Cataluña intenta blindar a los directores de los colegios ante la posible llegada de Feijóo
El proyecto de decreto del Govern prevé sanciones a los docentes que incumplan con los planes lingüísticos
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. | Europa Press
El Gobierno de la Generalitat se prepara para tratar de esquivar el 25% de castellano en las aulas en caso de que el PP desbanque al PSOE en las elecciones y pueda conformar gobierno. Después de que el presidente de la Generalitat relevara hace un mes a Josep González-Cambray al frente de Educación, la nueva consejera del ramo, Anna Simó, ha dejado clara su intención de preservar el modelo de inmersión lingüística en catalán ante la «ola reaccionaria de la ultraderecha y la derecha».
La consejera ha hecho público este lunes el Proyecto de decreto de régimen lingüístico del sistema educativo con el que pretende, según sus propias palabras, «dar seguridad jurídica a los centros». En el texto se precisa que el Departamento de Educación «asumirá la responsabilidad legal» de los Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC) en lugar de las direcciones de centro. En un afán de evitar las injerencias de los tribunales, también establecen que los proyectos lingüísticos no se podrán cambiar a mitad de curso e identifican el catalán como «lengua normalmente empleada como vehicular». Otra de las medidas es la de que los docentes acrediten el C2 de catalán para poder opositar o ser interinos y en caso de que no cumplan con los planes lingüísticos de sus respectivos centros se podrán enfrentar a sanciones o a «responsabilidades disciplinarias» y «contractuales».
¿Cobertura a los directores?
Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE desconfían de que estas medidas sirvan para proteger a los directores de colegio si incumplen la legalidad: «Incluso si el Govern les defiende, el principio de indemnidad de los docentes, al que tienen derecho todos los funcionarios, no se ajusta a aquellas decisiones que vulneren las decisiones de la justicia», explican.
Se conoce como principio de indemnidad a los distintos mecanismos de protección del funcionario público que tienen como finalidad compensarle económicamente de cualquier perjuicio que pueda sufrir en el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo que desempeña. Pero no se ajusta en aquellas actuaciones donde hay sentencias condenatorias de los tribunales. En definitiva, y según estas fuentes, los directores de los centros no estarán protegidos por sus superiores políticos en caso de eludir decisiones judiciales que obliguen a adaptar el plan lingüístico. Y, en la misma línea, también los docentes que mantengan su observancia a la legalidad en contra del criterio de Educación podrán recurrir a eventuales sanciones.
A la espera del Constitucional
El temor a un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo es que actúe para preservar las sentencias judiciales que piden que el castellano no sea excluido del sistema educativo. El Gobierno de Pedro Sánchez dejó correr el plazo de dos meses y no impugnó el Decreto Ley 6/2022 y la Ley 8/2022 -elaborados en esta última legislatura con el fin de evitar el 25% de castellano- y que hubieran frenado de forma inmediata la aplicación de estas normas.
No obstante, ambas leyes fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por dos vías: un recurso de inconstitucionalidad planteado por PP y Cs, y una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJC. El Govern se mantiene a la espera de lo que dicte el Constitucional para «rearticular un modelo de defensa de la escuela catalana» ante los tribunales. Si tumba sus leyes, esperan que este nuevo proyecto decreto que están elaborando les permite seguir ganando tiempo.
Hasta ahora, cada vez que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado una sentencia contra un centro concreto por esta cuestión, el equipo directivo se veía con la obligación de modificar el plan lingüístico si sus miembros no querían ser inhabilitados para cargo público. Todos han cumplido. Incluso la escuela Turó del Mar, en Canet, que recibió el apoyo de todos los partidos independentistas y se manifestó en contra de la sentencia del TSJC en las puertas de centro, no pudieron evitar acatar la legalidad.
A raíz de ello, muchos docentes expresaron al anterior consejero de Educación su inquietud ante sus proclamas instando a desobedecer la justicia. Ahora, la nueva consejera busca proteger a los directores de los centros con este nuevo proyecto de decreto que responsabiliza a su Departamento de los planes lingüísticos.
A partir de este lunes, inicia el trámite de información pública de este decreto, que se extenderá hasta el 15 de septiembre, «para que todo el mundo pueda hacer sus aportaciones y que salga un texto robusto y consensuado», ha dicho Simó.
Este decreto se enmarca en el plan de fomento del catalán, en cumplimiento de la voluntad del debate monográfico de Educación, para que «el catalán sea un eje a partir del cual se vertebre el proyecto educativo» del centro, y desplegar el título segundo de la Ley de Educación de Catalunya (LEC).
