Los que se declaren como parte del colectivo LGTBI tendrán un trato prioritario en el SEPE
Al no poder acreditarse este estado a través de un documento público, Trabajo espera que «la buena fe» de los solicitantes vaya por delante
Una de las oficinas de la Sepe. | Ricardo Rubio (Europa Press)
Las personas que se declaren como parte del colectivo LGTBI en España tendrán un trato prioritario en las políticas de empleo de el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como parte de una discriminación positiva emprendida por parte del Ministerio de Trabajo, en manos de Yolanda Díaz, que considera que de esta forma se revertirán las trabas que encuentran las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales en el mercado laboral.
Tal y como adelanta el diario El Español, la disposición ya se encuentra en vigor y prioriza la búsqueda de empleo para las personas que se declaren como parte del colectivo.
Sin embargo, existe una complicación, pues no existe forma de acreditar a través de un documento que alguien apoye o sea miembro de cualquiera de estos grupos. Ningún documento público puede acreditar la orientación sexual de cualquier ciudadano al ser una información relativa a la esfera privada. Es por ello que la SEPE tendrá que confiar en «la buena voluntad» de los solicitantes una vez que presenten estos argumentos ante los funcionarios.
Discriminación laboral LGTBI
La medida se basa en los estudios que aseguran que las personas del colectivo sufren una discriminación laboral por su condición sexual. Una encuesta de UGT compartida por el citado medio recuerda que el 90% ha considerado un inconveniente su orientación sexual a la hora de encontrar empleo. Además, existen los problemas para acceder a un trabajo en el caso de las personas transexuales, de las que el 80% se encuentran en el paro.
Este último colectivo forma parte de los grupos vulnerables dentro de la nueva Ley de Empleo, que le permiten acceder a condiciones y atenciones prioritarias en las oficinas de trabajo (donde también se encuentran las mujeres víctimas de la violencia de género, los drogodependientes o los trabajadores en reestructuración).
Esto implica que se aplicarán «itinerarios individuales y personalizados de empleo que combinen las diferentes medidas y políticas, debidamente ordenadas y ajustadas al perfil profesional de las personas pertenecientes a colectivos de atención prioritaria».
