La señora y el CGPJ

Es difícil saber qué es mayor, si la simpleza de los sindicatos policiales o la desvergüenza de algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las organizaciones sindicales de la Policía se han rasgado las vestiduras porque Peinado haya mantenido la posibilidad de que algún funcionario perteneciente a las fuerzas armadas pueda delinquir. Esta posibilidad afecta a cualquier ciudadano y tenerla en cuenta no es ninguna ofensa para el colectivo al que pertenece.

En contra de lo que algún jurista defiende, no es que el juez haya fundado las medidas cautelares de Begoña Gómez en el hecho de que los escoltas puedan facilitarle la huida, sino que contesta a la pretensión del abogado de la mujer de Pedro Sánchez de fundamentar la imposibilidad de fuga y, por lo tanto, a la inutilidad de las medidas cautelares, en el hecho de que la acusada tuviese policías de escolta. Es decir, que confunde la función de escolta con la de vigilancia. Peinado simplemente afirma en su auto que la existencia de escoltas no da mayores garantías de que la fuga no se produzca, pero tampoco piensa que incremente sus posibilidades, ya que en el párrafo siguiente supone que el hecho de que quizás en unos meses Begoña no vaya a disfrutar de custodia policial es un argumento más para quitarle el pasaporte y evitar males mayores.

Los sindicatos policiales parecen tener la piel muy fina. ¿Pueden sus líderes poner la mano en el fuego por todos sus afiliados? Es más, en los momentos actuales y dada la corrupción generalizada de las instituciones que ha creado este Gobierno, ¿se puede asegurar que no haya dos, tres, diez policías que se prestasen a seguir las directrices cuestionables del Gobierno y del sanchismo? ¿Acaso son distintos de los fiscales, los abogados del Estado u otros muchos colectivos de funcionarios? Hay muchas formas de colaborar o de cerrar los ojos sin que se pueda considerar el acto delictivo y, como ya se ha visto, el Gobierno no tendría ningún problema en sustituir los escoltas de Begoña por aquellos policías que fuesen solícitos o más afines al régimen.

Los que se escandalizan de la suposición del juez deberían recordar que se han producido situaciones muy parecidas o incluso mucho más graves: la fuga de Puigdemont, su posterior entrada y salida de España, la evasión de Luis Roldán, etc. El auto de Peinado no tiene nada de ofensivo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que solo se permite afirmar que la existencia de escolta, aparte de que puede perderla en el futuro, no es ninguna garantía de que la fuga no sea posible.

No estaría de más que los sindicatos policiales que se muestran tan susceptibles con el escrito del juez Peinado se manifestasen igual de firmes frente a este Gobierno, dado que sus ofensas al colectivo son mucho mayores, ciertas y no basadas en hipótesis. En esa línea, la postura del ministro del Interior ha sido consecuente con su trayectoria. Ha creído encontrar en el escrito de Peinado un motivo para atacarle y apuntarse un tanto con su señorito. Sale como una flecha a denunciar al juez ante el CGPJ, constituyéndose en el paladín de los colectivos que desprecia.

«Bellaquería, sí, la que ha cometido la mitad del CGPJ con su presidenta a la cabeza al retorcer la ley para cumplir los mandatos del Gobierno»

¿Y qué decir del CGPJ? Al final, la presidenta y los demás miembros nombrados por el Gobierno de vocación cantonalista, que no progresista, han mostrado su auténtica naturaleza. La tibieza que han exhibido frente a la brutal ofensiva desatada por el sanchismo y sus adláteres, atacando a todos los jueces que intervienen en los distintos procesos que rodean a Sánchez y al PSOE, y que son muchos en todas las instancias, contrasta con la celeridad manifestada para abrir expediente al juez que se ha atrevido a procesar a la esposa del presidente del Gobierno. Convocado en domingo por la tarde, deprisa y corriendo, fue necesario que la presidenta ejerciese el voto de calidad para que la infamia saliese adelante.

Bellaquería, sí, la que ha cometido la mitad del CGPJ con su presidenta a la cabeza al retorcer la ley (más bien diríamos al ir directamente contra ella) para cumplir así los mandatos del Gobierno y abrir una actuación disciplinaria contra el juez Peinado. Han acudido al punto 5 del artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es genérico, refiriéndose a comportamientos incorrectos u ofensivos en su actuación frente a colectivos o personal ligados a la administración de justicia, y que de ninguna manera comprende las expresiones vertidas en resoluciones judiciales, que es el tema que nos ocupa, y al que en todo caso sería de aplicación el punto 6 del mismo artículo, con la salvedad de que en estas circunstancias el CGPJ solo puede actuar a instancias del órgano judicial superior al que corresponde solventar el recurso. Es por eso por lo que el CGPJ ha evitado recurrir a este apartado.

