El PSOE acepta celebrar un pleno exprés para tramitar la amnistía antes de investir a Sánchez
Socialistas y morados trabajan en la presentación de una proposición de ley que se aprobaría en un mes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | La Moncloa
No sólo se aprobará una ley de amnistía, sino que se hará por la vía de urgencia. PSOE y Sumar pretenden tomar el atajo de la proposición de ley para aprobar estas nuevas medidas de gracia al independentismo como moneda de cambio para la formación de un nuevo gobierno. Como ya adelantó THE OBJECTIVE, el objetivo de los socios de la coalición es que se debata en un pleno en el Congreso de los Diputados, lo que se rechazó en 2021 con el informe en contra de los letrados. Pero la novedad radica en el camino escogido, la iniciativa de los grupos parlamentarios, que permite la vía de urgencia y sortear los informes de los órganos consultivos (Consejo de Estado, Consejo Fiscal y CGPJ), para acortar a la mitad los plazos previstos y cumplir con las exigencias temporales de Carles Puigdemont: que la amnistía se apruebe antes de la investidura de Pedro Sánchez.
Según las fuentes gubernamentales y parlamentarias consultadas por este periódico, en las conversaciones que mantienen en privado y en secreto los socios de la coalición, el PSOE se ha mostrado favorable a que este pleno exprés se celebre antes de la investidura, cumpliendo con el primero de los pasos de su tramitación parlamentaria, el de la toma en consideración. A partir de ahí, quedaría un largo camino hasta su aprobación definitiva en el Parlamento, pero PSOE y Sumar confían en que la admisión a trámite de la norma sea suficiente para que Junts dé el visto bueno para investir a Pedro Sánchez.
Según fuentes gubernamentales y parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE, PSOE y Sumar coinciden en aceptar la exigencia de Carles Puigdemont en el qué y en el cuándo, y se han mostrado partidarios de que la amnistía sobre los delitos relacionados con el 1 de octubre de 2017 se apruebe antes de la investidura. Para ello, los dos partidos que integran la coalición de gobierno deben ponerse de acuerdo en cómo dotar de contenido a la misma. Fuentes de la negociación sostienen que se abordará «sin tapujos ni eufemismos», utilizando como guía las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado lunes en su apertura de curso en el Ateneo de Madrid: valentía, coherencia y audacia.
Amnistía «sin tapujos» y «no selectiva»
«Sin temor», verbalizó Sanchez tras abogar por «pasar página» del 1 de octubre. Los negociadores socialistas no son partidarios de esquivar las cuestiones polémicas. Por parte del Gobierno «se habla abiertamente de una amnistía» y que sea «total, no selectiva». Se refieren a la posibilidad, reclamada por Puigdemont, de que pudiera solo beneficiar a una parte, los 4.000 encausados del procés, y no a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Esto no es asumible», explican desde PSOE y Sumar: «Puigdemont tendrá que abandonar esa posición porque no aceptaremos una amnistía selectiva, que sólo beneficie a los suyos».
De momento, «no hay papeles», sólo compromisos y voluntad política para avanzar en esta dirección a sabiendas de que el factor tiempo es fundamental. De ahí que el segundo punto de consenso, más allá del qué, sea el cómo: la tramitación de una iniciativa conjunta de PSOE y Sumar que se registre en el Congreso de aquí a pocas semanas para que empiece su tramitación en el Congreso de los Diputados. El primer paso sería pasar el filtro de la Mesa del Congreso. Una batalla fundamental habida cuenta de que la amnistía ya fue rechazada por el órgano rector de la cámara hace dos años, con Meritxell Batet en la presidencia del Congreso, y como recordó este diario, con el informe de los letrados en contra por tratarse de una «iniciativa inconstitucional».
Por ello, en lo que trabajan actualmente los negociadores es en lograr superar ese primer obstáculo, con el trazo fino de un grupo de expertos juristas que estudian las posibilidades de actuar conforme a la Carta Magna. Desde Sumar llevan semanas asegurando que «la amnistía sí cabe en la Constitución», postulado que defiende con vehemencia la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Y, en privado, el Gobierno admite que «hay jurisprudencia para actuar en aras de la convivencia que emana de la Constitución». De ahí que el ministro del Interior y juez en excelencia, Fernando Grande-Marlaska, deslizara que el Ejecutivo «estudiamos todos los alcances para garantizar la convivencia».
«Reciprocidad» y compromiso independentista
El mutismo y el secretismo es total en el Consejo de Ministros, donde transmiten la sensación de dejar hacer a los negociadores. El giro de 180 grados de Moncloa es no descartar una amnistía que antaño rechazaban abiertamente por ser inconstitucional. La amnistía forma parte de la negociación, a diferencia del referéndum de autodeterminación. Éste es uno de los ‘logros’ de los que sacan pecho en el Ejecutivo, mientras exploran otros elementos que puedan servir de compensación a sus cesiones.
Se habla de «reciprocidad» en los acuerdos y que Junts y ERC «asuman también su parte», alguna forma de compromiso de los independentistas de abandono explícito de la vía unilateral, desterrando de su discurso el ya mítico «lo tornarem a fer» («lo volveremos a hacer»). Otra de las coartadas de la amnistía será poner el foco en la transversalidad de los beneficiarios, obligando a rebajar las posiciones maximalistas de Puigdemont en relación a la inclusión de los policías entre los amnistiados, que el líder de Junts rechazó por equiparar a «víctimas y victimarios». Desde Interior mantienen la exigencia de que la eventual paralización del procesamiento a los policías que intervinieron el 1-O en Cataluña tendrá que ir acompañada de una defensa de su labor por actuar «defendiendo el Estado de Derecho».
El pleno exprés
La redacción de esa letra pequeña es clave para superar la barrera de la Mesa del Congreso, con mayoría progresista de 5 a 4, pero que pondría en aprietos a la recién estrenada presidenta del Congreso, Francina Armengol, si el informe de los servicios jurídicos del Congreso no es favorable a que el texto llegue al pleno de la Cámara baja. Si ello se lograra, el resto del camino estaría hecho, pues dependería de la Presidencia la convocatoria de un pleno exprés para dar trámite a la proposición de ley.
Los proponentes descuentan que esa solicitud incluirá la solicitud de la vía de urgencia, que permitiría acortar a la mitad los plazos previstos y debatir la toma en consideración de la norma en el plazo de un mes. A contrarreloj, dado que la intención de Pedro Sánchez es superar la investidura a mediados o finales de octubre. Es el ajustado calendario de la hoja de ruta de Pedro Sánchez para lograr iniciar su segundo mandato en el Palacio de la Moncloa de la mano de un Frankenstein ampliado.
