Ciudadanos pone trabas a Bal para acceder a las polémicas encuestas de la refundación
El partido solo deja a su ‘número dos’ poder acceder a los datos de forma presencial y sin hacer ninguna copia de la información
Inés Arrimadas y Edmundo Bal en el Congreso de los Diputados. | EFE
La dirección de Ciudadanos ha puesto trabas a la candidatura de Edmundo Bal para acceder a los polémicos resultados de la encuesta que elaboró el equipo de refundación dirigido por Begoña Villacís y Guillermo Díaz. La secretaria general, Marina Bravo, solo ha accedido a que el candidato a sucederle en la lista de Bal, Santiago Saura, coteje los datos de forma presencial en la sede del partido sin poder utilizar «ningún dispositivo para la copia, almacenado o filmado de esta información», según un correo electrónico del Comité de Garantías dirigido a las tres candidaturas en liza al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
«En relación a la información del proceso de la refundación que desde alguna de las candidaturas se ha solicitado, hemos convenido con la Secretaría General del partido que los candidatos a secretario general (nº 1) podrán pedir cita con la Secretaría General para consultar presencialmente esta información. No está autorizado el uso de ningún dispositivo para la copia, almacenado o filmado de esta información», se indica en el citado email enviado el pasado 3 de enero.
Bal: los afiliados «tienen derecho» a conocer la encuesta
El contenido de este mensaje ha enfadado al equipo de Bal ya que, según fuentes de la candidatura consultadas por este periódico, Saura solo podría leer los datos de dichos cuestionarios que sí que están al alcance de varios miembros de la candidatura oficialista afín a Inés Arrimadas ya que buena parte del llamado G-8 que integró el equipo de la refundación se ha sumado a la lista de Adrián Vázquez y Patricia Guasp.
El equipo de Bal considera, además, que los afiliados «tienen derecho» a conocer los resultados de los polémicos cuestionarios antes de votar en las primarias del miércoles y jueves. Unos comicios para elegir la dirección del partido que precederán a la celebración de la VI Asamblea General de los próximos 14 y 15 de enero en Madrid.
De las encuestas solo se conocen algunos datos parciales desvelados por El País a principios de diciembre. El resultado más llamativo fue que sólo un 5% de los consultados -unos 2.000 afiliados según explicó la dirección de Arrimadas- apoyó el modelo de bicefalia del PNV con el que Díaz justificó en noviembre que hubiese dos cargos -portavoz nacional y secretario general- con los que dejar atrás el presidencialismo o cesarismo de las etapas de Albert Rivera e Inés Arrimadas.
Así, a la pregunta «En España y en Europa hay distintos modelos de partidos, ¿cuál piensas que es más idóneo para la nueva etapa?«, la militancia de Cs respondió de la siguiente manera: un 42% se identificó con «un liderazgo y una dirección nacionales fuertes, refrendados por la militancia en primarias, del que emanen las decisiones que se defienden por igual en todos los territorios»; un 53% optó por que «la autoridad se reparta entre la dirección nacional, principalmente, pero también los territorios»; y un 5% por «un modelo del estilo PNV, donde la dirección del partido es la que elige el liderazgo y toma las decisiones orgánicas y estratégicas, entre las que está la elección del candidato sin primarias».
Ese punto de la encuesta fue el que dividió al Comité Ejecutivo de Cs en su tensa reunión de más de cinco horas de finales de noviembre, en la que la dirección nacional quedó dividida por la mitad cuando se votó crear una bicefalia similar a la del PNV o mantener un sistema presidencialista parecido al actual.
Ante esa situación de bloqueo, la Ejecutiva naranja ha decidido por consenso que los afiliados elijan dos figuras: un portavoz nacional y un secretario general. El primero se encargaría de la dirección política del partido, mientras que el segundo llevaría la parte orgánica y no podría tener otro cargo público, aunque esto último se pretende enmendar en el congreso para que Vázquez y Saura puedan seguir en sus puestos en el Parlamento Europeo y el Ayuntamiento de Madrid si salen elegidos.
Ambos cargos estarán sometidos a un nuevo órgano que se llamará Comité Nacional, integrado por el actual Comité Permanente más sus miembros natos, del que además se acordó incrementar el número de personas respecto a la propuesta estatutaria inicial. También se decidió mantener en 125 el número de miembros del Consejo General, después de que el borrador de la ponencia política propusiese rebajarlo a 75.
