El PNV, última esperanza de las prostitutas: pide estudiar su situación antes de la 'ley de trata'
Las trabajadoras sexuales piden al Congreso que apruebe la propuesta del PNV para «conocer a fondo y en detalle» la realidad de la prostitución en España
El diputado del PNV, Aitor Esteban, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, el 13 de diciembre de 2022. | Europa Press
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) se ha convertido en la última esperanza de las prostitutas, que denuncian como la ley de trata que impulsa el Gobierno de España, y que tiene como objetivo abolir su actividad profesional, les abocará a la clandestinidad y disparará la criminalidad contra ellas. Ante la amenaza de que la norma se apruebe en las próximas semanas, los jeltzales llevan este miércoles al Congreso de los Diputados una propuesta para que se cree una subcomisión de investigación que arroje «datos reales y verificables» sobre el servicio sexual retribuido. Una reivindicación monolítica de las trabajadoras sexuales.
Los nacionalistas vascos quieren que la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja elabore un informe que posteriormente se remita al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, con el objetivo de que «legislen en consecuencia». El portavoz de Igualdad del PNV en el Congreso de los Diputados, Joseba Agirretxea, ha defendido siempre la necesidad de que se haga «un diagnóstico veraz dando voz a las personas prostitutas, a personas prostituidas, asociaciones de toda índole, expertos y expertas en la materia y poderes públicos, situando a las mujeres en el centro del debate».
«Una cuestión que genera tan amplio debate social y que se encuentra jurídicamente indefinida no puede ser respondida desde el Legislativo con una respuesta exclusivamente punitiva», ha sostenido públicamente Agirretxea. Y es que para el PNV el estudio del fenómeno de la prostitución a través de un proceso de escucha y la obtención de datos a través de una subcomisión es «la mejor manera de dar la respuesta más objetiva y acertada posible a cuestiones tan complejas».
Justo eso es lo que llevan pidiendo meses las trabajadoras sexuales, por cuanto el Ejecutivo, en su empeño abolicionista, ha deslizado cifras inexactas o desactualizadas. Por ejemplo, que un 90-95% del número de mujeres prostituidas son víctimas de trata o de explotación sexual; un dato que se extrae del Plan integral contra la trata de 2015-2018, pero que ha sido posteriormente refutado por académicas como Carmen Meneses o Mariona Llobet, que reducen ese porcentaje al 10-12%.
Por lo expuesto, la Plataforma de Personas Afectadas por la Abolición de la Prostitución ha enviado este lunes un comunicado recordando a los distintos grupos políticos que componen el Hemiciclo que «existe un principio básico en democracia: escuchar a las personas que se pueden ver afectadas por las leyes, conocer su ámbito de trabajo y las condiciones en las que desarrollan sus actividades profesionales». En este sentido, la plataforma considera que la subcomisión «puede ser una gran oportunidad para conocer a fondo y en detalle el ámbito de las trabajadoras sexuales, su situación, sus reclamaciones, y sus derechos».
Las fuentes de la plataforma consultadas por THE OBJECTIVE adelantan que tanto Ciudadanos como los partidos separatistas catalanes, a quienes les une su apuesta por la regularización del trabajo sexual, apoyarán la propuesta del PNV, aunque admiten no tenerlas todas consigo con Partido Popular y Vox: «En ambos partidos hay un poco de todo, pero en el PP tienen miedo a enfrentarse al sector más feminista del partido». No esperan el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, por cuanto «son quienes se han dedicado sistemáticamente a criminalizar a nuestro sector con falsedades».
Susana Pastor, portavoz de la Asociación Trabajo Sexual (ASTRAS), considera que la subcomisión debe hacerse porque «es mentira que el 90% de las trabajadoras sexuales estén siendo explotadas» y porque «la abolición será una desgracia para las mujeres del sector». «Se ha demostrado que en los países abolicionistas no está funcionando: están aumentando las mafias y las agresiones», lamenta Pastor, que pide «libertad» para ejercer la prostitución: «Las trabajadoras sexuales somos libres, estamos empoderadas y felices de hacer lo que queremos cuando queremos».
Las prostitutas, desesperadas
Las prostitutas están desesperadas. Sus advertencias no han sido escuchadas por el Gobierno de España, que se ha negado a reunirse con el sector afectado. Ante esta negativa, las trabajadoras sexuales han solicitado una audiencia a la reina Letizia, y han amenazado con hacer públicos los nombres de aquellos representantes públicos que requieren con asiduidad de sus servicios. También han remitido una misiva a cada uno de los diputados que pueblan el Congreso, pero no han recibido respuesta.
Ante la inminente aprobación de la ley de trata, la subcomisión de investigación que plantea el Partido Nacionalista Vasco es su último recurso para que ser escuchadas, y en la sede de la soberanía nacional. «Estamos muy agradecidas al PNV por escucharnos, por estar pendiente de nosotras y por querer investigar si sería bueno o no sacar la ley, cosa que otros partidos no hicieron», denuncia Susana Pastor, que adelanta que está dispuesta a recurrir a la Comisión Europea si la norma sale adelante.
La ‘ley de trata’
La norma socialista para abolir la prostitución modifica el artículo 187 del Código Penal para «castigar de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación». Esto es, prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución. Esta medida no ha generado quejas del gremio.
Pero la polémica estriba en que también se castigará la tercería locativa. Es decir, que se penalizará al que destine de manera habitual y con ánimo de lucro un local para que se practique la prostitución con entre dos y cuatro años de prisión. También se castigará a los puteros. Los clientes o consumidores de sexo pagado serán multados de 12 a 24 meses, una pena que aumentará en caso de que la prostituta sea menor de edad. Es por eso por lo que se habla de abolición: nadie podrá pagar por sexo.
Si el Congreso finalmente aprueba la abolición de la prostitución y no se estudia al sector, las prostitutas de ASTRAS darán los nombres de aquellos diputados que son clientes. El escándalo estará entonces servido. Y es que, según adelantan, hay «puteros» dentro «de todos los partidos políticos abolicionistas» (PSOE, PP y Unidas Podemos). «Yo de algunos votaría a favor de la propuesta del PNV…», zanjan.
