La Guardia Civil destapa una malversación de 1,6 millones de euros en un pueblo de Madrid

El Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil ya ha emitido su veredicto sobre la primera pieza de la Operación Pantano -hay otra en curso relativa a delitos contra la ordenación del territorio en el entorno del pantano de San Juan, denominada Costa de Madrid-, que comenzó a investigar el Juzgado número 6 de Navalcarnero tras la denuncia interpuesta el 1 de marzo de 2019 por la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Zarzalejos (PP), ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Una denuncia contra la gestión de la exalcaldesa María Luz Lastras (PSOE) entre los años 2015 y 2019 por prevaricación y malversación. Uno de los afectados es el actual candidato del PSOE en las próximas elecciones del 28-M en este municipio, Luis Haro, al que se le imputa un presunto delito de malversación de caudales públicos; y además se hace referencia a que algunos de los presuntos delitos se pudieron cometer durante el mandato de parlamentario autonómico y miembro de la lista del PSOE a la Asamblea de Madrid, José Luis García, también exalcalde de la localidad.

La Policía Judicial de la Comandancia de Madrid ha elaborado el informe final de su investigación, que tiene fecha de 8 de febrero y que ya ha sido remitido al juez y entregado a las partes, y al que ha tenido acceso en primicia THE OBJECTIVE. En el se detalla el entramado que los socialistas habían puesto en marcha en este municipio madrileño para llegar supuestamente a malversar cerca de dos millones de euros de dinero público a través de facturas falsas a empresas de amigos y familiares y adjudicaciones a dedo sin contratos ajustados a la legalidad.

Por poner un ejemplo, solo la empresa Centro Canino Monte Ida de Carolina de Francisco Ortiz, sobrina del exconcejal de Obras del PSOE, Luis Lastras, y prima del exconcejal de Deportes, Pablo Luis Lastras, facturó 128.286 euros en 2018 por la recogida de animales en la localidad «careciendo de cualquier tipo de contrato, además de poseer lazos familiares con miembros de la anterior Corporación», siempre según el informe remitido al juez.

La conclusión es contundente: «Como se ha podido corroborar, se llega a producir la obligación de deuda con las mercantiles y la transferencia económica final con las mismas desde fondos públicos, habiendo presuntamente transferido u ordenado el pago de 1.628.897 euros, según los cálculos sobre los expedientes y órdenes de pago contenidos en la presente investigación, experimentando el mayor incremento de dinero público transferido por operaciones fruto de presuntos delitos en los años 2017 a principios del año 2019″.

Blanqueo de capitales

La primera fase de las diligencias incoadas por el juez el 6 de junio de 2019 provocaron que ordenara la entrada y registro el 15 de diciembre de 2021 del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y de varias dependencias municipales. Durante este registro se incautó documentación, facturación y teléfonos móviles; además se procedió a la detención de hasta 15 personas, entre ellos a la exalcaldesa de la localidad María Luz Lastra, el exteniente de alcalde Luis Haro y el exconcejal de Obras y Festejos Pedro Luis Lastra, así como empresarios y trabajadores municipales.

El análisis de la información incautada en esta primera fase ha permitido una investigación más detallada en una segunda fase donde, como recoge el informe de la Guardia Civil, «se dirimen indicios razonables de nuevos delitos para esos mismos investigados». Por ello, propone «como investigados» a María Luz Lastras, excalcaldesa del PSOE, por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos por funcionarios, sustracción de cosa propia a su utilidad social y malversación de caudales públicos; al exteniente de alcalde Luis Haro Berlanas, por un presunto delito de malversación de caudales públicos; al exedil de Obras Pablo Luis Lastras Ortiz, por los presuntos delitos de fraudes y exacciones ilegales, cohecho y tráfico de influencias; a la exconcejal de Salud y Bienestar Mónica Martín Solano, por un presunto delito de fraudes y exacciones ilegales; a Serafín González, administrador de Gráficas Serafín y primo del exconcejal de Seguridad, Félix González Otero, por un delito de cohecho; y a Manuel Sanz Zapata, ingeniero municipal que no era funcionario pero actuaba como tal, por un delito de coacciones a los empresarios del municipio y blanqueo de capitales. Este ingeniero facturaba en metálico en muchas ocasiones y sin tener contrato con el Ayuntamiento.

