PP y Vox creen que Batet incumplió las normas del Congreso al criticar al TC por su cuenta
El PP denuncia la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados de personarse ante el TC perjudicando a los diputados de su grupo
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet. | Jesús Hellín (EP)
Los hechos se produjeron el pasado lunes, al filo de la medianoche. Los servicios de prensa del Congreso anunciaban la comparecencia de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para una declaración institucional. La intervención, tras la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de amparo del PP y aceptar las medidas cautelares que obligaban a paralizar la reforma de la Justicia que vota este jueves el Senado, estaba coordinada desde el palacio de La Moncloa. Así lo evidencia la cascada solemne de pronunciamientos desde la propia residencia presidencial, el Congreso y el Senado. Primero, Meritxell Batet; acto seguido, el presidente de la cámara alta, Ander Gil, y en último lugar, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, desde el complejo gubernamental. Los tres con el mismo mensaje de acatamiento de la decisión judicial que revistieron de la gravedad pertinente por suponer la «suspensión de la potestad legislativa».
El debate político en torno a la intervención de la tercera institución del Estado, la presidenta del Congreso, se produjo este martes a puerta cerrada en la reunión de la Mesa, donde los representantes de PP y Vox reprocharon a Meritxell Batet el incumplimiento del artículo 32 del Reglamento de la cámara baja. En este último, más allá de las diferentes reglas sobre las funciones de representación de la Cámara y la ordenación de los debates, se establece en su punto dos que «cuando se propusiera dictar una resolución de carácter general, deberá mediar el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces».
Este fue el objeto de la queja de los representantes de PP y Vox en el órgano rector de la Cámara, alegando que su declaración institucional «no tiene cabida porque tiene que contar con la Mesa del Congreso», que no fue convocada ni avisada en ningún momento por Batet. Una queja que ha caído en saco roto porque ni Ana Pastor ni Ignacio Gil Lázaro, representantes de PP y Vox, fueron respondidos por los representantes de la presidencia de la cámara baja, pese a que éstos alegaron el precedente del diputado de Podemos Alberto Rodríguez. Entonces, cuando el presidente de la sala penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, solicitó a Batet la retirada del escaño del parlamentario, Batet sí convocó a la Mesa para hacer partícipe a la cámara del conflicto institucional entre la cámara y el alto tribunal.
La reunión del órgano rector del Congreso se tradujo en un debate «bastante feo», según fuentes parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE, por el documento que se encontraron encima de la mesa al principio de la reunión. Junto a la copia de la comunicación del auto del Tribunal Constitucional enviado a la presidenta del Congreso, los representantes de la Mesa encontraron en sus puestos el informe de los letrados anunciando la personación del Congreso. El texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, aparece sin firma de los servicios jurídicos de la cámara, «en blanco».
Enfado con la personación del Congreso
Las fuentes consultadas atribuyen esta ausencia de firma del letrado mayor, Carlos Gutiérrez, a que se ha recibido esta misma mañana, habida cuenta de que la decisión del TC se produjo con nocturnidad y no dio tiempo a incluirlo en el índice rojo, el orden del día de la Mesa del Congreso. Pese a ello, la oposición se quejó de que se decida personar al Congreso en el procedimiento, «en representación y defensa de la Cámara» con un supuesto ‘acuerdo’ que no se produjo y sin consulta previa a la representante del PP, partido que ha presentado el recurso de amparo que ha motivado la paralización de la reforma.
La vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, se quejó ante la presidencia, dejando constancia de que votaba en contra porque «la personación va en contra de los intereses del recurso del recurso del grupo popular». Una protesta que no provocó reacción alguna en la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. En su lugar, el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, le reprochó que «está en rebeldía frente al Tribunal Constitucional», porque se negaba a respaldar la actuación conjunta. Esta es una afirmación que rechazó el letrado mayor tras ser interpelado por la vicepresidenta segunda.
Se trata de un nuevo debate bronco que se produce después de que la semana pasada la Mesa y la Junta de Portavoces rechazaran poner por escrito el criterio de los letrados en contra de la admisión a trámite de las dos enmiendas de nombramientos del Poder Judicial a la reforma del Código Penal. Un escrito que no se realizó por la decisión de Meritxell Batet, según adelantó THE OBJECTIVE la semana pasada, pese a que la letrada de la comisión de Justicia, Isabel Revuelta, había expresado su oposición a la inclusión de enmiendas «no homogéneas con el cuerpo normativo» y contrarias a la doctrina previa del Constitucional.
