Empleados de Industria acusan al Gobierno de convertir una agencia en un «chiringuito»
Varios trabajadores reprochan al Ejecutivo que nombre directivos en Enisa mientras se encuentra en funciones
El ministro de Industria, Héctor Gómez, en un Consejo de Ministros en julio. | Alberto Ortega (Europa Press)
«Colocar un directivo en una empresa pública cuando el Gobierno está en funciones es totalmente irregular y reprochable». La frase pertenece a un empleado de Enisa, una agencia dedicada a la financiación de proyectos empresariales que depende del Ministerio de Industria. Un grupo de trabajadores acusa al Ejecutivo de convertirla en «un chiringuito» colocando «compulsivamente» a personas cercanas a Moncloa. La última, hace apenas unos días. La Ley del Gobierno establece que el Ejecutivo en funciones no puede nombrar ni cesar altos cargos, pero excluye a dirigentes de empresas públicas.
Los empleados de Enisa se encontraron el primer día de agosto con un correo electrónico de Recursos Humanos para anunciarles la última incorporación. Rocío Castrillo Cancela llegaba del gabinete de la Presidencia del Gobierno. Asesoraba a Moncloa, un cometido que ha desarrollado durante dos años y nueve meses, según su perfil en LinkedIn. Formaba parte de la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
«Buenos días compañeros/as, os comunicamos que hoy se ha incorporado a Enisa Rocío Castrillo como directora de División de Empresas Emergentes. ¡Deseamos a Rocío todo lo mejor en esta nueva etapa», rezaba el email al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Lo recibió el más de medio centenar de trabajadores de la empresa pública. Su denuncia se suma al rosario de problemas que ha perseguido al ente en los últimos tiempos.
Cambios en el Gobierno
Castrillo es afiliada al PSOE. De hecho, ocupa el cargo de vicesecretaria General, Economía, Emprendedores, Autónomos y Fondos europeos en el PSOE de Colmenar Viejo. En la pasada legislatura fue concejal en este municipio madrileño, pero desapareció de la candidatura socialista del 28-M. Desde el departamento que dirige Héctor Gómez explican que Castrillo ha comenzado a trabajar en Enisa, pero no como directiva, y que el proceso de selección ha sido transparente.
Los empleados aseguran que el Gobierno ha convertido a la agencia en «un chiringuito» en los últimos meses. Señalan a una persona en concreto como responsable, Juan Ignacio Díaz Bidart, director de gabinete de la exministra de Industria, Reyes Maroto. Su salida para competir por la alcaldía de Madrid supuso la partida de Díaz Bidart, que fue nombrado director general de la Escuela de Organización Industrial (EOI) con un salario de 120.000 euros al año.
La intención inicial de Díaz Bidart era convertirse en secretario de Estado de Comercio, un movimiento que frenó Moncloa. En opinión de los trabajadores ha tenido «manga ancha» en Enisa ya que es el «gran protector» del consejero delegado de la empresa pública, José Bayón López. Los últimos nombramientos directivos, Juan Manuel Garrido como director de Operaciones y Jordi Garcia Brustenga de Fomento del Ecosistema Emprendedor, se hicieron a finales del año pasado desde el Consejo de Administración, que es quien tiene la competencia, especifican desde Industria.
«Ha contado con la connivencia de Díaz Bidart para ir haciendo y deshaciendo su voluntad absoluta ante el silencio del comité de empresa, al que compró convirtiendo a su presidente en personal fijo cuando antes era un trabajador eventual», explica un empleado de Enisa. E insiste: «Tampoco el Consejo de Administración, aunque disconforme con la marcha de la empresa, ha puesto peros».
Maniobras de Díaz Bidart
Un trabajador de la agencia pública explica que la designación de Maroto como candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid llevó a su jefe de gabinete a desplegar una operación para deshacerse de todos los altos cargos del Ministerio de Industria. «Cambió al secretario de Estado de Turismo, el de Industria y a su director general». Le falló la secretaría de Estado de Comercio. Se lo impidió Manuel de la Rocha (Secretario General del Departamento de Asuntos Económicos de Moncloa).
«En Enisa se ha realizado una operación de colocar compulsivamente en direcciones de nueva creación a amigos del propio Díaz Bidart, empezando por la secretaria general, María Teresa Jareño Macías, colaboradora imprescindible para darle apariencia de legalidad a las colocaciones», esgrime otro empleado de la empresa pública. Señala que en los últimos tiempos se han nombrado seis nuevos directores, «algunos de ellos con el Gobierno en funciones».
El artículo 21 de la ley del Gobierno establece que el Ejecutivo en funciones cuenta con un radio de acción acotado. Su gestión se limita «al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas». Esto supone que no puede nombrar ni cesar altos cargos, pero excluye a dirigentes de empresas públicas.
Los trabajadores de Enisa consideran que, aún así, el proceso es «reprochable». «Todos los procesos de selección han sido trufados. En todos se sabía quién iba a ser el candidato elegido antes de llevarlo a cabo y todos eran conocidos de Díaz Bidart», insiste otro empleado de la agencia pública. Acusa al sustituto de Maroto de conocer los problemas, «pero Gómez no ha venido a crearse problemas».
El ambiente en la empresa lleva años enrarecido. Algunos apuntan que la situación comenzó con la llegada de Bayón, poco después de la moción de censura que llevó al Gobierno a Pedro Sánchez en 2018. Como publicó Vozpópuli, un grupo de empleados denunció ante Maroto un presunto trato degradante a los trabajadores. El silencio de la ministra habría derivado en «una caza de brujas» cuyo objetivo sería desplazar a quienes se quejaron. Una inacción que atribuyen al omnipresente Díaz Bidart.
