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El PP pedirá un informe jurídico para verificar la legalidad del uso de las lenguas cooficiales 

Los ‘populares’ recuerdan que Batet ya rechazó su uso por no tener encaje en el Reglamento de la Cámara

El PP pedirá un informe jurídico para verificar la legalidad del uso de las lenguas cooficiales 

Francina Armengol tras ser elegida presidenta del Congreso. | Eduardo Parra (Europa Press)

El uso de las lenguas cooficiales en el Congreso ha sustentado el acuerdo del Gobierno con Junts y ERC. Será la primera batalla que se libre en la recién constituida legislatura. La nueva presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha querido hacer de la bandera lingüística su seña de identidad pero la «pluralidad» que ha pregonado desde la tribuna ha levantado ampollas en el PP. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE avanzan que solicitarán un informe a los letrados de la Cámara para verificar la legalidad de la iniciativa

Armengol anunció que permitirá desde ya el uso de las lenguas cooficiales. El PP contrarrestará pidiendo un informe jurídico en la Mesa del Congreso, que celebrará este viernes su primera reunión. Las fuentes consultadas por este diario sostienen que será una toma de contacto y que no esperan que la expresidenta balear dé pistas del armazón jurídico con el que pretende darle cobertura.

Los populares entienden que se trata de una iniciativa «ilegal» que «no tiene encaje en el actual Reglamento del Congreso». Recuerdan que por ese motivo el uso de las lenguas cooficiales no se han permitido hasta el momento. En la pasada legislatura, la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ya rechazó una iniciativa que registraron los grupos nacionalistas. No obstante, el texto que rige el funcionamiento de la Cámara Baja no hace alusión sobre la obligatoriedad de usar el castellano.

La postura del PP

«Esto va de si es legal o no. Que alguien nos explique por qué lo que no era legal con Batet sí lo va a ser con Armengol», afirma un importante dirigente del PP. Las citadas fuentes adelantan que su intención es presentar la solicitud del informe jurídico en la primera reunión formal de la Mesa del Congreso, que se celebrará la próxima semana.

El uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja es uno de los puntos del acuerdo que han cerrado PSOE y Sumar con Junts para obtener el voto favorable de sus siete diputados para apoyar a Armengol. La nueva presidenta del Congreso ha hecho un guiño a los nacionalistas en su primer discurso público al asegurar que la Cámara está «obligada» a «reflejar esta pluralidad» para «acercarse mucho más a la España real», que es «diversa» y «está llena de colores y cargada de matices».

«Desde el respeto caben y se pueden defender todas las ideas, aceptar sin reparos la pluralidad de pensamientos e identidades que conviven en nuestro país nos enriquece», ha subrayado la expresidenta balear en su puesta de largo. En su opinión, el castellano, el catalán, el euskera y el gallego suponen «una riqueza» necesaria para «avanzar en este camino», por lo que ha animado a los diputados a «defender la democracia parlamentaria» y a «preservar y respetar la diversidad».

Junts ha defendido en un comunicado que «el uso del catalán en el Congreso con plena normalidad, junto con el resto de lenguas oficiales en el Estado español de forma inmediata, a partir del próximo pleno. El uso del catalán es plenamente legal, no necesita reforma alguna del reglamento y solo es un problema de voluntad política».

Acuerdo con Junts

La portavoz de la formación independentista, Míriam Nogueras, ya ha hecho uso del catalán para valorar la jornada parlamentaria de este jueves durante su comparecencia en la sala del Escritorio del Congreso. A preguntas de los periodistas en castellano ha respondido en catalán, algo inédito hasta ahora. También los portavoces de Bildu y PNV han echado mano de sus lenguas, aunque intercalándolo con el español.

El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont había pedido 24 horas de la transcendental votación «hechos comprobables» para que los diputados de Junts respaldaran la candidatura socialista a la Mesa de la Cámara Baja. A primera hora de este jueves, poco antes de comenzar la sesión parlamentaria, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, registraba en el Consejo Europeo una petición para que las lenguas cooficiales sean oficiales en las instituciones de la UE.

Esa maniobra supone que se comience a tramitar la solicitud, que se estudiará en un pleno del Consejo de Asuntos Generales de la UE el próximo 19 de septiembre, tal y como avanzó El Nacional. El proceso se desarrollará en plena presidencia española del Consejo Europeo.

El uso de las lenguas cooficiales en las Cámaras es una vieja aspiración de las fuerzas nacionalistas a la que se sumó hace unas semanas Yolanda Díaz. La líder de Sumar anunció a principios de agosto que su grupo iba a pedir una reforma del Reglamento del Congreso para que en ambas Cámaras se pueda hablar en las lenguas cooficiales. «Es un modelo que tiene encaje constitucional. Lo vamos a someter a debate». Un criterio que ha confirmado este jueves, tras la constitución de la Mesa.

El precedente del Senado

ERC consiguió sacar adelante una resolución para que el Gobierno promoviera el uso de las lenguas cooficiales en los órganos constitucionales en mayo de 2004 sin necesidad de modificar el reglamento. Un año más tarde el presidente del Congreso, el socialista Manuel Marín, puso en marcha un criterio flexible para su uso. Esa concesión se suspendió a las pocas semanas porque el diputado Joan Tardá no respetó el criterio de una intervención breve y su inmediata traducción al castellano.

Donde si es posible utilizar las lenguas minoritarias es en el Senado. Desde 2011 se utiliza en las mociones que se debaten en los plenos, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en las primeras palabras del presidente y en los escritos que dirigen los ciudadanos. Aunque la medida lleva en vigor más de una década, no existe aún una plantilla de traductores. La Cámara Alta tira de una bolsa de profesionales externos cuando lo necesita y dedica más de 350.000 euros anuales.

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