Montero niega que Bruselas les desautorice al plantear endurecer las penas por malversación
Afirma que la última reforma del Gobierno está «en sintonía» con lo planteado por la Unión Europea
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. | María José López (Europa Press)
La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha rechazado que el planteamiento de la Comisión Europea para fijar una condena máxima de al menos cinco años para delitos de malversación en todos los países de la UE suponga una desautorización a la reciente reforma del Gobierno español que dejó algunas penas inferiores, aunque ha calificado la propuesta de «lógica».
«No, para nada», ha asegurado Montero este jueves cuando se le ha preguntado si la propuesta de la Comisión Europea es una desautorización, antes de afirmar que la reforma del Gobierno posibilita que España acuda «en mejores condiciones» a ese debate y «más allá de cuáles sean las duraciones de las penas»,
A juicio de la ministra, es «muy importante que el esquema de estructura de cómo se consideran los delitos sea similar, sea homologable», por lo que ha subrayado que la modificación del Código Penal que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez con la malversación «avanzó de manera consensuada» en ese sentido para igualarse con el resto de países europeos, ha sostenido, según recoge Europa Press.
«Son borradores de trabajo, ahora empieza el debate. Estamos trabajando y tenemos que aportar nuestra visión y escuchar también lo que ocurre en otros entornos. Por tanto, estamos en condiciones adecuadas de poder abordarlo en las mejores garantías posibles», ha expresado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.
Así, Montero ha señalado que el Gobierno español se presenta a ese debate europeo «con los deberes hechos», dado que se ha incorporado al Código Penal un nuevo tipo de enriquecimiento ilícito que diferencia entre el ánimo de lucro y los que no lo tienen, lo que va «en sintonía» con lo marca la Unión Europea, ha apostillado.
Ha indicado que «ambicionan» que los delitos relacionados con la corrupción tengan un «tratamiento similar» en todos los países comunitarios, para que sea más fácil controlar el fraude a través de las fronteras, de tal forma que nadie quede impune ante un uso inadecuado de los impuestos de los ciudadanos, ha dicho.
Bruselas plantea en concreto que las infracciones referidas a malversación, tráfico de influencias y cohecho sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos cinco años, un suelo para la pena máxima de cada delito que en el caso de España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal.
