas.
Podemos aseguró que no necesitaba «ningún ajuste técnico»
Este cambio en la redacción de la ley fue rechazado recientemente por Unidas Podemos. De hecho, las declaraciones de Jaume Asens y Pablo Echenique, presidente del grupo parlamentario y portavoz de la formación morada, respectivamente, indicando que no era necesario dicho retoque, se produjeron días después de que el Ministerio de Justicia asegurase que las ministras Pilar Llop e Irene Montero estaban en contacto para hacer esa pequeña modificación si lo consideraban oportuno.
En concreto, tanto Asens como Echenique defendieron entonces la calidad de la ley. Asens dejó claro que su grupo no creía que fuese necesario hacer ningún ajuste técnico a la ley porque en el Código Penal seguía estando vigente la disposición transitoria quinta, que establece que cuando la pena impuesta sea también imponible con arreglo a la nueva norma, es decir, entre dentro de la horquilla de penas contemplada, no tiene por qué revisarse.
