Puigdemont quiere volver a ser eurodiputado y calcula que su caso se resolverá en 2024
Su defensa niega categóricamente los cálculos del Gobierno de Pedro Sánchez de un eventual regreso a España antes de las elecciones generales
Carles Puigdemont, eurodiputado de Junts. | Europa Press
Carles Puigdemont trabaja para volver a presentarse a las elecciones en el Parlamento Europeo de mayo de 2024 para mantener su actual condición de eurodiputado. El equipo jurídico del expresidente fugado a Bélgica está convencido de que su caso está lejos de resolverse en los tribunales, y niegan categóricamente los cálculos del Gobierno de Pedro Sánchez de que Puigdemont regrese antes de las elecciones generales.
Fuentes de Junts per Catalunya consultadas por THE OBJECTIVE explican que el ahora eurodiputado solo está dispuesto a volver a España si el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), con sede en Luxemburgo, mantiene su inmunidad y puede desplazarse libremente «por los 27 países de la Unión», incluyendo «el Estado español».
En paralelo, la defensa del expresidente catalán cree que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del pasado martes 31 de enero, deja margen para que Bélgica no entregue al exconsejero de Cultura Lluís Puig ni, en un futuro, al resto de dirigentes de Junts fugados de la justicia española. Y que, en consecuencia, el horizonte judicial está lejos de despejarse, en contra de lo que abogan las autoridades españolas.
‘Doctrina Junqueras’
El equipo jurídico de Puigdemont trabaja en varias hipótesis. E incluso en el escenario más negativo para los intereses de su defendido -que sería que el TGUE retire su inmunidad-, consideran que los plazos de la Justicia no coinciden con los de la política ni con los del Gobierno de España.
Puigdemont concurrió como candidato a las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 en España y resultó elegido eurodiputado. Y, de acuerdo con la llamada doctrina Junqueras, desde su defensa están convencidos de que podría concurrir de nuevo en 2024. La resolución C-502/19 del TJUE, de diciembre de 2029, relativa a la situación procesal de Oriol Junqueras, propició que se pudiese tramitar el acta de parlamentario de Puigdemont en enero de 2020.
Esa sentencia estipulaba que la inmunidad de los diputados electos en la Cámara europea se adquiere en el momento de ser elegidos. Sin necesidad de desplazarse a España para firmar el acta.
Recurso de casación
La próxima fase de este periplo judicial es que el TGUE analice la demanda presentada por Puigdemont en 2021 contra las decisiones adoptadas por la Eurocámara, con las que aceptó el suplicatorio cursado por el instructor del procés, Pablo Llarena, suspendiendo así la inmunidad de Puigdemont.
En el caso en que la Justicia comunitaria dicte sentencia a favor de retirar la inmunidad de Puigdemont, su defensa tiene derecho a presentar un recurso de casación, que tardaría entre ocho y diez meses en resolverse. En este tiempo, según las fuentes consultadas por este periódico, el exmandatario catalán mantendría su inmunidad de la misma manera que la goza en la actualidad de forma cautelar.
Empezar de cero en Bélgica
Este recurso alargaría el caso hasta diciembre de 2023. Una vez en esas fechas, y ateniéndose a estos cálculos más pesimistas para los intereses de Puigdemont, se llegaría a un procedimiento de entrega en Bélgica con las condiciones que estableció el TJUE la semana pasada de que Bélgica no podía denegar la Orden Europea de Detención y Entrega -euroorden- por los motivos en los que lo hizo.
A diferencia de Lluís Puig, que tiene sentencia en firme pero no goza de inmunidad al no ser europarlamentario, Puigdemont debería someterse a la Justicia belga en primera instancia. Este es un proceso judicial que, como mínimo, podría extenderse durante dos meses. La defensa del dirigente de Junts tiene la potestad de apelar ante una decisión favorable a entregarle a España, que tendría una duración de entre cuatro y seis meses, lo que situaría el calendario judicial en julio o agosto de 2024. Y contra esta decisión también quedaría un recurso de casación en Bélgica, que llevaría la resolución del caso hasta diciembre de 2024.
Elecciones europeas
El nuevo concepto de «grupo de personas objetivamente identificables» acuñado por el TJUE y el hecho de que en la propia sentencia se hagan eco de que el Tribunal Supremo sea el órgano de primera y última instancia en juzgar sobre un asunto penal se ha recibido por parte de Puigdemont y su defensa como un espaldarazo a sus tesis de que España aplica otro criterio -discriminatorio, a su juicio- a la hora de juzgar a los independentistas.
Existen dos supuestos en los que el mecanismo de confianza mutua que es la euroorden se puede paralizar y denegar la petición de la entrega de las personas reclamadas: la falta de competencia del órgano jurisdiccional del Estado emisor y el riesgo real a que las personas que se entreguen no reciban un juicio justo o vean vulnerados sus derechos fundamentales.
El abogado que capitanea la defensa de Puigdemont, Gonzalo Boye, no ha dudado en recordar en sus redes sociales un auto del Supremo de 2020 en el que el Alto Tribunal reconoce que no existe ninguna norma europea o española que atribuya expresamente al Supremo el conocimiento de las causas contra europarlamentarios.
Con todo, el objetivo ahora es dilatar el máximo los plazos y trabajar en blindar jurídicamente a Puigdemont para poder concurrir de nuevo como candidato al Parlamento Europeo. Su argumento es que la justicia europea es garantista, y si Puigdemont no tiene sentencia condenatoria, se mantendrán sus derechos de participación política.
