Podemos quiere obligar a los presentadores a publicar sus participaciones en empresas
Los ‘morados’ piden una ley que iguale las obligaciones de los directivos de los medios de comunicación y los rostros visibles con las de los políticos
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. | Edu Botella (Europa Press)
Podemos pretende llevar al Congreso una proposición de ley para hacer obligatorio que los presentadores de programas de actualidad y directivos de medios de comunicación hagan público sus «intereses económicos», al igual que hacen los cargos públicos.
Según han explicado fuentes de la formación morada, están preparando esta iniciativa que repercutiría en presentadores y directores de programas con algún contenido político en los grandes medios de comunicación, los de los informativos, y los miembros de los consejos de dirección y los propietarios de una cantidad significativa de participaciones en los mismos.
Todos ellos tendrían la «obligación legal» de publicar sus participaciones en cualquier tipo de sociedades, cotizadas o no, especificando la actividad económica que desarrollan e incluyendo «muy especialmente» empresas que trabajan en sectores estratégicos, como la energía o la alimentación, así como sociedades que operen en áreas que afectan a los derechos fundamentales, como la sanidad, la educación, los cuidados o la vivienda. Y, además, empresas que facturen «una parte importante» de sus ingresos a la administración pública.
A su vez, estarían obligados a indicar cualquier facturación que lleven a cabo, de forma directa o indirecta, con otras empresas o con la administración pública.
Los intereses de los periodistas
Para los morados, con esta información la ciudadanía «podrá conocer con transparencia los intereses económicos de quienes dirigen y deciden la línea editorial de los medios de comunicación». Argumentan que «al igual que los políticos, pueden enfrentarse a conflictos de intereses que pongan en peligro el acceso constitucional a una información veraz de los ciudadanos».
Las citadas fuentes aluden al caso «paradigmático» de la presentadora Ana Rosa Quintana, quien ha sido criticada por diversos dirigentes de esta formación en esta campaña, y su posición contraria a la Ley de Vivienda y recientemente se ha publicado que es propietaria de 44 pisos turísticos, actividad afectada por esta normativa. «Es un caso evidente de conflicto de intereses», sentencian.
Finalmente, han subrayado que es necesaria una regulación dado que hay personas con «gran poder mediático» que «tienen la capacidad de orientar a la opinión pública, a veces no para proporcionar información veraz sino para condicionar la toma de decisiones legislativas y ejecutivas».
Periodistas por encima de ministros
La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha aseverado en declaraciones a los medios desde Toledo que «ya se ha demostrado que en este país hay periodistas, gente que presenta estos programas de televisión que manda más que un diputado, una diputada o que un ministro o que una ministra». Precisamente -ha añadido- «la gente tiene el derecho de conocer cuáles son sus intereses económicos».
«En los últimos días veíamos cómo Ana Rosa Quintana, que presenta uno de los programas de máxima audiencia de la mañana, tiene intereses muy importantes de especulación inmobiliaria. Tiene 44 pisos turísticos que explota y esta es una especuladora inmobiliaria disfrazada de periodista que desde un programa de máxima audiencia está diciéndole a los españoles y las españolas una mentira y es que la ley de vivienda fomenta la ocupación», ha señalado Belarra.
Según la también ministra de Derechos Sociales, «hoy sabemos que está diciendo esas mentira porque tiene intereses especulativos inmobiliarios que van a ser recortados con la ley de vivienda porque efectivamente necesitábamos una ley de vivienda que incline la balanza a favor de los inquilinos y a favor de la gente que tiene una hipoteca».
Belarra considera que «esta medida de transparencia y esta medida democrática es fundamental para que la gente de nuestro país vea garantizado su derecho a una información veraz que está recogido, quiero recordar, en la Constitución española».
