La OSCE recomienda extremar la vigilancia sobre el voto por correo del 23-J
Este organismo internacional propone el envío de un «equipo de expertos electorales» a las elecciones
Un furgón de la Policía Nacional frente a una oficina de Correos en Melilla
El miedo ante la falta de seguridad del voto por correo en las próximas elecciones generales del 23 de julio se ha extendido por toda España, después de los casos de fraude que se detectaron en Melilla y en otras ciudades antes de los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo. Aunque los líderes de las distintas formaciones políticas insisten en restar importancia a las sospechas, este temor es una realidad. Tanto, que hasta la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa), en el informe que ha elaborado sobre las elecciones generales, y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, recomienda vigilar especialmente ese tipo de voto e incluso llega a proponer el envío a España de un «equipo de expertos electorales» para que sigan el 23-J, si bien esta es una práctica habitual que ya ocurrió en 2019.
Esa alusión específica al voto por correo se hace en el punto cuatro de las recomendaciones finales, después de dedicar un amplio apartado en el documento de 13 páginas elaborado por un grupo de funcionarios de este organismo que se desplazaron a España entre el 13 y el 16 de junio . El objetivo de este viaje era mantener diferentes encuentros con actores que participan en este proceso electoral, dentro de su trabajo de supervisión de las elecciones que se celebran en los países miembros.
El informe, redactado en inglés, tiene fecha de 26 de junio y concretamente señala que «algunos interlocutores de la ODIHR NAM (el equipo que viajó a España) identificaron áreas específicas que se beneficiarían de una evaluación externa, como la implementación práctica del marco legal enmendado, la forma de llevar a cabo las operaciones electorales, incluido el aumento previsto del voto por correo, así como la forma de dirigir las campañas, incluso en las redes sociales». Una llamada de atención clara a estar vigilantes.
Como consecuencia del problema con el voto por correo, la OSCE hace esta propuesta: «Sobre esta base, la ODIHR NAM recomienda el despliegue de un Equipo de Expertos Electorales (EET) para las elecciones parlamentarias anticipadas de 2023». Pero precisa que «dada la cantidad de actividades simultáneas que tienen lugar con las elecciones en toda la región de la OSCE, el despliegue de un EET dependerá de la disponibilidad de recursos. La OIDDH también alienta a las autoridades a considerar las recomendaciones y cuestiones concernientes a sus informes anteriores que siguen sin abordarse».
Plazos ajustados
A pesar de esta cierta alarma, la OSCE señala que sus interlocutores en España «expresaron un alto nivel de confianza en la imparcialidad de los diversos organismos que administran las elecciones y su capacidad para organizar elecciones de manera transparente. Todos los interlocutores reconocieron la arraigada tradición democrática en España, sin embargo acogieron con beneplácito una evaluación externa y una posible actividad de observación de la ODIHR–OSCE como una forma de mejorar aún más el proceso electoral». Y aclara que «no se expresaron preocupaciones específicas con respecto al respeto de los derechos y libertades fundamentales, inscripción de votantes y candidatos, financiación de la campaña y la resolución en caso de disputa electoral».
Para llegar a estas recomendaciones, la OSCE subraya que «órganos de la administración electoral informaron a la ODIHR NAM sobre el aumento de la carga de trabajo como resultado de las modificaciones legales y la mano de obra adicional necesaria para gestionar el voto por correo eficientemente y en consonancia con los plazos legales, que algunos interlocutores consideraron demasiado ajustados».
Asimismo, «las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación de que la votación por correo no siempre es fácilmente accesible, ya que los votantes deben enviar su voto en persona a la oficina de correos y la información proporcionada por las autoridades en formatos accesibles es insuficiente».
