El Gobierno acentuará su ataque a los jueces cuando den beneficios a los malversadores

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende emplear el mismo relato que utilizó Podemos para justificar ante sus votantes los efectos de la ley del solo sí es sí cuando la rebaja de la malversación reduzca las penas a algunos condenados por corrupción o anule algunos juicios pendientes. Fuentes del espacio de Unidas Podemos explican que el ataque al Tribunal Constitucional de estos días sirve para afianzar una guerra preventiva contra los jueces, que justificará lo que ocurra con la rebaja de la malversación. El Ejecutivo es consciente de que el pacto con ERC rebajará algunas condenas por corrupción y que también anulará juicios pendientes.

Miembros del Ejecutivo admiten en conversación con THE OBJECTIVE que el acuerdo con ERC para rebajar las penas de malversación tendrá efectos indeseables de cara a la opinión pública cuando los jueces reduzcan algunas condenas. En el Gobierno saben que la operación emprendida para contentar a ERC y permitir a Oriol Junqueras volver a la política activa tendrá un coste electoral.

Tanto en el PSOE como en Unidas Podemos reconocen la dificultad de explicar a sus votantes semejante acuerdo y sus efectos judiciales. Enmarcan dicho problema en la aceptación de las bases. Máxime si finalmente quedan corregidas algunas condenas de juicios muy mediáticos que afectan tanto a miembros del Partido Popular como del PSOE. Prueba de ello es que Podemos ya ha afirmado que se desmarca de dicha reforma, aunque en realidad no impedirá su tramitación en el Parlamento.

Púnica, Kitchen y ERE

Tal y como adelantó este diario, la llamada contrarreforma del Código Penal, según el enfoque gubernamental, afectará probablemente a imputados y condenados por algunos de los últimos escándalos de corrupción. Entre ellos, los casos Púnica, Kitchen y ERE, cuyos implicados podrán verse beneficiados por la enmienda que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha llevado al Congreso la semana pasada, y que queda pendiente del visto bueno del Tribunal Constitucional.

El enfoque del Gobierno para contentar a ERC determinará reducción de penas en los casos en los que no sea posible probar un enriquecimiento personal en los desvíos de gasto público delictivos. Pero en Unidas Podemos saben que si se repite el mismo esquema de la ley del solo sí es sí, con condenados por agresiones sexuales que han salido de la cárcel o han visto reducida su pena, el coste político y electoral será notable.

El equipo de Irene Montero se negó tras las primeras correcciones de condenas a asumir errores en el texto normativo. Sus dirigentes apuntaron a una interpretación equivocada de la norma y a una presunta politización de los magistrados de España. «Fachas con togas» y «golpistas con togas» han sido algunos de los lemas esgrimidos para exculpar a la ministra Irene Montero de lo ocurrido con su ley estrella.

«Todos los jueces son fachas»

Ese mismo término se empleó el pasado lunes para sortear un dictamen negativo del Constitucional al paquete de enmiendas presentado la semana pasada. Podemos llegó a acusar al Constitucional de estar llevando adelante un «golpe blando», llevado a cabo por «aparato de la derecha judicial». Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, ha pedido que intervenga la Unión Europea para señalar la presunta «falta de imparcialidad» de dos jueces con mandato caducado.

«Asens está en su salsa», resumen desde las filas moradas. La clave para Podemos es ampliar la acusación de una derechización del cuerpo judicial más allá del Tribunal Constitucional. «No se trata de que haya unos jueces fachas con mandato caducado, sino que todos los jueces son fachas», deslizan desde la formación.

«Cargar las tintas contra el TC»

Ahora, no obstante, es todo el Gobierno de Sánchez el que copia ese formato y narrativa para preparar la defensa de la rebaja de la malversación. Según las fuentes consultadas, la actual polémica con el Tribunal Constitucional por el recurso presentado por el PP sobre las enmiendas del pasado viernes servirá de trampolín para inculpar a los jueces si se reducen penas a los condenados por corrupción.

Las fuentes consultadas hablan de «operación» dirigida a «cargar las tintas con el Constitucional» para después justificar lo que ocurra con la malversación. El argumento de que dos magistrados del Constitucional tienen el cargo caducado es algo parecido a una excusa para defender la tesis de que toda la magistratura está controlada por el Partido Popular y que la rebaja de penas de la malversación será el resultado de decisiones más políticas que técnicas. Estas fuentes admiten que el Ejecutivo es consciente de que habrá correcciones a la baja de algunas condenas, e incluso algunas «anulaciones».