Un empresario denuncia que un diputado del PSOE le presionó para asociarse con Acciona
El portavoz socialista en la Comisión de Transición Ecológica medió en un proyecto vinculado a la presunta «trama corrupta» de los fondos europeos
Vicente Merino, uno de los empresarios que denuncia una presunta "trama corrupta" en los fondos europeos. | Carmen Suárez
Las denuncias de una decena de empresarios sobre una presunta «trama corrupta» en el Gobierno de Pedro Sánchez para adjudicar a discreción los fondos europeos concedidos por la Comisión Europea en el marco del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resilencia, los denominados Next Generation (140.000 millones de euros, de los que ya se han transferido 37.036 en tres desembolsos: 10.000, 12.000 y 6.000) van más allá y ahora se acercan al PSOE. Así lo denuncia a THE OBJECTIVE uno de los empresarios, Vicente Merino, que ejerce como portavoz, al afirmar que recibió la llamada de Antidio Fagúndez, diputado del PSOE por Zamora y portavoz de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para mediar e intentar desbloquear el proyecto de biorrefinería de Barcial del Barco (Zamora) y La Robla (León), financiado supuestamente con fondos europeos.
Merino no solo ha realizado esta denuncia a través THE OBJECTIVE, sino que también lo hizo en sede judicial en el marco de las diligencias previas que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora en el que presentó una denuncia en 2021. Este empresario quiere aclarar si se han podido conceder subvenciones por valor de hasta 500 millones de euros para un proyecto, del que tiene la propiedad industrial, a otros empresarios «no autorizados» y fruto de la connivencia entre la empresa Acciona y responsables políticos del Ejecutivo de Sánchez, apuntando al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Para conseguir su objetivo de conocer la verdad de esta tramitación también ha presentado una denuncia ante la Fiscalía europea, como así ha desvelado THE OBJECTIVE.
Hay que recordar que este grupo de diez empresarios llegó a un principio de acuerdo con Acciona para llevar a cabo el proyecto de biorrefinerías, pero se quedó en una fase inicial, en la firma de las manifestaciones de intenciones, que después no avanzaron a más. Posteriormente, intentó un acuerdo con el Grupo Cobra, que se retiró de la operación, según Merino por presiones, y sospechan que las subvenciones se han solicitado por Acciona, a su juicio sin poder hacerlo, porque ellos tienen la propiedad industrial del proyecto y no puede hacerse a sus espaldas. Los tribunales tendrán que dilucidar la legalidad de esta operación, ya que desde los ministerios afectados no se le facilita el expediente, siempre según la versión de Merino.
«Injerencia muy grave»
El empresario sitúa la llamada del diputado socialista en septiembre de 2021, posiblemente meses antes de que se hubiera solicitado la subvención en mayo o junio de 2021: «Creo que es posible que haya una trama ¿por qué lo pienso? Porque en septiembre de 2021 me llama un diputado nacional del PSOE, Antidio Fagúndez, y me dice que tengo que hablar con un consejero de la Junta de Castilla y León para solucionar este asunto con una multinacional, cuando yo en ese momento tengo otra empresa, estoy avanzando con otra multinacional. Qué más le da a gente vinculada a la Administración que sea una empresa u otra . Con lo cual yo interpreto como una injerencia en negocios privados. Casualmente, este diputado tiene responsabilidad en el Congreso en Reto Demográfico».
Merino sostiene que esta llamada telefónica es un intento de «mediación» una «injerencia que es grave y, por otra parte, ofensivo que a una persona le digan que ‘tiene que recuperar lo invertido’, ¿pero cómo que lo invertido, me va a decir a mi un señor diputado lo que tengo que ganar en un negocio o recuperar, y la plusvalía quién se la iba a llevar?». En este sentido, le parece «extraño» que la argumentación sea que «si no está Acciona el proyecto no sale» y mucho más que «un diputado del PSOE se ponga en contacto conmigo para un asunto de este tipo. Lo lógico en su caso es que contacte para ayudarnos a buscar el expediente o que nos en el Ministerio para solucionar este asunto, no que tengamos que hablar con un consejero para solucionar un problema de esta empresa. Estos hechos tienen base probatoria, todo esto se ha aportado al juzgado».
El portavoz de este colectivo de empresarios advierte de que irán hasta el final para aclarar si la subvención con cargo a los fondos europeos se ha solicitado y entregado, subrayando que «la propia solicitud de los fondos es un acto delictivo» porque no pueden hacerlo sin contar con la propiedad industrial y «un concurso en fraude».
Ante la falta de respuesta de los distintos ministerios a los que se les ha pedido el expediente para saber si se han solicitado y concedido las subvenciones, los afectados lo han reclamado al Secretariado General de la Comisión Europea, «ya que esta multinacional reconoció que tenía el ok de Bruselas, el visto bueno, y que lo habían visto con buenos ojos. Luego tiene que constar allí una copia».
THE OBJECTIVE ha intentado recabar la versión de Acciona sobre su participación en este proyecto, pero hasta ahora no ha sido posible.
