Los inspectores de Trabajo dan la espalda a Díaz y amenazan con la huelga antes del 28-M
Estos trabajadores llevan casi dos años esperando que el Gobierno cumpla un acuerdo. Han denunciado ante la Comisión Europea su incumplimiento
Yolanda Díaz en un acto en Las Palmas de Gran Canarias. | Europa Press
Los inspectores de Trabajo amenazan con irrumpir en la campaña electoral del 28-M. Desde 2015 una ley obliga a modificar el servicio, pero sigue sin aplicarse. Los profesionales solicitan mejoras salariales, un refuerzo de la plantilla y adecuar la estructura a las nuevas realidades. Llevan casi dos años esperando que el Gobierno cumpla un acuerdo. Incluso han denunciado ante la Comisión Europea. Desde diciembre han realizado tres jornadas de paros y ahora amagan con convocar una huelga indefinida en la semana grande de Yolanda Díaz, a la que acusan de no recibirles. THE OBJECTIVE ha intentado sin éxito conocer la versión del Ministerio de Trabajo.
La plantilla, que depende directamente del departamento de Díaz, cuenta con 3.100 trabajadores, de los que más de 900 son administrativos. El resto se encarga de controlar la actividad de más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. Los sindicatos reclaman más medios humanos porque la carga laboral es excesiva. De hecho, cada inspector español vigila más de 15.000 trabajadores, el triple de los que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los sindicatos lamentan que la última modificación en la relación de puestos de trabajo data de hace más de dos décadas. Los inspectores de Trabajo ya se vieron sobrepasados durante la pandemia, cuando debieron gestionar millones de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para contrarrestar la crisis económica que produjo la covid-19.
Las promesas de Díaz
«No es solo un problema de números, también lo es de estructura. El mercado de trabajo ha cambiado y es necesario modernizarse, adaptarse y cumplir con el cambio normativo», explica Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y la Seguridad Social (SITSS). No obstante, recalca que no se trata en una cuestión exclusiva de este gobierno, sino que viene arrastrándose desde 2015.
Las continuas quejas tuvieron respuesta. El departamento de Díaz y el Ministerio de Hacienda llegaron a un acuerdo con los inspectores de Trabajo en julio de 2021, pero todavía no se ha ejecutado. Incluía un aumento de 500 profesionales, pero los sindicatos consideran que se necesitan, al menos, 1.500. «No se ha hecho nada en este tiempo a pesar del acuerdo y de que el plan estratégico fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2021», se queja Josetxo Gándara, de Comisiones Obreras.
«Yolanda Díaz no ha estado nunca, más allá de una reunión inicial hace dos años. Su estrategia ha sido apropiarse del trabajo de la Inspección. Las palabras no se corresponden con los hechos. Estamos muy decepcionados porque la considerábamos una aliada», insiste Gándara. En su opinión hace falta un aumento de plantilla, pero también una estructura organizativa, soporte informático (ni siquiera existe ese departamento) y «una carrera profesional» porque hay gente que abandona el trabajo «por falta de expectativas».
Una vez apagado el fuego de los letrados de la Administración de la Justicia, con los que llegaron a un acuerdo el martes tras dos meses de paros, el Gobierno se ha encontrado con dos nuevas chinas en el zapato. La primera, la huelga indefinida que han convocado a partir del 17 de abril los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del departamento que dirige Pilar Llop. Pueden que no sean los únicos, ya que los inspectores de Trabajo están valorando hacerlo en mayo.
La amenaza llega en la semana grande de Díaz, que este domingo presenta en Madrid su proyecto político. «Seguro que habla de los falsos autónomos, de las kellys, de la siniestralidad laboral o del Estatuto del Becario, pero si no refuerzas la parte operativa de nada sirven sus palabras. Una catedral no se construye solo con planos», afirma Ercoreca. Pide que «reciba, escuche y recupere el diálogo con la gente de la casa».
La presidenta del Sitss reconoce que han pedido a su jefa varias reuniones por escrito, la última este miércoles, pero «nunca ha contestado». Ese mismo día denunciaron a los ministerios de Trabajo y Hacienda ante la Comisión Europea por incumplir el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al no implementar los cambios con los que se comprometió el Gobierno hace casi dos años y que iban a ejecutarse con cargo a los fondos europeos. Parte de ellos podrían estar en riesgo.
«El deterioro está llegando a unos niveles insostenibles y observamos que todos los responsables políticos miran hacia otro lado y eluden su responsabilidad», subrayaron los sindicatos en una nota conjunta tras presentar la denuncia. Comenzaba así «una segunda fase de este conflicto». Hasta ahora, solo han realizado tres jornadas de huelga, todas ellas de 24 horas: en diciembre, enero y febrero.
