Page celebra que Bruselas pida elevar la malversación y reprocha la rebaja del Gobierno

La propuesta de Bruselas de obligar a los estados miembros a endurecer las penas por malversación ha provocado críticas al Gobierno entre aquellos que se opusieron a la reforma de este delito pactada con ERC… también en las filas del PSOE, impulsor del cambio penal. Es el caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha elogiado la iniciativa europea frente a la reducción de condenas impulsada por el actual Ejecutivo.

Así, ha lamentado que en España se produjera, con la reforma del Código Penal, una reducción de penas «a uno de los tipos de corrupción». Y ha reprochado: «Es para hacérselo mirar». En una entrevista concedida a Antena 3, ha recordado que se posicionó con «una claridad meridiana» sobre la rebaja penal de la malversación en España. «Eso es algo que yo no estoy dispuesto a defender de ninguna manera», ha zanjado.

Bajo su punto de vista, cambiar el Código Penal a la medida de uno de los que lo votan «sobrepasa cualquier límite político y más que político», a lo que ha añadido que también le parece importante, más allá de si el delito de malversación «tienen que ser cuatro o cinco años», el debate técnico.

Así, ha aplaudido el hecho de que los Estados miembros vayan en el camino de la homologación penal y ha añadido que ojalá fuera también en el ámbito fiscal con el fin de evitar los paraísos fiscales dentro de la Unión Europea porque a «España le beneficia».

Directiva europea

La Comisión Europea presentó este miércoles un conjunto de medidas anticorrupción que incluye normas nuevas y reforzadas que tipifican los delitos de corrupción y armonizan las penas en toda la Unión Europea, así como una propuesta para establecer un régimen de sanciones específico para combatir los actos graves de corrupción en todo el mundo.

Bruselas pide que las infracciones penales referidas a soborno, malversación, tráfico de influencias y abuso de funciones sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos cinco años, un suelo para la pena máxima de cada delito que en el caso de España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal.