Choque entre Cataluña y Hacienda por la publicación de las balanzas fiscales
Estas discrepancias amenazan con ser solo el preámbulo de un conflicto por los compromisos del Gobierno con Europa de no superar el 3% del déficit en 2024
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero | Europa Press
El Gobierno de la Generalitat ha elevado su presión sobre el Ministerio de Hacienda para conocer el «déficit fiscal» que sufriría Cataluña respecto al resto de comunidades autónomas con el fin de poder calcular las balanzas fiscales antes del 31 de julio, cuando el Ejecutivo de Pere Aragonès debe aprobar el proyecto de ley de presupuestos.
Según explican a THE OBJECTIVE las fuentes consultadas, este asunto genera tensiones entre ambas administraciones, que no quieren que tanto su publicación como la negativa a publicarlas sirva para hacer un uso electoralista en año de elecciones.
La consejería catalana de Economía envió una carta a inicios de mayo dirigida a la ministra María Jesús Montero, en la que la recriminaba la «falta de transparencia» del Ministerio para ofrecer los datos de los ejercicios de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Desde la consejería confirman a este periódico que no han recibido respuesta a su petición.
En su misiva contrastan la buena praxis del anterior gobierno del PP con la opacidad de Montero: «Cristóbal Montoro, al frente del Ministerio de Hacienda encargó un estudio sobre los flujos fiscales entre el Estado y las comunidades autónomas y se publicó el Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas para los ejercicios 2011-2014, con un gran detalle de información, así como las bases de cálculo utilizadas, demostrando un gran avance en la transparencia de la información».
«La Administración del Estado nos ha proporcionado los datos para poder realizar el cálculo dela balanza fiscal de Catalunya hasta los correspondientes al año 2016. Sin embargo, y a pesar de peticiones reiterativas sobre los datos de los ejercicios siguientes, no se nos ha facilitado la información solicitada para realizar el mismo cálculo de los años sucesivos, lo que significa una gran pérdida de conocimiento sobre estos flujos fiscales del Estado con Cataluña», añadían en esta misiva avanzada por Nació Digital.
Incumplimiento de la ley catalana
La ley de finanzas públicas de Cataluña se aprobó hace 11 años con el apoyo del PSC, entre otras formaciones, y obliga a la Generalitat a actualizar las balanzas fiscales con el Estado en paralelo al nuevo proyecto de presupuestos anuales.
Ahora, el Govern reprocha que se está incumpliendo la legislación por la negativa de Hacienda de ofrecer los datos. «Te agradecería que hicieras las gestiones oportunas para poder obtener dicha información, de gran interés para Cataluña y en general para toda la ciudadanía, y que suponen un necesario ejercicio de transparencia de la administración», abunda la consellera Natàlia Mas en su carta.
En 2019, el anterior consejero de Economía Jaume Giró hizo su propio cálculo de las balanzas, donde elevaba el déficit fiscal catalán hasta los 20.196 millones de euros, el equivalente al 8,5% del PIB catalán. El Gobierno en solitario de ERC asumió este cálculo para incluirlo en los presupuestos del 2023, pero critica que debido a la falta de voluntad de los socialistas para ofrecer la información se trata de un cómputo aproximado.
En la misma línea, denuncian que el déficit se mantiene año tras año siendo una suerte de agravio para Cataluña, mientras que otros economistas siempre han destacado que es un «déficit justo» y habitual de una región próspera que participa de la solidaridad interregional.
«Déficit zero»
Las discrepancias sobre las balanzas fiscales amenaza con ser solo el preámbulo de un conflicto mayor debido a las obligaciones fiscales adquiridas por el Gobierno con la Unión Europea relativas a no superar el 3% del déficit en 2024.
La consejera catalana ha criticado este martes en las redes sociales que el Estado ha trasladado este «esfuerzo» de austeridad a las autonomías, con la obligación de tener un «déficit cero», y a los ayuntamientos, con el compromiso de que logren superávit. No ha dudado de tachar de «injusto» este reparto del déficit. «El esfuerzo y la asfixia para los otros… mientras el Estado se reserva recursos para financiar anuncios electoralistas», ha remachado.
