Revilla defiende que la delegada del Gobierno «no le advirtió, sino comunicó» sobre el registro
La oposición señala que Ainoa Quiñones comunicó al presidente regional la operación que se iba a producir en Obras Públicas
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. | Europa Press
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha defendido la actuación de la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, frente a las críticas de algunos partidos de la oposición (PP, Cs y Vox) por haberle comunicado el registro que se iba a producir en la Consejería de Obras Públicas el 22 de febrero.
Revilla ha advertido a la oposición que si pretenden vincular al Gobierno regional o al PRC en el caso de corrupción de las carreteras «se equivoca» y «tocan hueso». «Este Gobierno no tiene a nadie imputado por nada, este Gobierno jamás ha cometido un delito. Podemos ir con la cabeza alta», ha afirmado un Revilla «con la conciencia tranquila» durante su comparecencia en el Parlamento de Cantabria para hablar de esta causa, en la que ha vuelto a asegurar que el sumario se centra «exclusivamente» en el jefe de Carreteras, el funcionario Miguel Ángel Díez, y no implica a ningún político, y en las empresas.
También ha vuelto a defender la limpieza en este asunto de Gochicoa, presente en el que será su último Pleno, afirmando que «no es ningún corrupto» y justificando el hecho que acepte su dimisión en que «los controles han fallado» y en el «listón tan alto» que tiene el PRC en cuanto a la corrupción.
Revilla ha explicado que Quiñones le llamó «aproximadamente sobre las 7.30 horas» de ese mismo día –no ha precisado la hora exacta, aunque en otras ocasiones afirmó que eran las 7.20– para comunicarle que se está haciendo una investigación en la Consejería de Obras Públicas» y estaban a las puertas de la sede Policía de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y miembros de la Agencia Tributaria para entrar «porque al parecer hay un caso de corrupción» y había ya «por lo menos un detenido».
Revilla ha explicado que, a continuación, él llamó tres veces, sin éxito, al consejero pero no pudo localizarle hasta las 8.15. De hecho, según ha detallado, fue la esposa del presidente la que llamó a la mujer de Gochicoa para informarle que su marido estaba tratando de localizarle.
El presidente ha opinado que «la delegada del Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer» al informarle porque se iba a «allanar su casa» –una consejería del Gobierno de Cantabria– y ha aclarado que ésta «no le advirtió», sino que «le comunicó» de lo que estaba ocurriendo y cree que «era su deber».
Frente a ello, Cs se ha reiterado en un anuncio que pondrá en conocimiento de la Fiscalía «la posible comisión de un delito» y se «ha podido alterar el curso de una investigación judicial sobre corrupción» que estaba bajo secreto de sumario.
Así, ha pedido conocer que Revilla y la delegada del Gobierno aporten su historial de llamadas entrantes y salientes para ver las horas.
Además, ha solicitado la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la ministra de Política, Isabel Rodríguez, y de la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones.
También el PP considera que «no es una cosa accesoria» el tema de la hora de la llamada de Quiñones a Revilla porque, a su juicio, «no es lo mismo» que ésta se produjera a las 7.20 para avisarle de que se iba a producir el registro, que esta llamada fuera a las 7.45 para informarle de que la operación ya se estaba produciendo. «Uno de los dos –Revilla o Quiñones– no dice la verdad», ha dicho el portavoz popular, Íñigo Fernández.
El portavoz del PP ha señalado que «cree» que es la delegada del Gobierno «la que tiene la razón» en alusión a la versión que ésta ha aportado esta mañana, en la que ha explicado que llamó a Revilla a las 7.43 cuando la Consejería estaba «totalmente custodiada desde hacía mucho tiempo por la Policía Nacional», con lo que no le anticipó la intervención policial.
Pese a todo, cree que esta cuestión merece aclaración y ha pedido a Revilla «que diga la verdad».
Por su parte, Vox ha anunciado que se va a personar como acusación popular en esta causa para «ayudar» a la sociedad de Cantabria qué ha pasado porque la ciudadanía «no se merece un Gobierno corrupto».
