Iceta avisó de que la amnistía es un proceso «extraordinario» tras un «cambio de régimen»
El ministro de Cultura reconoció hace casi un año que esta medida «borra los procedimientos penales»
El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, interviene en junio durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Foto: EP
El ministro de Cultura, Miquel Iceta, advirtió hace menos de un año, en octubre de 2022, de que la amnistía «es un procedimiento extraordinario cuando hay un cambio de régimen» y el país decide borrar los «procedimientos penales» para pasar página como ocurrió tras el franquismo. «No es el caso», dijo entonces cuando se le preguntó si la reforma de la sedición que en aquel momento se debatía en las Cortes podía ser considerada una amnistía.
En este sentido, Iceta negó que una eventual reforma de sedición pudiera ser vista como una amnistía encubierta y precisó que esto último es «un procedimiento extraordinario cuando hay un cambio de régimen y borra los procedimientos penales, no es el caso».
En aquel momento, el cambio en el articulado de la sedición polarizaba la política española. Así, subrayó que esto último se trataba de una reforma del Código Penal que saldría adelante en el Parlamento si se alcanza una mayoría. Preguntado si lo tenía, respondió: «Cuando la tenga, se lo diré. Estas cosas hay que verificarlas en la práctica. El día en el que en el Congreso haya una propuesta que concite el apoyo mayoritario, ese día podremos confirmar que existe una mayoría y se produce una reforma a la que nos hemos comprometido».
Voces en el PSOE que lo ven inconstitucional
En los últimos días han sido varios los políticos del PSOE que han opinado que la amnistía es inconstitucional. Es más, incluso la Mesa del Congreso, bajo la presidencia de Meritxell Batet, vetó la amnistía en marzo de 2021. Ahora la ley de amnistía vuelve a estar sobre la mesa después de que Junts haya exigido dicha norma como requisito para propiciar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
La declaración de la ley de amnistía como inconstitucional viene de lejos. En noviembre de 2019, apenas una semana antes de la celebración de las primeras elecciones generales en las que Pedro Sánchez ganaría los comicios, los independentistas catalanes propusieron por primera vez la amnistía como solución para sacar de las cárceles a los líderes separatistas, que en aquel momento se encontraban en prisión. La respuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue contundente: «Todas las pretensiones que se formalicen tienen que ser en el marco de la Constitución y de la ley. No está reconocida».
Después de eso, varios miembros del Gobierno se pronunciaron de manera similar. La exvicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, fue rotunda en abril de 2021 al afirmar en el Senado que la amnistía «no es planteable en un Estado constitucional y democrático», porque sería «suprimir el poder judicial».
El exministro de Justicia y actual magistrado progresista del Constitucional, Juan Carlos Campo, afirmó en 2021 en el programa Al Rojo Vivo (La Sexta), en referencia al referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017, que la amnistía «no cabe en la Constitución». Lo aseveró solo un día después de que el Ejecutivo aprobase los indultos a los presos del procés, el 22 de junio de 2021. Dos semanas después, Sánchez le destituyó.
La Mesa del Congreso vetó la amnistía en 2021
Fue el 23 de marzo de 2021 cuando la Mesa del Congreso se reunió para decidir sobre la admisión a trámite, o no, de la proposición de ley orgánica de los grupos parlamentarios de ERC y Plural (Junts, la CUP y el PDeCAT) de Amnistía y resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español.
Previamente, la Dirección de Asesoría Jurídica del Congreso había realizado un informe en el que aconsejaba inadmitir a trámite dicha proposición de ley, puesto que los letrados consideraron que se trataba de un «indulto de carácter general» camuflado y que, por tanto, era contraria al artículo 62 i) de la Constitución. De esta manera, la reunión acabo con el resultado ya conocido: la proposición de ley fue vetada con los votos del PSOE, PP y Vox. Solo los dos representantes de Unidas Podemos votaron a favor de dar luz verde a su tramitación.
Según señala El Debate, que ha accedido ahora al acta de aquella reunión, el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, mostró su total conformidad con el informe jurídico, en nombre del PSOE. Además según señala el mismo medio, el secretario general del Congreso, Carlos Gutiérrez Vicén, cargó duramente contra la proposición de ley: «Con independencia de cómo se titule y del objetivo de la proposición de ley analizada, ésta contiene en sí misma todos los elementos de un indulto de carácter general. A este respecto ha de recordarse que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 i) de la Constitución, no caben en nuestro sistema constitucional los indultos generales».
