La regulación del alquiler enfrenta al PSOE y sus socios y vuelve a atascar la Ley de Vivienda
El acuerdo sobre la norma está vinculado al desembolso de los 10.000 millones de euros del cuarto pago del fondo anticrisis europeo
Edificios en construcción en Madrid. | Europa Press
La regulación de los alquileres sigue siendo el principal foco de discrepancia entre el PSOE y sus socios parlamentarios en la negociación del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que ya lleva más de un año atascado en el Congreso. Aunque el pasado diciembre los socialistas llegaron a un preacuerdo con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para que la ley estableciera un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos, el Ministerio de Asuntos Económicos sorprendió en la última reunión con la propuesta del 3% el primer año y que después el límite lo determinara un índice de precios por elaborar.
La propuesta fue rechazada por Unidas Podemos, ERC y Bildu, que reivindican el preacuerdo del 3%. En la actualidad, las subidas interanuales se vinculan al Índice de Garantía de la Competitividad, un índice limitado al 2%, según una medida extraordinaria aprobada por decreto hasta el 31 de diciembre de 2023, que los sindicatos de inquilinas presionan para que se introduzca en la ley de manera estructural.
La limitación de rentas en los nuevos contratos de viviendas de zonas tensionadas también sigue siendo un punto de desacuerdo, ya que UP, ERC y Bildu insisten en que el PSOE no garantiza una aplicación útil y sostienen que si la regulación no es efectiva, la ley no cumplirá las expectativas y no será una «buena» ley de vivienda.
Los sindicatos de inquilinas llaman también la atención sobre el debate de quién paga los honorarios de las agencias, ya que si bien se ha acordado que corran a cargo del arrendador, la redacción del artículo contempla la posibilidad de que los pague el inquilino si es él quien contrata el servicio. A su juicio, esto permitiría al propietario comunicar a un inquilino interesado que, si quiere entrar en el piso, tendría que contratar antes los servicios de la inmobiliaria para que lo gestione.
El Sindicato de Inquilinas de Cataluña ha explicado también este lunes que, puesto que los socialistas insisten en permitir subidas del 10% respecto al contrato anterior cuando se hagan mejoras en la vivienda, ellos «ceden», si eso «sirve para llegar incentivar el buen estado de las viviendas, pero siempre que se establezcan criterios estrictos que permitan hacer incrementos proporcionales a la inversión realizada».
Sin una nueva reunión a la vista, las posibilidades de que norma salga adelante esta misma legislatura se reducen. Pero desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana subrayan que «lo importante es que se negocia y se avanza». Además, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado este lunes que confía en «limar» las cuestiones que quedan pendientes para culminar la negociación de la Ley de Vivienda para que pueda entrar en vigor «cuanto antes».
