Un grupo de militares denuncia a PP y Vox la «precariedad salarial» que sufren con Robles
Representantes de varias asociaciones se reúnen con portavoces parlamentarios para que sus demandas se recojan en los programas electorales
La ministra de Defensa, Margarita Robles. | A. Pérez Meca (Europa Press)
Las elecciones generales se acercan y los militares quieren que sus reivindicaciones se plasmen en los programas electorales de las diferentes formaciones políticas. Una vez que han constatado que durante esta legislatura han sufrido «un abandono» por parte del Gobierno PSOE-Podemos, y concretamente por la ministra de Defensa, Margarita Robles, han iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para denunciar la situación en la que se encuentran. Hasta ahora, han sido recibidos por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. PSOE y Podemos no han dado «una respuesta positiva» y hasta la fecha no han atendido sus peticiones.
Uno de los principales problemas de las Fuerzas Armadas es la «precariedad salarial» a la que les condena el Gobierno, según coinciden en denunciar a THE OBJECTIVE los dirigentes de tres de las principales asociaciones de militares: Ignacio Unibaso, secretario general de la de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME); Miquel Peñarroya, presidente de la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), y Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME).
Se trata de organizaciones que forman parte del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, un órgano al que ha dejado de asistir la ministra de Defensa, Margarita Robles, y que aseguran que no ha servido para nada, ya que hubo una «comisión de trabajo temporal sobre el tema de retribuciones, dos plenos extraordinarios antes de la creación de esta comisión de trabajo que acabaron en nada y por eso hemos tenido que ir a la calle. Hemos visto que no se ha atendido nuestro problema», señala Peñarroya de Asfaspro. La dejadez es tal que una de las asociaciones, la de tropa y marinería, la ha abandonado y no asiste desde 2021 a las reuniones.
Retribuciones
Desde AUME se reclama la «dignificación» de los sueldos y su secretario general, Ignacio Unibaso, afirma que «cuando hay jornadas establecidas de 1.642 horas como el resto de la función pública, en algunos casos se superan las 3.000 horas anuales, y eso no lleva ningún tipo de plus. Estamos viendo cómo nuestros soldados y marineros, que es el escalón más bajo, están ganando un poco más de mil euros. El Salario Mínimo Interprofesional se ha subido y no ha habido ese incremento para las retribuciones».
El presidente de ATME califica de «auténtica vergüenza» que un soldado y marinero «esté ganando 1.134 euros netos, mientras el Salario Mínimo Interprofesional está ya en 1.080 euros». A su juicio, «aquí hay dinero para todo, menos para la persona que defiende la libertad y la integridad territorial del país y se juega la vida por mandato de los políticos: váyase usted a Afganistán, a Irak, al volcán, a la pandemia, a Filomena…, sin pedir nada, comiendo un bocadillo de bolsa, llevando mantas…», insiste Marco Antonio Gómez.
El presidente de la tropa y marinería recuerda que se filtró un borrador «con una subida de retribuciones que no fue tan real porque perdimos dinero. Nos vendió una subida económica cuando lo que realmente hubo fue una bajada encubierta de los complementos de dedicación especial, que es donde el ministerio puede meter mano sin dar explicaciones. Si te subo 89 euros y te quito 79 euros del complemento… Es muy bonito decir que he subido el salario pero es mentira. Este complemento es oscuro y subjetivo».
Asfaspro señala que «el militar está en la cola del empleo público. No se paga en relación a nuestra formación y nuestro desempeño, estamos muy mal pagados, con mucha diferencia». Miquel Peñarroya insiste en que en el año 2021 tuvimos un aumento de salario, o mejor dicho, una tomadura de pelo. Que a una persona le aumenten 26 euros no salimos de pobres, fue un maquillaje. Hay que tener en cuenta que en 2018, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados hizo un dictamen sobre un informe elaborado por el Observatorio de la Vida Militar sobre retribuciones militares y ponía de manifiesto que estábamos en una situación grave».
