El Govern contrató al bufete que asesoraba al Kremlin para crear su 'embajada' en EEUU
El Gobierno catalán encargó al despacho de abogados que inscribiera en febrero de 2010 su nueva delegación estadounidense
Departamento de Estado de Nueva York. | TO
La red de delegaciones catalanas que la Generalitat de Cataluña ha ido tejiendo por el mundo no ha sido examinada con lupa hasta que muchas de ellas sirvieron, según la investigación del Tribunal de Cuentas derivada de la sentencia del Tribunal Supremo en la causa del procés, para desviar gastos destinados al plan rupturista. Ahora, según unos documentos del Departamento de Estado de Nueva York a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se identifica al bufete Baker & McKenzie como el autor de inscribir a la delegación del Govern en Estados Unidos en el registro de agentes extranjeros (FARA), el 16 de febrero de 2010, cuando ERC ostentaba la vicepresidencia en el segundo gobierno tripartito con PSC e ICV.
En octubre de 2021, el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), a través de los llamados Papeles de Pandora, destapó el papel de este bufete estadounidense en actividades de blanqueo, evasión fiscal, asistencia a fugados de la justicia, así como la relación con el Ministerio de Finanzas ruso, que se extendió hasta septiembre de 2022, o con el banco estatal ruso VTB y la empresa pública de armas Rostec.
Desde sus inicios, las delegaciones catalanas han contado -consciente o inconscientemente- con asesoramiento de compañías que no siempre se han regido por los criterios de buenas praxis ni están bien vistos por las autoridades occidentales. En 2014 el Gobierno de Artur Mas contrató los servicios del lobby Independent Diplomat por 1.485.142 millones de euros, quien confeccionó un plan para la diplomacia catalana para situar su proyecto rupturista en la agenda política internacional. En el caso en cuestión, el Govern contrató a Baker & McKenzie antes de que estallara el escándalo. Sin embargo, no ha querido especificar a THE OBJECTIVE cuánto pagó para que les asesorara en su desembarco a Estados Unidos ni si en la actualidad, o tras destaparse la investigación, mantienen algún tipo de vínculo laboral.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) aprobó el decreto 179/2008 por el cual se creó la embajada en 2008, pero no fue hasta 2010 cuando tal decisión fue ejecutada. Para poder operar como un agente en el país norteamericano, pagar nóminas a los empleados y poder actuar como una persona legal en Estados Unidos era necesario inscribirse como entidad, cuyo registro tuvo un coste de 260 dólares (unos 238 euros). La entonces secretaria de asuntos exteriores del Govern, Roser Clavell Soldevila, rubricaba el documento inscrito en el Departamento de Justicia como «viceministra de Asuntos Exteriores y Cooperación».
Bufete asesor de «estafadores y regímenes autocráticos»
De acuerdo con la investigación de ICIJ, Baker & McKenzie tiene un historial de trabajo con «notorios estafadores y regímenes autocráticos» y es una «firma de referencia para las empresas más grandes de Rusia». La compañía, que se define como «el bufete global original», ha creado grandes redes intencionales y cuenta con unos ingresos de 2.500 millones de dólares.
La investigación basada en los Papeles de Pandora revela cómo han asesorado a multinacionales y a evadir impuestos y a evitar el escrutinio mediante el uso de sociedades instrumentales, fideicomisos y complejas estructuras en paraísos fiscales. El gigante tecnológico Apple recurrió a sus servicios para encontrar un paraíso fiscal para depositar dinero en efectivo, según el consorcio periodístico.
En el caso concreto de sus relaciones con Rusia, Rostec, la compañía que fabrica los rifles kaláshnikov y que está controlada por el Kremlin, adjudicó varios contratos a Baker & McKenzie mientras se enfrentaba a sanciones económicas internacionales por conducta indebida y tras la invasión de Crimea de 2014, según publicó El País. En 2016 la empresa buscó ayuda para vender su participación en una de las minas de cobre más grandes del mundo en Mongolia. Al solicitar dicha ayuda, Rostec buscó «experiencia en el asesoramiento a organizaciones rusas que han sido sancionadas (…) por Estados Unidos y Europa». Esta ayuda la encontró a través de la filial Baker & McKenzie CIS.
La empresa, que no ha respondido a este periódico sobre si en la actualidad mantiene relaciones laborales con la Generalitat, tiene un código ético en el que asegura que está comprometida con las políticas anticorrupción, la transparencia o los derechos humanos. Dicha investigación periodística no ha derivado hasta la fecha en condenas contra el bufete.
No obstante, organizaciones como la OCDE o el Grupo de Acción Financiera Internacional han señalado que el privilegio abogado-cliente, que les obliga a mantener la confidencialidad de sus representados, ha permitido que, a diferencia de las entidades bancarias, escapen al escrutinio. Asimismo, les exime en muchos países de informar sobre actividades de blanqueo. Con todo, según la investigación del ICIJ, este bufete ha colaborado con más de 440 empresas registradas en paraísos fiscales.
Nota remitida por Baker & McKenzie
- Baker McKenzie no es la empresa asesora del Kremlin. Tras la invasión rusa de Ucrania comunicamos oficialmente que ya no trabajaríamos con ninguna entidad afiliada al estado ruso, y nuestra firma se desvinculó completamente de nuestras (antiguas) operaciones rusas en 2022, por lo que cualquier acusación de que Baker McKenzie asesora actualmente al Kremlin o que ha trabajado con cualquiera de los ministerios del gobierno ruso durante 2023 es completamente falsa. Puede leer nuestra declaración pública sobre nuestra postura ante la invasión y salida de Rusia aquí.
- Baker McKenzie no ha apoyado ni apoyará nunca la evasión fiscal o el blanqueo de dinero, ambos casos claramente ilegales. El ICIJ no acusa a Baker McKenzie de esto en su informe, pero ésta y otras acusaciones vertidas por The Objective continúan citando incorrectamente el informe de Pandora Papers con el objetivo de respaldar muchas de las imprecisiones del caso. Proporcionamos una descripción detallada de nuestro trabajo en materia de impuestos y sanciones en nuestra declaración llevada a cabo como respuesta al informe del ICIJ disponible aquí.
