Puigdemont propone que los policías con juicios por el 1-O también entren en la amnistía

Junts per Catalunya ha puesto como línea roja para investir a Pedro Sánchez la promulgación de una Ley de Amnistía que beneficie a los «4.000 represaliados» que calculan que hay en el procés independentista. Pero en esta propuesta de amnistía en la que trabajan desde hace meses también incluyen, según explican fuentes de Junts a THE OBJECTIVE, a los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, para que se les anulen las causas pendientes en varios juzgados de Cataluña por su intervención durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

«El borrador que prepara el equipo jurídico desde hace tres meses incluye no solo a los policías sino a todos los que han estado involucrados en la represión… Una amnistía es eso, no es un bono de liberación para una sola parte, sino un tabla rasa», explican fuentes de Junts. 

45 agentes imputados y un centenar con causas pendientes

Desde el sindicato mayoritario de policía, Jupol, confirman a este periódico que en la actualidad hay 45 agentes de la Policía Nacional «imputados» por sus actuaciones en el 1-o en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona. Sin embargo, están pendientes de abrirse actuaciones contra otros agentes del Cuerpo, así como de la Guardia Civil, en otras provincias catalanas. No obstante, otras han sido archivadas y de momento no se ha producido ninguna condena contra el centenar de policías y guardias civiles investigados.

La causa que afecta a estos 45 agentes ha sido instruida por el magistrado Francisco Miralles por su actuación en 27 colegios durante la jornada de votación. En su sentencia interlocutoria, el juez considera que estos agentes habrían cometido delitos graves, como el de tortura y contra la integridad moral. Los centros más afectados habrían sido la escuela Mediterrània, el instituto Pau Claris, la escuela Ramon Llull o las Escuelas Pías de Sant Antoni. Para el magistrado, en esta última escuela la intervención policial fue «especialmente violenta y desproporcionada».

Evitar «errores técnicos»

La propuesta de amnistía de Junts, no obstante, no calcula el número de agentes que saldrían beneficiados: «No se trata de personas sino de hechos y de contexto. Si se hiciese algo nominativo sería un error técnico y se interpretaría como un indulto general. Además, si aún no se ha investigado muchos de los hechos vinculados con la represión, ¿cómo saber quiénes los cometieron? La idea de una amnistía es tabla rasa y para todos, otra cosa no es amnistía».

En la misma línea, creen que la sentencia del Tribunal Supremo en la causa del procés a los principales líderes independentistas, redactada por el juez Manuel Marchena, puede sostener esta propuesta bidireccional de la amnistía cuando se refleja que durante la votación del 1-O las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recibieron la orden de sus superiores jerárquicos de retirarse antes de que su actuación resultara desproporcionada.

En los años sucesivos al referéndum ilegal se han ido abriendo juicios por un supuesto «uso desproporcionado de la fuerza». Algunas sentencias se han archivado, pero otras siguen su curso y pueden mantenerse vivas durante años hasta llegar al Tribunal Supremo.

ERC, en contra de amnistiar a los policías

La propuesta de Junts representa una novedad respecto a la propuesta que ERC registró en 2021 en el Congreso. Los de Oriol Junqueras no quieren que también los policías se beneficien de esta medida, mientras que los de Puigdemont amplían el abanico e incluyen también el caso de Laura Borràs, condenada a cuatro años de cárcel por delito de prevaricación, delito continuado de falsedad en documento oficial y delito continuado de falsedad en documento mercantil. De acuerdo con Junts, para apoyar la investidura de Sánchez la amnistía debe cubrir a «todo el lawfare» que ha afectado a líderes independentistas y su entorno.

Por el contrario, ERC quiere que únicamente se beneficien de ella los independentistas con causas abiertas en los juzgados. Su propuesta contrasta con la que en su momento hizo la plataforma Amnistía i Llibertat -creada a resguardo de ERC- que también contemplaba aplicar esta medida a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que intervinieron en el 1-O.