Tal como ha indicado el voto particular, el CGPJ ha actuado violentando la ley y ha asumido funciones que no le conciernen. El asunto es especialmente grave. Va mucho más allá de si se debe o no se debe expedientar a Peinado y si esa actuación disciplinaria va a tener alguna virtualidad práctica. La cuestión radica en que un órgano político usurpa competencias que corresponden únicamente a los órganos jurisdiccionales. Tan solo es la Audiencia Provincial la que ha de resolver el recurso y, en su caso, iniciar la vía para que actúe disciplinariamente  el CGPJ.

Después del acuerdo propiciado por la UE para la renovación del CGPJ, casi habíamos creído que el problema estaba solventado. Pensábamos así tan solo porque parecía que el Gobierno, a pesar de haberlo intentado durante mucho tiempo, no había conseguido convertir el CGSPJ en una extensión más del sanchismo, tal como ha hecho con el Tribunal Constitucional, con el Tribunal de Cuentas, con la Fiscalía, con el Banco de España y con más y más instituciones. Bien es verdad que esa falsa victoria frente a Sánchez fue a condición de casi condenar al CGPJ a la inoperancia. Nos contentábamos con alguna intervención tímida de su presidenta frente a los ataques brutales que desde el Gobierno y sus aledaños se dirigían a los jueces.

«En estos momentos, en España se ha situado a Begoña Gómez en el Olimpo del sanchismo»

Pero ha bastado que la justicia fuese en serio contra «la Señora» para que desde la cumbre del sanchismo se tocase a rebato y se realizase la máxima presión sobre la parte del Consejo que fue elegida por el Gobierno. La coacción debió de ser de tal calibre que la presidenta, que hasta entonces había mantenido un papel discreto, se desmelenó y actuó como una creyente sanchista con todo el sectarismo. El problema no es si las medidas cautelares están bien o mal puestas, sino que se centra en quién tiene competencias para decirlo y para corregir a un juez en su función jurisdiccional.

La mujer del líder ocupa un puesto importante en casi todos los regímenes autocráticos. Marta Pujol Ferrusola también era «la Señora» y Carmen Polo de Franco «la collares», y las mujeres de Perón intervinieron fuertemente en la gobernanza de Argentina. En estos momentos, en España se ha situado a Begoña Gómez en el Olimpo del sanchismo. Su imputación ya constituyó un cataclismo para el régimen, con los famosos cinco días de ejercicios espirituales del presidente del Gobierno y el estallido de la operación cloacas dirigida a presionar a todos los estamentos implicados en los casos de corrupción que rodean a Sánchez, y muy especialmente a los que iban contra la Señora.

Al margen de sus errores y aciertos, el juez Peinado ha sido acosado desde todos los frentes. Ha sufrido tres querellas por prevaricación, de las que ha salido indemne y, si ha sido corregido en algunas ocasiones por el órgano superior (prueba de nuestro sistema garantista), la gran mayoría de sus decisiones han sido ratificadas.

La ofensiva se ha recrudecido en los momentos actuales en que se ha abierto el juicio oral y Begoña Gómez ha sido formalmente acusada por el órgano jurisdiccional competente. La adhesión a la Señora está adquiriendo tintes grotescos. Desde la tribuna del Congreso, Patxi López, después de afirmar descaradamente que había existido frente a ella una persecución judicial bochornosa, exclamó casi gritando: «Los socialistas vamos a decir cada vez más alto lo que ya dicen millones de españoles en la calle: ¡Yo, con Begoña!».

Por muy ridículas que sonasen las palabras de Patxi, han tenido eco por lo menos entre algunos militantes. Y así, de cara al Comité Federal que estaba a punto de celebrarse, pusieron en circulación una carta en la que se apoyaba incondicionalmente a Pedro Sánchez y a su señora y, entre otras cosas, se preguntaban qué hubiera sido de España sin la lucecita, no del Pardo, sino de la Moncloa. Algunos se han creído el destino profético de Sánchez y que debe seguir gobernando por el bien de España, aunque sea contra el Parlamento. El patriotismo de siglas y de partido no tiene límites.