Corrupción en Cantabria: dimite el consejero de Obras Públicas por la trama de las carreteras

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha anunciado hoy que ha aceptado la dimisión del consejero de Obras Públicas, el también regionalista José Luis Gochicoa, por la supuesta trama de contrataciones irregulares en el Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas.

Además, el director general de Carreteras, Manuel del Jesus, ha presentado su dimisión a Gochicoa, que la ha aceptado.

Revilla ha dicho que no le queda «más remedio» que aceptar la dimisión de Gochicoa, que «no ha tenido absolutamente nada que ver» en la trama, pero lo cierto es que «los controles» sobre el funcionario implicado «han fallado».

El presidente ha reiterado que pone «las dos manos en el fuego» por el consejero porque en este asunto está «limpio absolutamente» y que es consciente de que «posiblemente» está cometiendo «una injusticia». Aunque «los controles han fallado», ha insistido.

Revilla ha realizado este anuncio en la rueda de prensa que ha convocado este viernes sobre la instrucción judicial de los contratos de carreteras, tras anunciar en los últimos días que antes del fin de semana se dirigiría a los medios de comunicación para «hacer un análisis y anunciar las medidas que como presidente puedo aportar» ante este caso de corrupción.

Prisión para el jefe del Servicio de Carreteras

Hace pocos días, la jueza Mercedes Compostizo ordenó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de Miguel Ángel Díez, jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas del Gobierno de Cantabria, según indicó la Cadena SER y tal y como informó THE OBJECTIVE.

El auto ponía de manifiesto la trama que el alto funcionario presuntamente dirigía desde la Consejería Obras Públicas. Él era quien coordinaba a las empresas involucradas para que estas se repartiesen los diferentes lotes del contrato más importante que adjudica periódicamente el Servicio de Carreteras: el de conservación y mantenimiento.

La investigación desarrollada por la Policía y la Agencia Tributaria ha permitido comprobar cómo el Jefe de Servicio estaba repartiendo, entre al menos dos de las empresas implicadas, los lotes del contrato de conservación que deben licitarse y adjudicarse este año 2023.

Según señala el auto, las cuentas del alto funcionario registraron un volumen de entrada de casi 3 millones de euros en 2022, a pesar de tener un salario bruto de 69.160 euros anuales.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander acusa al jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas de cinco delitos: Cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental. Por cada uno de los tres primeros el acusado podría enfrentarse a penas de 6 años de prisión.

La Cadena SER accedió a los fundamentos jurídicos por los que Mercedes Compostizo envió a prisión al funcionario que presuntamente dirigía esta trama desde hace como mínimo 10 años.

Empresas implicadas

En el auto se explica cómo favorecía este jefe de Servicio a las empresas implicadas, que son La Encina, Cannor Obras y Servicios (perteneciente también al grupo La Encina), Rucecan y Api Movilidad.

Miguel Ángel Díez presuntamente lo controlaba todo, de ahí que en una de las conversaciones intervenidas, uno de los empresarios parece referirse a él como «el capitán». Coordinaba a los licitadores de tal forma que estos se repartían los distintos lotes de una determinada licitación. Lo hacían siendo competitivos únicamente en uno de los lotes y comprometiéndose a que en caso de que su empresa acabase ganando uno de los lotes que no le correspondían según lo pactado, renunciaba al mismo.

El jefe del Servicio ponía en contacto a las diferentes empresas y las animaba a que llegaran a un acuerdo, y no solamente en el reparto de los lotes, sino también en la compra de material entre ellos. Él mismo mostraba a una empresa su preferencia por que comprase material a otra de las empresas implicadas, a cambio de que está última no pelease por ese lote.

La jueza también refleja cómo este funcionario maniobraba, por ejemplo, para modificar precios con posterioridad a la asignación de un contrato.

En el auto también se refleja cómo son numerosas las conversaciones telefónicas que corroboran todos los indicios que se recogen en el sumario de esta causa. Conversaciones grabadas gracias a la intervención del teléfono móvil del jefe de Servicio.

¿Qué conseguía el jefe de Servicio?

En 2022, el Jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas ingresó 69.160,76 euroscomo alto funcionario del Gobierno de Cantabria. Aún así, en ese mismo ejercicio tuvo un volumen de entrada en sus cuentas bancarias de casi tres millones de euros, en concreto 2.829.268,30 euros.

Además, figuran una cuenta bancaria abierta en Luxemburgo y operaciones con fondos de inversión a través de Bankinter con un importe total de adquisición y enajenación de más de 772.000 euros.

Los pagos ilícitos de las empresas a este funcionario se realizaban a través de una sociedad familiar denominada Parivara Lagani. Sociedad cuya administradora única es su mujer y en la que figuran como socias las dos hijas del matrimonio. La sociedad tiene como lugar declarado de actividad el domicilio familiar, situado en la Avenida del Stadium de Santander, en el Sardinero.

La esposa del líder de esta trama, Beatríz del Río, estaba contratada por La Encina como asalariada. Cobró entre 2019 y 2022 más de 70.000 euros, pero la Policía ha comprobado que no desempeñó actividad laboral alguna y que, de hecho, ni siquiera acudía a las instalaciones de la empresa.

Entre 2020 y 2022, entraron más de 500.000 euros en la sociedad procedentes de las empresas implicadas. La cantidad se justificaba con la realización de fotocopias, aunque la policía ha comprobado que no ha habido ningún tipo de gasto asociado a dicha actividad: ni compra de maquinaria para hacer las fotocopias, ni alquiler, gastos de personal, suministros o telefonía.

A esta cantidad que las empresas habrían ingresado en la sociedad familiar habría que añadir los 530.000 euros encontrados en una caja fuerte del domicilio familiar y el vehículo de alta gama que usaba el funcionario y cuyo renting corría a cargo de la empresa Api Movilidad.

En su conjunto, el auto de la juez estima en 1.398.930,18 euros los fondos obtenidos de manera ilícita por la familia del jefe de Servicio entre 2019 y 2022.