Urkullu pide reinterpretar la Constitución para avanzar hacia un Estado confederal
El lehendakari pide otorgar «derecho a decidir» a Cataluña, País Vasco y Galicia y una «convención constitucional»
El lehendakari, Iñigo Urkullu. | H. Bilbao (Europa Press)
El lehendakari, Iñigo Urkullu, quiere que el próximo Gobierno impulse una «convención constitucional» para avanzar en un nuevo y «actualizado» modelo de organización del Estado y para dotar a País Vasco, Cataluña y Galicia la posibilidad de un mayor –y completo– «autogobierno». Así lo ha explicado en un artículo de opinión publicado en el diario El País, donde defiende la necesidad de ceder soberanía a estos territorios para darles incluso la «capacidad de decidir» sobre su propio futuro y condición, sin contar con el resto.
El mandatario autonómico defiende que, a su parecer, España se encuentra en una «encrucijada política» que requiere de una solución «flexible y creativa» que permita resolver los conflictos territoriales –que achaca a la Constitución de 1978, que no se diseñó, siempre según sus declaraciones, para atender a estas realidades políticas y que cuando pudo atenderlos se quedó a medio camino–. En ese contexto, reseña que los cambios esperados desde 1978 se quedaron en una «descentralización política y administrativa», pero no fueron más allá porque «no se descentralizó el poder judicial, no se quiso hacer del Senado una auténtica Cámara de representación territorial y se diseñó un Tribunal Constitucional como árbitro entre el Estado central y las comunidades» sin contar con estas últimas.
Para ello pide la celebración de esta convención constitucional –unas conversaciones entre las partes, pero solo aquellas con una «realidad histórica» y el todo– en un año, un plazo en el que la que España pase a definirse como una confederación. Previamente se deberían dar varios pactos que incluyan «principios como el cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada».
«A lo largo de estos años he compartido reflexiones y tratado de ofrecer respuestas constructivas a estas preguntas. Me he referido en diversas ocasiones a la ‘nación foral’, la ‘unión voluntaria’, el modelo de ‘federalización asimétrica’ o el ‘horizonte confederal del Estado’», relata el político del Partido Nacionalista Vasco. La última propuesta del lehendakari implicaría un cambio radical de la organización de España como país. La confederación implica la existencia de múltiples estados independientes que mantienen una serie de normas comunes y acuerdos que permiten una asociación, aunque no un mismo territorio nacional común. De esta forma, España, como país, quedaría desintegrado en varias realidades independientes.
Un PNV esencial
Urkullu defiende la necesidad de dar «nuevos pasos» en plenas negociaciones para la investidura de Alberto Núñez Feijóo (PP) y con la de Pedro Sánchez (PSOE) en la recámara por si la primera naufraga. Los nacionalistas vascos serán esenciales en ambos casos y sus diputados abrirán las puertas de La Moncloa a uno u otro candidato, aunque también cabe la posibilidad de que empujen a España a unas nuevas elecciones generales el 14 de enero de 2024.
El presidente vasco mantuvo una llamada con el presidente popular en la tarde del miércoles. A pesar del ambiente cordial entre ambos, Feijóo no pudo sacar del no a los jeltzales, que se niegan a participar en cualquier acuerdo en el que Vox esté presente al estar a las puertas de las elecciones autonómicas de 2024, en las que Bildu va por delante.
Ante los escollos que supondría una reforma constitucional por los pasos que habría que seguir en el Congreso de los Diputados y la llamada a las urnas, el lehendakari apuesta por una vía creativa en la que el Gobierno de España y los territorios «históricos» se reúnan en esta convención y decidan «reinterpretar» la Carta Magna. Urkullu considera que oponerse a este sistema es no atender la voluntad del «pueblo vasco» y promete que de darse cumplirían con lealtad, aunque exigen lo mismo al Estado.
«Debemos ser capaces de encontrar los mimbres constitucionales y legales pertinentes para dar forma jurídica a un nuevo pacto, utilizando la vía de la actualización de los derechos históricos, tal y como establece la disposición adicional primera de la Constitución», desarrolla.
