El PSOE ve innecesario reformar el reglamento del Congreso para usar las lenguas cooficiales
Los nacionalistas presionan para modificar el texto mientras que los letrados del Congreso admiten dudas en su encaje
Miriam Nogueras, de azul, junto a otros diputados de Junts. | Rodrigo Jimenez (EFE)
Como si del juego de la cuerda se tratara, los nacionalistas y los partidos del Gobierno mantienen un tira y afloja para encajar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Los primeros quieren brindarlo en el reglamento, que no hace alusiones al respecto. Los socialistas ven innecesario retocar el texto y recuerdan el precedente de 2005. Los letrados de la Cámara admiten dudas en su encaje, pero recomiendan regular la medida para que no cause indefensión a los diputados que desconozcan esos idiomas. La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, iniciará una ronda de contactos para saber la opinión de los grupos.
La expresidenta balear se comprometió el pasado jueves a permitir el uso del catalán, el gallego y el vasco en el Congreso. En su opinión, la Cámara está «obligada» a «reflejar esta pluralidad» para «acercarse mucho más a la España real, que es diversa». Un día más tarde enfrió la posibilidad de utilizar las lenguas cooficiales de forma inmediata porque la medida «tiene sus complejidades». El PP solicitará un informe a los letrados y no descarta emprender acciones legales.
«Tenemos que ver las posibilidades técnicas y la realidad de lo que tenemos en la Cámara», señaló Armengol este viernes a la Cadena Ser. El uso de las lenguas cooficiales supone un desafío logístico: desde traducir escritos a la interpretación simultánea de las intervenciones, lo que podría suponer un coste de un millón de euros. El compromiso sigue en vigor, pero la presidenta del Congreso afirma que antes de fijar un calendario y el procedimiento deben estudiar todos los escenarios.
La posición del PSOE
La intención de Armengol es hablar con los servicios técnicos de la Cámara, los grupos parlamentarios y saber qué hacen otros países para «cumplir ese objetivo lo más rápido posible». Entre los ejemplos fuera de nuestras fronteras se prestará especial atención a Suiza, donde las sesiones parlamentarias se desarrollan en cuatro idiomas: alemán, italiano, francés y romanche.
En cuanto al procedimiento a seguir en España hay disparidad de opiniones. Y eso, a pesar de que PSOE y Sumar acordaron con Junts «el uso del catalán en el Congreso con plena normalidad junto con el resto de lenguas oficiales en el Estado español de forma inmediata a partir del próximo pleno». Era el segundo punto del comunicado que publicó la formación independentista para anunciar su apoyo a Armengol.
«El uso del catalán es perfectamente legal, no necesita reforma alguna del reglamento y solo es un problema de voluntad política», insistían desde Junts. Sin embargo, esta y otras fuerzas nacionalistas han reconocido a THE OBJECTIVE la necesidad de modificar el texto, que en la actualidad no hace alusión al idioma que deben usar los parlamentarios. Temen que comiencen a utilizarse y se suprima en futuras legislaturas por no estar contemplado en la normativa.
El artículo 70 del reglamento alude a situaciones organizativas, pero no establece que los diputados deban utilizar un idioma concreto en la Cámara Baja. La única referencia aparece en el artículo 3 de la Constitución, que estipula la cooficialidad del catalán, gallego y el euskera en sus territorios. Sin embargo, no indica nada sobre su uso en las instituciones.
El precedente de 2005
El Senado los permite desde 2011, aunque solo en las mociones que se debaten en los plenos, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en las primeras palabras del presidente y en los escritos que dirigen los ciudadanos. La Cámara Alta destina a ese menester 355.000 euros anuales y tira de una bolsa de profesionales externos, ya que no dispone de una plantilla propia de traductores.
La opinión de los nacionalistas contrasta con la versión del PSOE, que considera que no es preciso reformar el reglamento del Congreso para permitir el uso de las lenguas cooficiales, aunque tampoco se opone. Fuentes parlamentarias socialistas afirman que el artículo 70 deja un vacío que permite desarrollar la medida, aunque defienden consensuarla con el resto de fuerzas.
Los socialistas esgrimen el precedente de 2005, cuando el entonces presidente del Congreso, Manuel Marín, permitió el uso de las lenguas minoritarias sin retocar el reglamento. El requisito era realizar una intervención breve y que el diputado en cuestión lo tradujese a continuación al castellano. «Supuso una innovación, el del compromiso de la autotraducción», insisten fuentes parlamentarias del PSOE. El proyecto apenas tuvo desarrollo porque Joan Tardá, de ERC, incumplió las condiciones.
Distintas formaciones trataron de modificar el reglamento en esa dirección en 2006, pero sin éxito. Un escenario que refuerza la tesis nacionalista. El texto ha sido modificado parcialmente en 15 ocasiones desde 1982, la última el año pasado, cuando se retocó el artículo 82.2 para permitir que los diputados puedan ejercer su voto a través del procedimiento telemático en casos excepcionales que impidan el desempeño de la función parlamentaria.
Reforma del reglamento
Para enmendar el reglamento es necesario registrar una iniciativa ante la Mesa del Congreso, que debe aprobar la solicitud por mayoría de dos tercios (principal escollo a salvar). A continuación, y según establece la disposición final segunda del texto, la reforma «se tramitará por el procedimiento establecido para las proposiciones de ley de iniciativa del Congreso. Su aprobación requerirá una votación final de totalidad por mayoría absoluta».
El uso de las lenguas cooficiales en el Congreso es una reivindicación histórica de las fuerzas nacionalistas. Sumar recogió el guante hace unas semanas y anunció que pediría la reforma del reglamento para que fuese posible. No obstante, modificarlo entraña un reto, ya que tiene diversas implicaciones legales y los letrados de la Cámara albergan dudas sobre su encaje.
El letrado de las Cortes Generales Manuel Fernández-Fontecha advierte de que el uso generalizado de las lenguas cooficiales en el Congreso necesita una regulación. En su opinión, no hacerlo afectaría a los diputados que las desconocen y ese hecho puede causarles indefensión, ya que necesitan comprender lo que se habla para garantizar el debate parlamentario.
«Evidentemente hay un derecho a utilizar la lengua cooficial, pero también hay un derecho a la comprensión de lo que se está diciendo», insistió el viernes Fernández-Fontecha en los micrófonos de RNE. Bajo esa premisa, si no se garantiza el derecho a la comprensión, «podría incurrirse en un defecto de procedimiento en cuanto a que no habría un debate propiamente dicho, porque hay una parte que no entendería a la otra».
