Díaz solo denunció el caso de pornografía infantil después de hacerlo los purgados de IU
La documentación desvela que Díaz acudió a los tribunales después de que lo hicieran otros dos afiliados a los que echó
Yolanda Díaz en un acto de campaña de Sumar. | Europa Press
La actual candidata a la presidencia del Gobierno por Sumar, Yolanda Díaz, presentó una denuncia sobre un caso sospechoso de pornografía infantil en una sede de Izquierda Unida en Ferrol dos días después de que acudieran a una comisaría dos excompañeros del partido, ahora purgados de la formación, que denunciaban el mismo caso. Los hechos se remontan a 2009, cuando se descubrió material pornográfico en un ordenador de IU. Díaz evitó llevar el caso ante los tribunales. Y lo hizo solo cuando supo que dos afiliados de la formación presentaron una denuncia de forma unilateral y ante la inacción de la cúpula local de IU, que controlaba Díaz. Esos afiliados sospechaban que el responsable era Ramiro Santalices, entonces mano derecha de Díaz en el ayuntamiento de Ferrol.
Uno de los leitmotiv de la campaña electoral ha sido la relación de los candidatos con la «mentira». Primero se cuestionaron los bandazos de Pedro Sánchez. Después, los datos esgrimidos por Alberto Núñez Feijóo. Y el pasado jueves, durante el debate de RTVE, Yolanda Díaz y Santiago Abascal se afearon mutuamente por el hecho de mentir. Abascal comentó el caso de Santalices, exasesor de cabecera de Díaz cuando dirigía IU en Ferrol y Santiago de Compostela, que acabó detenido por su vinculación con una red de pornografía infantil. «Yo le denuncié», repitió una y otra vez Díaz para negar las acusaciones. Pero la documentación que aporta este viernes en exclusiva THE OBJECTIVE desvela las contradicciones de la tesis de defensa de la candidata de Sumar.
El día 4 de febrero de 2009, dos militantes de IU, Mercedes Salvatierra y José Loureiro, acudieron a una comisaría de Ferrol para denunciar que habían encontrado material sospechoso de ser pornografía infantil en un ordenador del partido. Lo hicieron después de haber comentado internamente el asunto. Yolanda Díaz era concejala de IU en Ferrol y principal dirigente regional de la formación que lideraba Cayo Lara. Sus sospechas se dirigían hacia su asesor de cabecera, un amigo de la concejal desde la época universitaria.
Sede de IU en Ferrol
Explicaron haber encontrado de forma casual búsquedas de material pornográfico infantil, registradas en altas horas de la noche en un ordenador de una sede del partido, que se ubica en el centro de la ciudad de Ferrol, donde acudían los militantes y sus familiares, incluidos sus hijos. Según su tesis, tan solo un puñado de miembros del partido tenían acceso al terminal. Y el asesor y amigo de Díaz era el encargado de guardar las claves informáticas de los ordenadores (era el responsable de organización del Consello Local de EU-IU). Para ellos él era el principal sospechoso.
Las búsquedas en cuestión se habían detectado el día 2 de febrero y apuntaban, según la denuncia original a la que ha tenido acceso este diario, a la transcripción de textos como «kinder garten sexy» y «niñas jodiendo.com». Sin embargo, ante lo que consideraron una demostración de inacción por parte de la dirección regional de Díaz, Loureiro y Salvatierra acudieron de forma espontánea a la Policía. Lo hicieron después de pedir a su partido actuar, según el modus operandi que consideraron más oportuno. No obstante, entendían que Díaz estaba intentando ocultar el asunto, pues la concejal habló de hacer un peritaje interno (antes de acudir a la policía), realizado por un técnico que los denunciantes desconocían, y ante un halo de desconfianza y sospechas.
Solo después de su denuncia, que se registró el día 4 de febrero de 2009, Díaz reaccionó. El 6 de febrero, es decir dos días después de que lo hicieran sus afiliados, interpuso otra denuncia directamente ante el Juzgado de Instrucción Decano de Ferrol, tal y como se desprende de la documentación que desvela THE OBJECTIVE. Los dos militantes ignoraron durante todo el tiempo que existía otra denuncia, que, además, centraba más el tiro en una posible «difusión de falsas y graves acusaciones» contra IU, que en esclarecer si existía material pornográfico infantil en dicho ordenador.
«Difundiendo falsas acusaciones»
El documento oficial que Díaz presentó a través de su letrado al decanato de Ferrol recogía que «se ha tenido conocimiento de que desde fechas indeterminadas se están difundiendo falsas y graves acusaciones de hecho constitutivos de delito contra la organización política de Izquierda Unida, afirmando falsamente que en el ordenador de la sede política sita en la calle del Sol número 124-126 entresuelo izquierda de esta ciudad, existen archivos que pudieran estar relacionados con pornografía infantil». Y que «para el esclarecimiento de los hechos denunciados, pasa a aportar al Juzgado, con este escrito de denuncia, la CPU del citado ordenador, así como las copias del rastreo realizado en el mismo».
La denuncia de Díaz hizo que el juez abriera una investigación. Pero los dos militantes que habían llevado la cuestión a la comisaría fueron ignorados. Según afirman los aludidos, de hecho, no fueron siquiera llamados a declarar como testigos. Y el juez finalmente concluyó que, aunque en la caja negra del ordenador se detectaron pruebas de que alguien visionó material pornográfico infantil, era imposible comprobar quién era el culpable.
El asunto quedó así enterrado. Hasta una mañana de abril de 2016, cuando un grupo de agentes de la Policía Nacional entró directamente en el Parlamento gallego para arrestar de manera fulminante a Santalices. El investigado (después condenado) seguía ejerciendo de asesor de cabecera de Díaz, pero esta vez ya no en Ferrol sino en Santiago de Compostela, con una mesa en el mismo despacho de Díaz, que ejercía de coportavoz del grupo AGE.
«Siete años de sufrimiento»
Mientras el asesor de Díaz se libró durante años de la investigación en Ferrol y llegó hasta el Parlamento regional gallego, los dos miembros de IU que fueron los primeros en denunciar habían sido alejados de forma abrupta de la formación. El 16 de marzo, un mes después de presentar su denuncia ante la comisaría, IU, bajo el mando de Díaz, decidió anular su militancia. Tuvieron que romper su carnet de IU. Loureiro era un militante comunista desde la época franquista, con un pasado en las cárceles del régimen por las protestas de los astilleros. El asesor de Díaz, en cambio, seguía gozando de la confianza de la jefa.
Ellos fueron los que denunciaron lo ocurrido, primero dentro de la organización de IU y después ante las autoridades públicas. Y la documentación desvela que Díaz movió ficha solo dos días después de que ellos tomaran la iniciativa. Y lo hizo enfocando el caso sobre todo en la búsqueda de responsables por las «falsas y graves acusaciones» contra su partido. Aun así, en el debate del pasado jueves Díaz sostuvo haber sido ella quien destapó el caso. Y eso a pesar de seguir contando con su cargo de confianza hasta siete años después.
A lo largo de los últimos años, los militantes de IU purgados señalaron públicamente a Díaz por haber encubierto el caso de pornografía infantil de su hombre de confianza para que no le salpicara a nivel político. «Se perdieron siete años en los que hubo mucho sufrimiento, y hay responsables», declararon a La Voz de Galicia en 2016.
