Estas son las cuatro cesiones del Gobierno a los independentistas para presidir el Congreso
El impulso del catalán, la reapertura de una comisión sobre Pegasus o un grupo propio figuran entre los compromisos
La recién elegida presidenta del Congreso, Francina Armengol. | Europa Press
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha anotado un tanto este jueves tras atar los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para colocar a Francina Armengol al frente de la Mesa de la Cámara baja, lo que allana el camino hacia su investidura para ser reelegido presidente del Gobierno. Para lograrlo, ha sido imprescindible el respaldo de los partidos independentistas catalanes, Junts y ERC, que han concedido su apoyo a cambio de una serie de cesiones que pueden dividirse en cuatro apartados.
En primer lugar, el Gobierno facilitará que tanto Junts como Esquerra puedan disponer de grupo parlamentario propio en el Hemiciclo, lo que otorgará a estos dos partidos importantes beneficios en términos de financiación y visibilidad, ya que les permitirá formar parte de las comisiones. El reglamento del Congreso dictamina que para formar grupo se necesitan un mínimo de 15 diputados, o bien al menos cinco escaños siempre que se haya obtenido el 15% de apoyo en las circunscripciones donde una formación se haya presentado, o el 5% de los votos emitidos en toda España. Ninguno de los partidos catalanes -con siete diputados cada uno y una cifra inferior a ese umbral del 15%- cumplen con estos requisitos.
La segunda concesión pactada está relacionada con el impulso del catalán a nivel nacional y europeo. Por un lado, el Ejecutivo ha lanzado una petición formal a la Comisión Europea para que el catalán -junto al euskera y el gallego- sea considerada una lengua oficial en el seno de la Unión, una solicitud que requiere para ser aceptada de la unanimidad de todos los Estados miembros, por lo que se antoja difícil que termine haciéndose efectiva.
Asimismo, los socialistas se han comprometido al uso «inmediato» del catalán en el Congreso junto al resto de lenguas cooficiales del Estado, una medida que consideran que «es perfectamente legal» y no necesita «ninguna reforma del reglamento». La recién elegida presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol, ha manifestado esta promesa en un primer discurso ante el Hemiciclo con claros guiños a los independentistas.
«Quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, y la riqueza lingüística que suponen», ha aseverado Armengol antes de animar a todas sus señorías a «defender la democracia parlamentaria» y a «preservar y respetar la diversidad» que convive en el país y que las urnas «han llevado» hasta la Cámara baja.
Más allá de este compromiso, lo que todavía se desconoce es cómo se implementará este sistema. Muchos de los diputados no conocen ninguna de estas lenguas y no podrían comprender qué dice su interlocutor. Por ese motivo, queda pendiente conocer si la Cámara implementará un sistema de traducción instantánea o algún otro modelo.
Pegasus y «desjudicializar» el 1-O
Otro punto del acuerdo contempla la reactivación de la comisión de investigación sobre el caso Pegasus, que afectó a decenas de dirigentes independentistas que fueron espiados a través de sus teléfonos móviles, y otra sobre el atentado de las Ramblas y Cambrils, un asunto espinoso ya que esta reclamación responde a la tesis defendida por un sector del separatismo de que los servicios secretos españoles estuvieron detrás de los ataques, de los que este jueves se cumplen seis años.
Junts ha insistido en los últimos años en que hay pruebas e indicios que apuntan a la implicación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la gestión del crimen de origen yihadista, la principal de las teorías de la conspiración que han circulado entre los independentistas desde 2017. La Justicia ya determinó que no había tal vinculación.
Por último, el Gobierno se compromete a seguir avanzando en la «desjudicialización del conflicto político» entre Cataluña y el Estado con la meta de «continuar con el hecho de que la política impere por todas las vías legales», según ha compartido ERC a través de un comunicado, lo que podría abrir la vía a explorar una posible amnistía que libre de los tribunales a los 4.000 independentistas que aún tienen que responder ante la Justicia por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