La Guardia Civil también propone al juez que «en vista del capital total presuntamente malversado al erario público y siendo su contraste y comprobación de auditoría competencia de la Intervención General del Estado, oficie a dicho organismo para que realice las auditorías correspondientes derivadas de los fondos presuntamente malversados para un cálculo preciso y técnico, si tiene a bien que dicha gestión pudiera ser útil para cuantificar la acción criminal al respecto».

Las conclusiones de la Guardia Civil son muy determinantes, al afirmar que «se han puesto de manifiesto suficientes elementos de prueba documentales, informáticos y financieros que corroboran que la acción de gobierno del PSOE en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, durante el periodo investigado, del año 2014 al 2019, dirigido por la alcaldesa María Luz Lastras, ha dispuesto presuntamente de los fondos públicos y los mecanismos de la administración de manera irrespetuosa o esquiva con las normas, en beneficio de unos pocos, según las decisiones arbitrarias o subjetivas de su administración».

A juicio de la Guardia Civil, la exalcaldesa socialista «de forma imprudente o dolosa, según qué casos y con conocimiento expreso, ha dictado disposiciones arbitrarias, claramente injustas y contrarias a la norma en favor de terceras personas. Estas personas normalmente afines a su gobierno, familiares o con el pretexto de beneficiar a las personas físicas o jurídicas, que al criterio de esta corporación merecían disponer de los fondos públicos por encima de los criterios establecidos por las normas y las leyes».

La principal prueba de la acción dolosa de la exalcaldesa, siempre según el informe, al hacer caso omiso «de las innumerables advertencias de los órganos de intervención, es la manipulación de los mecanismos competitivos». Con ello se refiere a que en «gran parte de las contrataciones menores se han ajustado los precios de los contratos al límite de la contratación menor, fraccionando la misma hasta alcanzar un valor con sobrecostes de los servicios y así conseguir, por un lado, dar apariencia de legalidad y, por otro, evitar un procedimiento de licitación que asegure adjudicar el contrato a quien previamente se ha concertado o designado». Esto último sucedió con la contratación de Amadeus Global para la organización de eventos musicales, ya que fue «la mercantil quien redactó el contrato estableciendo los precios y condiciones de desarrollo del servicio».

«Amistad con cargos políticos»

El informe destaca especialmente el caso del ingeniero municipal, Manuel Sanz Zapata, al que le han estado abonando «facturas por servicios periódicos, cuya necesidad era conocida previamente, en lugar de licitar un contrato de servicios de larga duración. Los servicios prestados por ZM Ingenieros SLP se vienen desarrollando para el Ayuntamiento desde hace más de ocho años». En lo que respecta a este ingeniero, «ha quedado demostrada la afinidad y amistad con los cargos políticos quienes han permitido que ejerza funciones puramente públicas y abuse de éstas para presuntamente, mediante coacción, se lucre particularmente él mismo y la mercantil que administra». El ingeniero y su socio José Ramón Portabella ingresaron 145.198,64 euros «en efectivo de procedencia desconocida». Sanz amenazaba a los comerciantes con no conceder la licencia de apertura si el proyecto de negocio no lo encargaba a su empresa, llegando a cobrar en metálico.

A juicio policial, esto ha sido posible por «la impunidad de la que se ha revestido la corporación local«, que «ha venido dada por su permanencia constante en el tiempo, determinada y mantenida por suponer un beneficio lucrativo para unos pocos e influyentes, sobre los que ha recaído la responsabilidad del voto y la reelección». Igualmente, la instrucción policial considera que «se ha conseguido una compra de opinión política basada en el beneficio de unos pocos que, cuando han visto que podían ser sorprendidos en la conducta de manipulación, han ejecutado las maniobras necesarias para maquillar los procedimientos, aunque eso haya supuesto falsificar documentos y registros».