La alcaldesa de Móstoles contrató por un millón a la empresa donde trabaja su hermana

El PSOE tiene cada vez más difícil mantener a la actual alcaldesa de Móstoles (Madrid), Noelia Posse, como candidata en las próximas elecciones municipales. Su polémica gestión está marcada por dos graves acusaciones. Por un lado, la oposición municipal denunció las contrataciones a dedo de algunos familiares, entre ellos de su hermana, Laura Posse, para llevar las redes sociales con un sueldo anual de 52.000 euros. Por otro, la Audiencia Provincial de Madrid ha pedido el procesamiento de la alcaldesa y de siete concejales de su equipo de gobierno por el caso ITV.  A petición de la Fiscalía, la sección 17 de ese tribunal revocó el sobreseimiento decretado por la juez instructora de una causa en la que se investiga si la decisión de condonar una deuda a una empresa dedicada a las revisiones periódicas de vehículos supuso un perjuicio para las arcas municipales.

Ahora, THE OBJECTIVE ha podido saber que el Ayuntamiento de Móstoles le ha adjudicado un contrato de 1.608.200 euros a la empresa Aebia Tecnológica y Servicio, S.L donde trabaja Laura Posse. El contrato, por un periodo de dos años, con posibilidad de prorrogarse a tres, se firmó el 1 de octubre de 2021, dos años después de cesar la alcaldesa a su hermana como cargo de confianza. El objeto del contrato es la prestación de «servicios técnicos de apoyo para centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Móstoles», según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

La adjudicación de este contrato ha levantado las sospechas de un supuesto caso de «trato de favor», según las fuentes consultadas, que señalan que tanto en el caso de que la contratación se haya realizado con anterioridad a que su hermana entrara a trabajar como a posteriori no se debería haber realizado. En el primer caso se puede interpretar que una vez realizado el contrato se pidió el favor para que se contratara a Laura Posse y, en el segundo, que se fichó a la hermana de la alcaldesa para conseguir hacer negocio con el Consistorio madrileño.

El malestar en el PSOE por la trayectoria política de la alcaldesa de Móstoles es evidente y el anuncio de su procesamiento por el caso ITV supuso un auténtico jarro de agua fría a nivel local, autonómico y, en algunos círculos socialistas, hasta nacional. Porque el caso de Noelia Posse es «un suma y sigue» que afecta a la segunda ciudad de mayor tamaño en la región de Madrid, con más de 200.000 habitantes. Asimismo, supone un problema para las ya de por sí limitadas opciones electorales del candidato y secretario general, Juan Lobato. 

«Es un suicidio»

Por ello, las fuentes socialistas consultadas por THE OBJECTIVE hablan de un clamor interno para forzar la destitución de Noelia Posse como candidata por Móstoles: «No puede llegar al 28-M. Es un suicidio». Dirigentes madrileños denuncian a este periódico la «campaña de descrédito insostenible» que existe sobre la regidora de esta localidad madrileña. Muchos defienden su inocencia e insisten en que se trata de «una cuestión administrativa, que se sobreseyó». Sin embargo, su permanencia ha provocado un incendio interno por el temor a que lastre aún más las poco halagüeñas perspectivas electorales del PSOE: «Los chats del partido arden. Esto se veía venir».

Noelia Posse justificó en su día la contratación de su hermana porque «la ley permite nombrar a funcionarios eventuales para asesorar al Gobierno y siempre los nombramos por la capacitación que tienen y la confianza». «Independientemente de si es familia o no buscamos un objetivo que es ayudar a los vecinos de esta ciudad y ese objetivo lo cumplimos con personal que esté capacitado», insistió la alcaldesa. En el momento de cesarla, subrayó que lo hacía por «humildad», después de que el entonces secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, le pidiera una rectificación. El escándalo de los enchufes de Posse se extendió también a varios familiares como su tío, su expareja y amigas personales.

Pero el caso más grave es la petición de procesamiento por el caso de las ITV que, en caso de abrirse juicio oral, desembocará en la suspensión de la militancia por parte del PSOE y posiblemente en la dimisión. La causa se inició a raíz de una querella presentada por el grupo municipal Más Madrid. Según ese escrito, la empresa ITV Móstoles fue adjudicataria el 6 de junio de 2011 de una parcela en el Parque Móstoles Tecnológico. Esa mercantil tenía que pagar un canon anual de 133.000 euros y se le otorgaba la cesión del terreno por un periodo de 30 años. El inicio de la investigación judicial puso en la picota a Posse y su equipo de gobierno.

El canon anual contraído en concepto de préstamo por ITV Móstoles en 2013 debía incrementarse cada año según el índice de precios al consumo (IPC), de forma que en 2020 llegaba ya a los 147.653,59 euros anuales, según la querella. No lo hizo hasta que en octubre de 2020 el gobierno municipal aprobó una quita del 50% en su deuda, además de una serie de facilidades para el pago aplazado a pesar de que la empresa se encontraba en fase preconcursal.