Un senador de Ciudadanos se moviliza para evitar que prescriban los atentados del 11-M
Las víctimas llevan años solicitando que se pueda seguir investigando los crímenes, un escenario al que la Audiencia Nacional ha abierto la puerta
Los autores intelectuales y económicos del 11-M continúan siendo un misterio dos décadas después. Corre el riesgo de que nunca se conozcan, ya que el delito de terrorismo prescribe el 11 de marzo de 2024, cuando se cumplen 20 años del atentado en el que murieron 193 personas y más de 2.000 resultaron heridas. Miguel Sánchez López, senador por Ciudadanos, ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Alta con la intención de evitarlo. Un escenario que llevan años solicitando las víctimas. No obstante, la Audiencia Nacional ha abierto la puerta a declarar imprescriptibles el 11-M y 198 crímenes de ETA.
Faltaban pocos minutos para las ocho de la mañana cuando tres bombas estallaron en un tren que llegaba a Atocha aquella gélida mañana del 11-M. Otras siete explotaron minutos más tarde en otros convoyes que se dirigían a la estación. El atentado, tres días antes de las elecciones generales de 2004, fue el más grave de la historia de España y el segundo de Europa.
El carácter imprescriptible de los delitos de terrorismo con víctimas mortales data de 2010, cuando se introdujo una reforma en el Código Penal. Sin embargo, esta modificación del artículo 131 no tiene carácter retroactivo, por lo que no se aplica al 11-M ni a otros actos terroristas previos.
Aniversario del 11-M
Sánchez López, senador de Ciudadanos por Murcia, ha registrado este viernes, víspera del aniversario del 11-M, una batería de preguntas en la Cámara Alta con la intención de evitar que prescriban los delitos del atentado. Pregunta al Gobierno qué valoración hace de la situación, si contempla alguna acción para evitar o contribuir a evitar su prescripción y si le consta la existencia de nuevas diligencias judiciales para evitarlo, ya que a partir del próximo año será imposible.
En las últimas semanas, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha mostrado dispuesta a aplicar la doctrina Miguel Ángel Blanco a los atentados yihadistas del 11-M y a 198 crímenes de ETA para que sean declarados imprescriptibles. Esta vía permitiría llevar a juicio a los responsables intelectuales y materiales de esos asesinatos aunque hayan pasado más de 20 años desde su comisión. Un escenario que evitaría que 430 crímenes terroristas perpetrados entre 1990 y 2010 queden impunes como consecuencia de la reforma impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta decisión deriva de un auto que imputa al exjefe etarra Iñaki de Rentería como presunto responsable intelectual del secuestro y asesinato del concejal del PP. La Audiencia Nacional reconocía así la «trascendencia de la cuestión suscitada» por Dignidad y Justicia (DyJ). La asociación de víctimas presidida por Daniel Portero, personada como acusación popular en el caso, sostiene que el Convenio Europeo sobre Imprescriptibilidad y el Convenio Europeo de Derechos Humanos permitirían declarar imprescriptibles todos los atentados terroristas y crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1990 y 2010.
Estos últimos actos son siempre imprescriptibles, da igual cuando se hayan cometido, debido a la adhesión de España a diferentes convenios internacionales. Es lo que pretende conseguir Sánchez López mediante sus preguntas escritas, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En su texto reconoce que la investigación policial y judicial posterior al 11-M, «de enorme complejidad», resultó inconclusa en lo concerniente a la autoría intelectual y la financiación del atentado.
La amenaza terrorista internacional
Como resultado, nunca se pudo «demostrar y condenar a los responsables. Además, algunos de los principales sospechosos tampoco han podido responder ante los tribunales», insiste el senador de Ciudadanos. Sánchez López considera que hoy, como entonces, seguimos expuestos a la amenaza terrorista internacional. Exige evitar que prescriban los atentados del 11-M «por la memoria y dignidad de las miles de víctimas».
Muchas de ellas, reconoce, siguen padeciendo secuelas y graves daños psicológicos dos décadas después. A ese dolor se une «el peso que supone que aún no se conozcan los autores intelectuales del atentado», tal y como denunció la Asociación de Víctimas del 11-M en un reportaje que adelantó este diario. En el vídeo denunciaban la prescripción de los crímenes y pedían que no se cerrara este episodio en falso hasta conocer a los autores intelectuales y materiales del atentado.
«Parece que la sociedad solo se acuerda del 11-M cuando llega marzo, pero las víctimas viven las consecuencias de todo aquello a diario, muy especialmente en nuestro caso por el peso que supone que aún no se conozcan los autores intelectuales del atentando», denuncian desde la asociación. Sus miembros encargaron en 2021 un estudio académico para determinar si los hechos pudieron se calificados como delitos de lesa humanidad. La respuesta fue afirmativa, pero ahora resulta muy difícil cambiar la calificación inicial de terrorismo.
«Si prescriben estos crímenes, la memoria y la dignidad de las víctimas caerá en el olvido», afirmaba Laura García, una de las afectadas que aparecen en la producción. Otro de los participantes, Dori Majali, denunció que «nos han tomado el pelo» porque «el Gobierno no hizo lo que tenía que hacer para detener a estas personas, y no tomó las medidas adecuadas para poder llevar a cabo las investigaciones judiciales y policiales posteriores».