ERC premia con un puesto en el Senado al jurista que diseñó la derogación de la sedición
El partido de Oriol Junqueras elige a Joan Queralt de número uno por Barcelona para la Cámara alta
El atedrático de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona (UB) Joan Queralt. | TV3
La Ejecutiva de ERC ha propuesto al catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona (UB) Joan Queralt para liderar su candidatura al Senado por Barcelona, según ha avanzado ElNacional.cat y ha podido confirmar THE OBJECTIVE. La propuesta deberá ser ratificada por el Consell Nacional de ERC este viernes. Queralt es coordinador del máster de Criminología de la UB, dirige el Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho y es colaborador de varios medios de comunicación pero, sobre todo, es el cerebro detrás de la reforma del Código Penal que permitió derogar el delito de sedición.
La reforma del Código Penal en la que participó Queralt cómo jurista de cabecera de ERC, facilitó el regreso a España de la eurodiputada huida Clara Ponsatí y abre la puerta al regreso de Carles Puigdemont a España a partir del próximo 5 de julio si la Justicia europea falla en favor de reconocer la inmunidad del expresidente de la Generalitat como eurodiputado.
Pocos días después de entrar en vigor la reforma diseñada por Queralt y pactada entre Moncloa y ERC, el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena eliminó el delito de sedición del auto de procesamiento contra Puigdemont, pero mantuvo la acusación en su contra por delitos de desobediencia y malversación agravada. Ponsatí solo estaba acusada de desobediencia, un delito por el que no tendrá que entrar en prisión.
La negociación secreta entre Sánchez y ERC
Unos meses antes, el Gobierno había negado reiteradamente que se negociara con ERC la reforma de los tipos penales sobre la malversación. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, o la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, desmintieron la existencia de una negociación formal con ERC. Atribuyeron a los republicanos la autoría de la enmienda que posteriormente se pactó con el PSOE en la tramitación de la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición.
Sin embargo, según reveló THE OBJECTIVE, la negociación secreta existió y se prolongó durante semanas en varios grupos distintos, «técnicos y políticos», en los que hasta seis juristas participaron en el proceso de redacción de la reforma penal. Fuentes de la negociación afirman que Gobierno y ERC prolongaron sus reuniones para pactar el contenido de la enmienda de los independentistas desde principios del mes de noviembre.
Apenas quince días después, y una semana antes de que ERC presentara su enmienda sobre malversación, el presidente Sánchez seguía negando la existencia de una negociación y manifestaba su desconocimiento sobre el contenido de lo que pactaba en privado. «No conocemos ni el contenido de las enmiendas. Que se sustancie el debate en Cortes; debatir sobre lo abstracto, no», decía entonces el jefe del Ejecutivo.
La realidad es que el presidente sí conocía el contenido de las enmiendas porque él mismo había dado la orden de sentarse a negociar con ERC en varias mesas de trabajo, a nivel técnico y político. Según las citadas fuentes consultadas por este periódico, uno de los más reputados interlocutores y quien más contribuyó en la redacción de la enmienda transaccional con ERC es precisamente el más que probable nuevo senador de ERC Joan Queralt.
Un extremo que confirman ambas partes, tanto el Ejecutivo como su socio republicano. «Se trata del penalista de cabecera del independentismo», explican en Moncloa, donde admiten su participación en la redacción del texto que finalmente aprobó el Congreso, aunque no se asumiera la totalidad de sus propuestas. Un punto en el que coinciden con ERC: «No hubo un autor unitario, sino que fue el trabajo de un amplio equipo de técnicos».
Hubo múltiples reuniones a varios niveles en las que «entró y salió mucha gente» desde el principio hasta el final, cuando hasta el propio presidente Sánchez cerró la negociación dándole el visto bueno a lo que se aprobaría en las Cortes. Insisten estas fuentes en que el Ejecutivo no actuó, por tanto, al dictado de sus socios republicanos.
