Podemos pide al Cabildo de Tenerife vetar un debate sobre la 'ley trans' y el deporte femenino
La formación ‘morada’, secundada por asociaciones LGTBI afines, denuncia que el III Congreso Estatal Mujeres y Deporte cuenta con ponentes «tránsfobas»
La ministra de Igualdad, Irene Montero (1i), en la inauguración del Encuentro Internacional Feminista. | Europa Press
Nuevo intento de censura por parte del transactivismo en las Islas Canarias. El pasado mes de octubre, el Cabildo de Gran Canaria, ante las presiones recibidas, canceló el III Congreso Estatal Mujeres y Deporte. Este, entonces, pasó a manos del Cabildo de Tenerife, que ahora está siendo coaccionado por Unidas Podemos y sus asociaciones LGTBI afines para que evite de nuevo su celebración alegando que las ponentes son sospechosas de «transfobia».
La mesa que ha desatado la polémica aborda «la inclusión de personas trans en categorías femeninas» el próximo 3 de marzo. La componen Marta Antunez, miembro del equipo técnico de Redimyd desde Argentina, Laura Redondo, psicóloga forense y feminista de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, Fiona McAnena, consultora internacional, Tasia Aránguez, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada e Izaro Antxia, mujer trans y jugadora de fútbol sala.
El impulsor del boicot es Sergio Siverio, activista de la asociación Diversas LGTBI y coordinador local de Podemos; junto a él, David Carballo, portavoz del grupo insular, que ha denunciado «la participación de personas tránsfobas en ese evento»; un evento que «no se puede financiar con dinero de todos los tinerfeños y tinerfeñas espacios donde se denigra y se maltrata verbalmente a las mujeres trans».
«Desde la asociación Diversas LGTBI se ha difundido el bulo de que se va a difundir ‘transfobia’, y que las ponentes hacemos discursos de odio, lo que han secundado, creyéndolo, otras asociaciones y activistas», lamenta Irene Aguiar en conversación con THE OBJECTIVE. La abogada experta en derecho deportivo estaba programada para participar en la ponencia, pero al final no estará «por motivos laborales».
Su ausencia es llamativa si se tiene en cuenta que Siverio ha utilizado mensajes e intervenciones para tratar de forzar al Cabildo tinerfeño a suspender el acto. Aguiar es conocida por defender públicamente que los hombres tienen distintas capacidades que se traducen en una «ventaja física» en el deporte, y que «los sentimientos, la autopercepción de género, no alteran esa realidad biológica, que permanece».
Con estas pinceladas de por dónde puede oscilar el discurso de las feministas que participan en el congreso, el colectivo Diversas LGTBI se ha apresurado a pedir al Cabildo de Tenerife que «adopte medidas cautelares frente al daño inminente por discriminación hacia el colectivo», en aplicación de la Ley Trans e Intersex de Canarias. La directora de la Consejería de Educación y Juventud, Isabel Bello, ha respondido que «en España no se pueden prohibir debates», ya que «no hay temas tabú ni limitaciones a la discrepancia» remitiéndose al artículo 20.1 de la Carta Magna.
La «mordaza» trans
Las asociaciones feministas llevan tiempo denunciando que la ley trans supondrá una «mordaza» que amparará en lo sucesivo este tipo de vetos, por cuanto recoge un nuevo régimen sancionador en materia de infracciones por expresiones tránsfobas. En concreto, prevé multas de 200 a 2.000 euros por «utilizar o emitir expresiones vejatorias» contra las personas trans (sin tipificarlas).
La redacción de la norma –artículo 75.4 g)– también podría suponer sanciones de hasta 150.000 euros a aquellos que no dejen entrar en un vestuario de mujeres a un hombre que se ha cambiado el sexo registral, pero que no ha transicionado. Un transgénero. Y es que la ley recoge que no hace falta hormonarse para cambiar el sexo del DNI: basta con «la libre declaración de la persona sentida».
Todas estas sanciones competerán al Ministerio de Igualdad, a través de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI que dirige Boti García, cuando no superen los 100.000 euros. En ese caso, será competente el Consejo de Ministros.
Y todo esto teniendo en cuenta que se ha invertido la carga de la prueba, y que en lo sucesivo será el demandado quien tendrá que demostrar en vía administrativa su inocencia. En este sentido, el artículo 61 consigna que «cuando la parte actora o la persona interesada alegue discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad».
Paula Fraga, jurista y feminista que integra la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, denuncia que «la inversión de la carga de la prueba obliga a quien emita un comentario a demostrar que no lo hizo movido por odio, lo que supone una prueba imposible o probatio diabolica». La norma también vulnera, en su opinión, el principio non bis in idem, «al retomar asuntos no considerados ilícitos por los tribunales para valorarlos nuevamente por vía administrativa y sancionarlos».
