La jefa de misión de los fondos UE preguntó a Calviño por la rebaja de la malversación
Monika Hohlmeier solo obtuvo por respuesta una explicación sobre el sistema antifraude español, aunque no sobre por qué bajan las penas por este delito
La presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que visita España, Mónika Hohlmeier. | Ministerio de Economía
La reforma del delito de malversación con el objetivo de rebajar las penas para quienes destinan el dinero público a otro fin que el previsto inicialmente ha cogido por sorpresa a los propios ciudadanos españoles y, ahora, a las autoridades europeas. La jefa de la misión del Parlamento Europeo que trata de analizar en qué invierte España el dinero de los fondos europeos cuestionó a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el porqué de esta medida.
Tal y como revela el diario El Mundo, la alemana Monika Hohlmeier trasladó esta cuestión a la vicepresidenta del Gobierno en el encuentro mantenido en la sede del Ministerio, donde de forma directa planteó su duda: «¿Por qué rebaja España el delito de malversación?».
En su respuesta, Calviño apostó por eludir la cuestión y condujo la pregunta por otros derroteros, según desvela el citado medio. En su defensa, la ministra defendió que España cuenta con unos fuertes sistemas antifraude que evitarían que el dinero público fuera destinado a otros lugares, aunque esta pregunta desvela los recelos que surgen desde Bruselas con los planes del Ejecutivo, en especial tras haberse aprobado el tercer pago de 6.000 millones de euros de los fondos para España.
La reforma del delito de malversación ha sido una de las medidas más polémicas aprobadas por el Ejecutivo. Emprendida de la noche a la mañana y sin haber sido un punto central del programa electoral de los socialistas, la necesidad de sumar los apoyos del nacionalismo empujó a tramitar en el Congreso esta medida impopular que rebaja las condenas para los cargos públicos que destinen el dinero de todos para otro fin que el previsto inicialmente —algo que, en el caso de los líderes del ‘procés’, podría haber incurrido en la despenalización de sus delitos, aunque finalmente no se produjo al interpretarse como «malversación agravada» los hechos acontecidos en 2017—.
Un encuentro difícil para el Gobierno
La visita de control del grupo de eurodiputados no será sencilla para el Gobierno. A los problemas para explicar las reformas del Código Penal se suma el malestar de las comunidades autónomas con el desembolso y gestión de los fondos europeos, en especial por la opacidad del Ejecutivo central a la hora de destinar y explicar hacia dónde se dirigen los pagos y qué proyectos son los beneficiados.
De estos problemas y de la falta de cogobernanza existente hablaron los consejeros de Economía de Madrid y Andalucía, Javier Fernández-Lasquetty y Carolina España, quienes negaron ante los eurodiputados que el Gobierno estuviera contando con las autonomías para los programas de inversiones, algo que poco tiempo antes había asegurado la ministra Calviño.
Especialmente duro fue Lasquetty, quien defendió, según el citado medio, que «en general todas las comunidades autónomas no hemos sido tenidos en cuenta en el diseño del plan del Gobierno ni hemos participado tampoco ni en los Pertes ni en su seguimiento».
Hohlmeier trasmitió estas quejas y este malestar de los gobernantes autonómicos a la vicepresidenta Calviño, quien negó los hechos de nuevo.
También tuvieron espacio en la queja los empresarios. La CEOE, representada por el secretario general, José Alberto González, y el jefe de la Oficina de proyectos europeos, Luis Socías, reprochó que todavía no estuviera plenamente operativo el sistema informático para el control y seguimiento de los fondos, algo complejo de explicar, pues esta era una condición exigida por la Comisión Europea para el desembolso desde diciembre de 2021.