El colectivo de suboficiales pide la «equiparación» con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. «En tres años, de 2018 a 2021, a la policía y a la Guardia Civil le han subido entre 500 y 800 euros al mes. Ellos ya estaban mejor que nosotros en el 2018 y a las Fuerzas Armadas nos han subido entre 26 y 76 euros en 2021. Es de risa», afirma Peñarroya. «En los últimos Presupuestos Generales del Estado el capítulo del Ministerio de Defensa ha aumentado en muchos miles de millones de euros y sabiendo lo mal que estamos, de ese aumento, si tenemos en cuenta el aumento del personal funcionario, para disminuir la diferencia de salarios entre los militares y el resto, no ha dedicado ni un euro para eliminar esa fractura económica», insiste el máximo representante de este colectivo.
Movilidad geográfica
Otra de las cuestiones que preocupa a los militares es la movilidad geográfica, ya que no hay una retribución económica que la justifique. «Es la profesión que más la sufre, porque cada ascenso en la carrera implica un cambio de domicilio, pero no hay compensación. Dan solo un complemento para tres años que no compensa el alquiler, el transporte», denuncia Asfaspro. Este complemento se fija en entre 100 y 400 euros, dependiendo de la provincia.
AUME califica de «desastre» el problema de la movilidad geográfica, que incluso está provocando «la renuncia a los ascensos porque si hubiera unas retribuciones aceptables cambiar de destino no supondría tanto perjuicio para el militar. Al no haber medidas de apoyo amplias para esta movilidad, la gente renuncia a su progresión en la carrera. Ha habido renuncias de tenientes coroneles y coroneles». Las promesas han caído en saco roto: «Cospedal prometió una ley integral de movilidad, Robles volvió a prometerla, pero nada», señala Unibaso.
ATME considera una «miseria» lo «que nos dan durante tres años, ciento y pico, doscientos euros, y después viene Hacienda y como hemos tenido dos pagadores, te da el repaso. La movilidad es inexistente, solo hay que ver que la gente no quiere ascender, no solo a nivel de tropa. Incluso el Jeme tuvo que decirle a los tenientes coroneles que tomasen el mando de unidades, porque eso conlleva ascender y un desplazamiento familiar».
Promoción interna
La tercera cuestión que le plantearon a los grupos parlamentarios fue la promoción interna. Asfaspro afirma que «es testimonial, nos ponen todos los palos en la rueda que han podido. En la Armada hace más de seis años que ningún suboficial pasa a oficial. Estamos peor que cuando Franco. Sacan plazas, pero realmente no son atractivas, porque si un suboficial que ha pasado sus años de academia tiene que empezar de cero y no le valoran la enseñanza previa y la experiencia, que son las dos patas fundamentales en las que se basa el plan Bolonia, qué adaptación a Bolonia hemos hecho».
AUME señala que «por los límites de edad lo teníamos coartado. Las asociaciones hemos reclamado que no puede ser que en la Función Pública cualquier persona tenga derecho a progresar y nosotros lo tenemos limitado a edades muy bajas. El año pasado, en uno de los plenos del consejo de personal, hubo una propuesta en este sentido. Nos la deniegan, y nuestra sorpresa es que a los 10 o 15 días el Ministerio de Defensa dice que cambia las normas y no hay límite de edad».
Por su parte, ATME coincide en que la promoción interna «está enfocada a los mandos que quieren progresar, pero la escala de tropa nos quedamos en el empleo de cabo mayor. Somos los únicos que estamos por concurso oposición. Siempre nos están examinando. Los suboficiales van ascendiendo por año, cada ocho años, al empleo superior. Hay un tapón enorme y la gente no quiere ascender».
Finalmente, las tres asociaciones han hecho llegar sus quejas a los grupos parlamentarios que les han recibido sobre otros aspectos, como la ley de la carrera militar y la ley de tropa y marinería, reclamando una única «ley integral» y la necesidad de reformar la ley de derechos y deberes.
