El perito que debe demostrar el espionaje a los 'indepes' en Bélgica asesoró a ERC en 2017
El presidente de la asociación de peritos que señala al Estado de espiar a miembros de Plataforma per la Llengua fue estratega legal del ‘procés’
Josep Jover (derecha) junto al presidente y directora de Plataforma per la Llengua | Col·legi de Periodistes
La Plataforma per la Llengua, la autodenominada ONG del catalán, ha presentado una querella contra el Estado español ante un tribunal de primera instancia de Bruselas (Bélgica), que la ha admitido a trámite, por presunto espionaje con el software Pegasus a miembros de la ejecutiva de la entidad. Su denuncia se basa en el informe pericial elaborado por la asociación Mediterránea de Peritos, Aspertic, quien analizó los móviles particulares de la dirección de la entidad y concluyó que cinco de ellos habían sido espiado por parte de España. Tres de los presuntos afectados residen en Bélgica.
El fundador y firmante de los informes de Aspertic sobre Pegasus es Josep Jover, quien en 2017 diseñó la estrategia jurídica de los líderes del procés, tal y como admitió en una entrevista en Público, donde también afirmaba que ERC era «su cliente» con un «contrato» que llegaba hasta el 2 de octubre, justo el día después del referéndum ilegal del 1-O. Jover, además, encabezó las listas del Partit Pirata de Cataluña en las autonómicas de 2010 y 2012 y en las generales de 2011, y según los comentarios en sus redes sociales, es un gran defensor de Tsunami Democràtic, la plataforma anónima autora de los disturbios en el aeropuerto de Barcelona tras la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del procés.
Jover acompañó este jueves al presidente y directora de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder y Rut Carandell, ambos presuntas víctimas de este espionaje, en el Col·legi de Periodistes, como experto en derecho de la UE y de las TIC. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE ven falta de «imparcialidad» e incluso un posible «conflicto de intereses» que una persona que trabajó bajo las órdenes del independentismo desde los primeros años del plan rupturista, y que es parte implicada, sea la encargada del informe pericial. «El juez belga ha aceptado la denuncia, le ha dado validez a este informe de Aspertic», resumen estas fuentes, quien añaden que nunca ha dejado de estar relacionado con ERC desde 2017.
La autodenominada ONG del catalán es una entidad de la órbita de ERC, que de 2019 a 2021 recibió 1.935.000 euros en subvenciones por parte del Govern. Además, es quién elaboró por parte del grupo republicano en el Congreso la polémica disposición 38 de la reforma educativa -conocida como la ley celaá– relativa a imponer el catalán en las actividades de las escuelas que se desarrollan fuera del aula (como extraescolares, hora del recreo, etc.).
«Nueva vía» en Bélgica
La Plataforma per la Llengua afirmó este jueves en un comunicado que ha llevado el caso a Bélgica porque algunos afectados viven en ese país y considera que la justicia belga puede «ser una nueva vía para investigar este ataque político de primer orden».
La entidad celebró la admisión a trámite de la querella y espera «que la investigación sirva para obligar al Estado español a identificar a los responsables del espionaje» y aclarar si han cumplido con los procedimientos legales en Europa para intervenir comunicaciones. Por último, también lamentaron que el presunto espionaje supone «la vulneración de los derechos individuales» que se implican en la defensa del catalán.
Seis delitos contra el Estado
La denuncia de la ‘ONG del catalán’ acusa al Estado español de un total de seis delitos tipificado en la legalidad belga: la intromisión en el sistema informático de los teléfonos móviles; la injerencia arbitraria en las libertades fundamentales de las personas espiadas; la intercepción de mensajes de los móviles; la violación de los datos informáticos; el secreto de las comunicaciones, y el secreto de las comunicaciones electrónicas en particular.
Recuerdan, en esta línea, el artículo 550 y 314 del Código Penal belga. El primero sanciona a aquellos quien, sabiendo que no están autorizados, accedan a un sistema informático. El segundo establece penas a quienes interceptan, graban o publican las comunicaciones no accesibles al público sin el consentimiento de todos los participantes.
