El Gobierno pagará 500 millones a Defensa por las viviendas de Sánchez... que estarán en 2025
Moncloa admite que la construcción terminará la próxima legislatura y sólo podrán entregar las de la Sareb antes de las generales.
Pilar Llop, Margarita Robles, María Jesús Montero y Fernando Grande-Marlaska, este miércoles en el Congreso. | Flickr PSOE
El Gobierno admite que el reciente anuncio del presidente Pedro Sánchez de construir 20.000 viviendas de alquiler social en suelos de Defensa responde más a una operación electoral que a un bien tangible que disfrutarán los españoles en el corto/medio plazo. La razón es que la última de las medidas anunciadas en el marco de la tómbola inmobiliaria de 183.000 viviendas de alquiler público y social no será una realidad antes de las elecciones municipales de mayo, y tampoco antes de las generales de diciembre, sino que habrá que esperar hasta la siguiente legislatura. Fuentes del Ejecutivo consultadas por THE OBJECTIVE, reconocen que esta iniciativa no se ejecutará hasta dentro de más de dos años, previsiblemente en 2025, puesto que «es imposible construir esas viviendas en nueve meses».
Con lo que sí confían en Moncloa es que llegarán a cortar el lazo inaugural de las nuevas viviendas antes de las elecciones generales es con las 50.000 viviendas públicas de alquiler asequible acordadas con la Sareb, ya que «simplemente necesitarán un acondicionamiento o pequeña reforma» para su puesta a punto. Algo que prevén que suceda a finales de año, tras la campaña electoral de las municipales de mayo y la de las generales de diciembre, puesto que el Ejecutivo tiene intención de estirar el chicle de la vivienda como promesa electoral lo más posible.
De hecho, en el núcleo duro del presidente confiesan que «estamos ante un compromiso a futuro, a largo plazo» por parte de Pedro Sánchez, cuya determinación es afrontar un problema trasversal de la sociedad española, dado que afecta a toda la ciudadanía, y que «está calando en los territorios». Restan importancia en el gabinete presidencial a los plazos para la concreción de estas medidas porque «lo importante es la voluntad política, el compromiso a largo plazo». Es decir, la intención es lo que cuenta, y más en periodo electoral. Moncloa promete «más anuncios en los próximos días», antes, durante y después de la campaña electoral.
Consejo de Ministros inminente
De hecho, el siguiente paso en la concreción de lo anunciado y, de momento , el único que se plasmará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), llegará antes del 28-M. Según adelantan fuentes gubernamentales a este periódico, el Consejo de Ministros aprobará «de forma inminente» la venta del suelo de Defensa a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Un movimiento que se espera esta semana o la siguiente, coincidiendo con el inicio de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas. En los pasillos del Congreso, la ministra Margarita Robles confirmó que no se tratará de una cesión, como se anunció inicialmente, porque «la ley no permite que el Ministerio de Defensa pueda ceder esos inmuebles, sino que obliga a que el Ministerio de defensa tenga que recibir una contraprestación por ello».
Un ‘justiprecio’ que lleva negociando Defensa con el Ministerio de Transportes «varios meses», según Robles, quien anunció «un acuerdo que se plasmará en los próximos días». Aunque la ministra no quiso desvelar el precio de la operación, según ha podido saber THE OBJECTIVE, el acuerdo supondrá el pago del Ministerio de Hacienda a Defensa de un importe de 500 millones de euros que el Ministerio de Defensa podrá invertir «en las necesidades de defensa nacional».
Fuentes de Defensa precisan que la operación sigue la senda de los acuerdos alcanzados en estos últimos 5 años en los que se ha cedido suelo en toda España. El más reciente, la cesión de 214.000 metros cuadrados de la base aérea de Getafe por importe de 35 millones de euros para la construcción de 1.450 viviendas o el cuartel de Son Busquets, en Palma de Mallorca, por importe de 43 millones. El Gobierno evita mencionar la Operación Campamento, que costó 260 millones de euros y que 30 años después de su puesta en marcha, aún no ha visto la luz. El propio Sánchez desbloqueó dicha operación urbanística en octubre del año pasado con la compra de los cuarteles por parte del Ministerio de Transportes, pero las complicaciones del plan urbanístico que recaen en el Ayuntamiento de Madrid mantienen todavía parada la construcción de 12.000 viviendas publicas.
El «complicado y largo» proceso de promoción del Sepes
Fuentes de Defensa explican que será el Sepes el que le compre esos inmuebles al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), adscrito a Defensa, y también el que ejerza de promotor de la operación. De esta forma, tendrá que hacerse cargo de la demolición de los inmuebles y la recalificación de los terrenos en coordinación con los ayuntamientos afectados, dado que se trata de suelo urbano con distintas calificaciones urbanísticas. En algunos casos, están catalogadas como dotaciones públicas que deben ser reconvertidas a suelo residencial, a través de una modificación parcial, según el plan de ordenación urbana. Un proceso «muy complejo» y prolongado que dilatará los plazos hasta la construcción de los inmuebles, como ocurrió con la Operación Campamento.
Según la ministra Robles, se trata de una operación muy ventajosa y «un magnífico acuerdo» para Defensa porque le permite «tener unos ingresos para necesidades de la Defensa» y avanzar en la modernización de las Fuerzas Armadas, incrementando hasta el 2% del PIB su gasto en militar. Y segundo, porque le permite deshacerse de «mucho suelo que no está en uso, que no afecta a la defensa nacional y que incluso para el Ministerio es una carga su mantenimiento». Carga inasumible, ya que en algunos casos, se trata de inmuebles que se encuentran «en malas condiciones».
