Moncloa dispara su optimismo tras escuchar a Puigdemont: «No quiere elecciones»
El Gobierno ve un discurso «light» y «posibilista» de Puigdemont y sostiene que «sigue siendo posible la investidura»
El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra Portavoz y de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez. | Carlos Luján / Europa Press
El Gobierno descontaba la dureza del discurso de Carles Puigdemont y asumía la «teatralidad» de su puesta en escena en el contexto previo a la celebración de la Diada. Pero en el Palacio de La Moncloa se respiró inicialmente con alivio y posteriormente con notable optimismo tras la esperada intervención del ex president catalán. En el núcleo duro de Pedro Sánchez exhibían incluso sonrisas tras una comparecencia que dejó buen sabor de boca, porque supo a poco. Pese a que Puigdemont fija en la amnistía una «condición previa a la negociación» y no el final de un proceso en el que no descarta un referéndum de autodeterminación, el Ejecutivo se aferró a que amnistía y referéndum no se conjugan a la vez: «No están ya en el mismo plano».
Según las fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE, Puigdemont protagonizó una intervención «posibilista», un discurso «light», que «nada tiene que ver con sus comparecencias de hace años». Y lo que es más importante, evidencia que «sigue siendo posible la investidura de Pedro Sánchez, porque no sube el precio» fijado en el mercado negro de la negociación que se mantiene en privado. «Lo de hoy era otro Rubicón y no se ha roto nada», explican desde Moncloa sin entrar en detalles. Pero existe una razón de peso que airea el Ejecutivo en privado: «Él no quiere elecciones» porque es precisamente con la negociación con lo que confían los neoconvergentes rentabilizar su nueva posición de fuerza frente a sus rivales de ERC.
El Gobierno se limita al trazo grueso. No entra en las pinceladas ‘menores’ del líder de Junts sobre la exigencia de un mediador con el Gobierno, el «reconocimiento de la legitimidad democrática del independentismo», el «abandono completo y efectivo de la vía judicial y admisión del referéndum» ilegal del 1 de octubre, que «no fue un delito como tampoco lo fue la declaración de independencia», y la línea roja de que la amnistía no equipare entre «víctimas y victimarios».
El ‘lapsus’ de Marlaska
Se trata de posiciones de cara a la galería en la pugna por el liderazgo en Cataluña, según Moncloa. «Ésos son sus objetivos, para esto está la negociación… Cada uno vende sus cosas como puede», explican desde un Gobierno que ya parece aceptar que, si bien no todas, sí hay muchas de las líneas antes rojas, que han comenzado a decolorarse y a asumirse por los negociadores gubernamentales. «Hoy no está más negro que ayer el acuerdo, pero el acuerdo sí es el escenario más probable frente a la repetición de elecciones».
En el Gobierno ya se han quedado viejos postulados como que «la amnistía es inconstitucional» y que «Carles Puigdemont debe rendir cuentas ante la Justicia» y se buscan puntos de encuentro en medio del camino. Quizás el de Puigdemont sea asumir «el sacrificio» para el ex president de quedarse en Bruselas, renunciar a retornar a España y que su negociación sirva para amnistiar los hechos del 1-O en una iniciativa sin alharacas y con mucho trazo fino jurídico. Porque, según fuentes gubernamentales, «existe jurisprudencia con la que cabría actuar en aras de la convivencia» que pregona la Constitución.
Esto vino a deslizar este martes el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ni siquiera el bloqueo de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este martes en Moncloa para evitar que el magistrado en excelencia Marlaska respondiera a la pregunta reiterada sobre el encaje de la amnistía en la Carta Magna impidió que el titular del ramo admitiera que «estudiamos todos los alcances con un objetivo concreto y claro de garantizar la convivencia». Rodríguez no le dejó terminar ni contestar a la siguiente pregunta: «Dejemos el debate jurídico para después».
¿Habrá movimiento de la Fiscalía?
Pero la consigna de Gobierno es el silencio y tampoco en privado se atreven a responder a la pregunta sobre el encaje constitucional de la amnistía, ni a ponerle letra a qué tipo de alivio penal están negociando, o qué quiere decir el presidente del Gobierno con «pasar página» del 1 de octubre y «dejar atrás la fractura que vivimos en 2017». La música que tararean es reconocible, pero la letra aún está en redacción, a la espera del trazo fino de los juristas, con el negociador letrado Félix Bolaños a la cabeza y la Abogacía del Estado y la Fiscalía a su disposición. Dos instituciones que este martes mencionó Puigdemont para exigir que el Gobierno mueva ficha sobre la amnistía antes de la investidura de Pedro Sánchez.
«Eso es imposible», replican desde el Gobierno ante lo endiablado de los plazos. Y acto seguido, recuerdan los tiempos en que Pedro Sánchez prometía que ambas instituciones actuarían para conseguir que Puigdemont fuera juzgado en España: «¿Y la Fiscalía de quién depende? Pues eso». Una de las frases más célebres, dos años antes de los indultos y uno antes de la despenalización del procés que supuso la reforma del Código Penal. Puigdemont pasa de ser uno de los espiados por Pegasus a ser el que marca los pasos al Gobierno. Porque la Fiscalía depende del Gobierno y el Gobierno depende de Puigdemont.
